¿Pacificación? ¡Queremos paz, queremos justicia!

cortesía: lajornada

Los regímenes autoritarios del mundo y en particular los de América Latina han utilizado el nombre de pacificación para la estrategia combinada de fuerza y control sobre la población, luego de una crisis política, el ascenso de la insurgencia popular o la presencia de violencias “ilegales” que amenazan la seguridad del Estado.

En el México de estos días, el término pacificación es parte del proyecto del que será nuevo gobierno a partir del próximo 1 de diciembre presidido por Andrés Manuel López Obrador. Los aspectos que contiene según lo anunciado son posibles amnistías, instalación de comisiones de la verdad para casos especiales, mantener un mando único policíaco, presencia de un fiscal propuesto por el nuevo presidente, creación de guardia nacional, debate sobre la legalización del consumo de algunas drogas y su posible producción y comercio regulados por el Estado, y el establecimiento de acuerdos fronterizos de seguridad tanto con los gobiernos de Estados Unidos como con los del triángulo norte de Centroamérica.

Pareciera ser un cambio en alguna medida importante frente a lo ejercido por lo menos en los pasados dos sexenios, el del panista Felipe Calderón y el del priista Enrique Peña Nieto, ambos responsables de una intensa y amplia guerra contra el pueblo, disfrazada primero de guerra contra las drogas y luego como guerra al crimen organizado. La consideramos guerra contra los pueblos por sus resultados en 12 años: 200 mil muertos, casi 40 mil desaparecidos 35 mil desplazados forzados, homicidios crecientes, ejecuciones extrajudiciales masacres y fosas clandestinas.


La situación es dominada por un abanico muy diverso del negocio sostenido del crimen que va del narco tráfico a la trata y tráfico de personas, de la venta de órganos humanos, el saqueo de zonas arqueológicas, el huachicol para extraer gasolina y gas, al robo a ferrocarriles de carga y al despojo de recursos del agua, la tierra y el aire de las comunidades. Un negocio afirmado por las empresas vendedoras de armas, banqueros que lavan el dinero y trasnacionales que utilizan militares y paramilitares (del narco o sicarios de políticos) para invadir y despojar a los territorios de los pueblos con violencia.

Violencia que alcanzó a hombres y mujeres de todas las edades, que sacrifica a periodistas, defensoras de derechos humanos, luchadores sociales y población inerme de las comunidades rurales indígenas y mestizas, a los barrios urbanos, las escuelas, los centros de trabajo y las calles. Violencia que acompañan como testigos, cómplices, pero también como asesinos miembros del ejército, de la marina, de la policía federal, las estatales y municipales y muchísimos grupos de paramilitares de dentro o fuera de las instituciones, incluso muchos pagados por grupos empresariales como sucedía con las guardias blancas  o “brigadas de limpieza social”.

México está convertido en un campo de terror y de guerra.  La respuesta del Estado y de los poderes del dinero ha sido una ley de seguridad interior, aún no validada por la Suprema Corte de Justicia, pero aplicada en los hechos junto a las muchas leyes y normas represivas y simulaciones de justicia con las que han pretendido ocultar  tanta sevicia, negando fosas, cárceles atestadas y desapariciones por la fuerza, así como impidiendo la búsqueda de la verdad y la justicia.

Y de este tejido de violencia institucionalizada poco o nada se dice por el equipo de las próximas secretaria de gobernación, de seguridad y por quienes trabajan para renovar las procuradurías.

Lo que no se dice también cuenta

La pacificación entonces: ¿romperá la cadena del plan Mérida, así tenga otro nombre, reforzando la línea de seguridad nacional que Estados Unidos ha dispuesto para su dominio geoestratégico?  ¿Está por venir la fase de cumplimiento (aunque sea recortado) de la Ley de Seguridad Interior? ¿Continuarán militares y marinos en calles y caminos? ¿Habrá cambios para que no se deporte a migrantes o se ayude a que lo siga haciendo el gobierno racista de Estados Unidos? ¿Seguirá la impunidad y el ocultamiento de la verdad ante desapariciones, ejecuciones y masacres de luchadores y defensores sociales? ¿Seguirá el feminicidio y el racismo como violencia normalizada por el sistema?

Si no hay  justicia no habrá paz y, la violencia  tendrá el rostro de una pacificación que calme, controle o reprima primero a los pobres y nunca a los criminales del poder.

Si el terror que aplican los de arriba permanece, si no se castiga a sus responsables y se arranca su raíz capitalista, patriarcal y racista, el pueblo en cualquiera de sus expresiones organizadas tendrá que tomar la legítima decisión de protegerse, resistir y rebelarse.

Cambios reales desde abajo y hasta las últimas consecuencias

Por Alberto G. López Limón

En la historia de nuestro país los grandes procesos revolucionarios, antecedidos de batallas democráticas impulsadas por diversos grupos sociales, han enfrentado al sistema capitalista. Algunos de una forma pacífica y otros violentamente, pero lo que hace de un movimiento su fortaleza, muchas veces en la derrota y aparentemente aniquilado, es su potencialidad, su capacidad de respuesta y propuesta organizativa, así como el ejemplo de combatividad ética ante la adversidad.

Los ricos, los que han entregado nuestro país al extranjero, los que se disponen siempre a remendar aliándose hasta con el diablo para que nada cambie, hacen todo lo posible para que el pueblo desconozca sus experiencias, pierda la memoria de los resultados de sus enormes esfuerzos de unidad e intentos de cambiar el rumbo del país por una sociedad socialista, y han pretendido negarnos el derecho a organizarnos de manera rebelde y revolucionaria. Todo lo que no entra en su esquema “pacifico” o de “pacificación” para ellos es ilegal, violento, pernicioso, aniquilante.

Vemos al movimiento popular siendo lastimado todos los días. Se continúan con los asesinatos de periodistas para acallar sus críticas, sigue agrediendo a los defensores de los recursos naturales de los pueblos y persiguiendo a los movimientos de resistencia popular.

Las recientes elecciones dan muestra de cómo se satanizó e incluso se asesinó a los candidatos y como se agrede ahora a los electos que se auto definen como de izquierda, aunque sus prácticas no salgan del esquema legal del sistema que impone una constitución que, por mandato de “todos los que gobiernan”, niega el derecho del pueblo a la rebelión, a pesar de que  ese derecho humano es plasmado en el artículo 39.

La lucha por la unidad del movimiento rebelde y revolucionario no ha sido sencilla. No se trata de la lucha exclusiva por definir cuál será la vía de la toma del poder, no sólo del gobierno. Si será por métodos pacíficos o violentos. Plantear el problema tradicionalmente desde este punto de vista ha dividido y debilitado a las fuerzas democráticas y potencialmente revolucionarias, pues cada bando se abroga el derecho a la verdad y certeza y, bajo una herencia vanguardista y con estilos de caudillo, se auto señala como “el verdadero” movimiento y “único” continuador de la lucha revolucionaria, transformadora.

No se busca construir los acuerdos en el seno del pueblo organizado, en lo común de las luchas, en la definición de los objetivos a largo plazo de las fuerzas sociales dispuestas al cambio. Se habla sólo de lo que se puede o no realizar entre las “vanguardias”, los jefes y los partidos y sus aliados de ocasión, esos ricachones quienes  son los que  reorganizan su mando de los procesos llamados de “cambio”.

Se ha olvidado la ética popular. No importan los acuerdos enraizados en la conciencia crítica del pueblo, solo el “triunfo” como sea, aliándose con quien se interese en ganar una parcela del poder, no en obedecer al pueblo que lucha y se organiza para cambiar la vida construyendo desde abajo y hasta las últimas consecuencias otro poder.

La única forma de revolucionar el país es con la lucha sostenida por los trabajadores del campo y de las ciudades, indígenas y mestizos organizados para auto determinar su vida, aboliendo la explotación del trabajo asalariado, cambiando radicalmente las relaciones de producción, colectivizando los medios de producción y distribución y desapareciendo el patriarcado, el racismo y la depredación de la naturaleza. La emancipación viene desde abajo.

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