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Brigadistas de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) presentaron una denuncia por robo y amenazas contra promotores del PAN que los atacaron en un recorrido por el municipio de Puebla.
Ricardo Huallpara Ticona, coordinador de brigadistas de la campaña del frente lopezobradorista por el Senado de la República, aseguró que los agresores balearon propaganda que habían colocado en la vía pública, para amedrentarlos.
Además, robaron un vehículo y publicidad de Alejandro Armenta Mier, quien encabeza la fórmula de Juntos Haremos Historia a la Cámara Alta del Congreso de la Unión.
Muestran imágenes del uniformado con los colores del PAN
Como prueba de que el PAN estuvo involucrado en la agresión, Huallpara entregó a La Jornada de Oriente imágenes que captó una cámara de seguridad del robo, donde se observa a un hombre con la vestimenta que describió, quien lleva un objeto en la mano izquierda que se asemeja a una pistola.
El asalto se perpetró en una vivienda que pertenece al coordinador de brigadistas de Armenta, la cual se encuentra localizada en la colonia San José Mayorazgo, al sur de la metrópoli.
De acuerdo con los datos que proporciona el video, el robo se registró a las 14 horas con 30 minutos del sábado pasado, 26 de mayo.
Ricardo Huallpara presenta denuncia ante la FGE
Ricardo Huallpara dio a conocer que presentó una denuncia de los hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) que se asentó en la carpeta de investigación 8040/2018/ZC.
El coordinador de brigadistas de Alejandro Armenta en el municipio de Puebla consideró que la indagatoria no prosperará, debido a que la FGE tiene la consigna de perseguir al candidato a Senador por ser incómodo al ex gobernador del PAN Rafael Moreno Valle Rosas, quien es esposo de Martha Érika Alonso.
Indicó que otro de los bienes que hurtaron los agresores fue un automóvil que le pertenece, el cual se encontró horas después en la unidad habitacional La Margarita sin la llanta de refacción y con las ventanillas rotas.
Anotó que el vehículo se encuentra en poder de la FGE, la cual se ha rehusado a devolvérselo bajo el argumento de que el marco normativo exige cumplir con un proceso de devolución que exige más de ocho días.