Otoño escarlata

Hace cerca de medio siglo el Ejército mexicano perpetró atroces actos de barbarie en contra de población indefensa, que no hacía más que exigir sus derechos constitucionales: el letrado Ejército asesinó a medio millar de estudiantes en la plaza de Tlatelolco, en la ciudad capital detuvo a 5 mil manifestantes e hirió a 700, estas cifras varían según las fuentes, no tuvimos la oportunidad de defendernos, menos aun de cuantificar el daño infligido. Una semana antes de este trágico suceso la fuerza castrense había dejado los campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) donde había entrado el 18 y 24 de septiembre, respectivamente.

El otoño de 1968 fue el más escarlata del último siglo. Las voces, vidas y dignidades de muchos fueron arteramente masacradas por los milicos, los mismos que tienen como tarea defendernos y protegernos de actos bélicos. En menos de un trimestre, una gresca estudiantil (Vocacional 2 del IPN y preparatoria Isaac Ochoterena incorporada a la UNAM) motivada por un encuentro de futbol americano devino genocidio, y hasta la fecha no han sido castigados sus autores intelectuales y materiales. El encuentro de futbol americano entre la UNAM y el IPN era un clásico; en 1967 la UNAM venció al Instituto Politécnico Nacional (Burros Blancos) por un marcador de 36 a 0 en el Palacio de los Deportes, y por ese tiempo era frecuente recordárselo a la comunidad politécnica en cualquier contienda deportiva. Una riña banal de púberes el 22 de julio de 1968 fue violentamente sometida por la policía de la Ciudad de México y, en menos de 100 días, culminó en masacre, hubo muchos catalizadores en ese movimiento, sobre todo del Palacio de Cobián.

El pliego petitorio de los estudiantes exigía la libertad de los presos políticos, destitución de los oficiales responsables de los actos represivos contra los estudiantes del IPN y de la UNAM (Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiola y Armando Frías); la desaparición del cuerpo de granaderos; la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código penal; indemnización a los familiares de los estudiantes golpeados y deslinde de responsabilidades. Esas demandas fueron desechadas, y ante la creciente movilizaciones y ampliación del movimiento –se integraban otros sujetos y agrupamientos gremiales y políticos– el ejército violenta la autonomía universitaria después de la marcha del silencio (13 septiembre) y detiene a los estudiantes que ahí se encontraban.


Los reprimidos de hace medio siglo creíamos que esos actos de barbarie no se repetirían en el México globalizado y de la alternancia política; nos equivocamos: hace apenas dos años, el Ejército mexicano asesinó a 22 personas en Tlatlaya, estado de México, 15 de ellos fueron ejecutados, y también hace un par de años, el 27 de septiembre, policías de los tres niveles de gobierno mataron a nueve personas, desaparecieron a 43 jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero e hirieron a 43 personas. Apenas hace tres meses 800 policías federales y estatales arremetieron contra avencidados de Nochixtlan, Oaxaca, mataron a ocho e hirieron a más de 100; el delito de los reprimidos fue apoyar al magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que exigen el respeto de sus derechos laborales. Matar a ciudadanos desarmados se ha vuelto una práctica de tiro al blanco de los cuerpos de seguridad pública y del ejército. Contra estos actos inhumanos, propios de clanes y no de sociedades civilizadas, exigimos justicia, descriminalización de la protesta social y respeto a la dignidad de las personas y a su integridad física.