Docenas de automovilistas han sufrido en los últimos días el martirio de tardar horas para poder verificar sus automotores, ante las enormes filas que hay para ese trámite y los actos de corrupción que se han multiplicado en torno a esa actividad, situación originada por la decisión del gobierno del estado de mandar a clausurar desde hace más de un mes casi la mitad de las estaciones que brindan dicho servicio.
Nadie se opone a que los establecimientos de cualquier ramo comercial o de servicios sean objeto de revisiones, pero sobre todo sanciones cuando cometen abusos, pero en el caso de los verificentros no se percibe que las clausuras, producidas durante los meses de marzo y abril pasados, sean producto de revisiones escrupulosas por parte de la autoridad.
En torno a la decisión de mandar a cerrar 43 centros de verificación se perciben abusos y posibles actos de corrupción de la autoridad encargada de aplicar las auditorías, en este caso la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT), ya que las sanciones se han dado solamente contra ciertos propietarios, sin importar que todos los dueños de concesiones han incurrido en las mismas faltas, las cuales no son imputables a ellos, sino a funcionarios de la SDRSOT que no les refrendaron las licencias de funcionamiento, sin sustento.
Hasta ahora el gobierno no ha producido información precisa sobre el tema, lo cual hace creer las versiones de que las clausuras son para despojar las concesiones a unos particulares y favorecer a otros, ligados a funcionarios del Poder Ejecutivo.