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Organizaciones sociales de la Sierra Norte y la Mixteca del estado de Puebla se sumaron a la exigencia de la destitución del presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla (CDH), Adolfo López Badillo, por omisiones en la protección de las garantías fundamentales de la población.
El activista Gerardo Pérez Muñoz informó que solicitarán al Congreso del estado que López Badillo sea sujeto a juicio político por su omisión en graves violaciones a los derechos humanos durante el sexenio del panista Rafael Moreno Valle, como fue el caso del niño José Luis Tehuatlie, quien fue asesinado en 2014 por la policía estatal en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan.
Los agraviados también reclamaron la destitución de los integrantes del Consejo Ciudadano del CDH por complicidad con el régimen de Moreno Valle.
La petición se suma a la presentada en la segunda semana de diciembre al Congreso del estado; sin embargo, dicha petición también será turnada al presidente Andrés Manuel López Obrador.
En dicha demanda, compuesta por cinco puntos, se exige el respeto irrestricto a los derechos humano, así como la inmediata destitución de todos los miembros del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por ser obsecuentes en la violación a las garantías.
Las organizaciones sociales firmantes también solicitaron al Poder Legislativo de Puebla la modificación de la Constitución de Puebla para que las recomendaciones de la CDH sean vinculantes y se protejan debidamente a los defensores del territorio, estableciendo medidas cautelares.
También manifestó su más profundo rechazo al nombramiento del “represor morenovallista” Luis Maldonado Venegas, como jefe de la Oficina de la Secretaría de Educación Pública federal (SEP), bajo la titularidad de Esteban Moctezuma Barragán.
Las demandas fueron resultado del Foro “¿De qué derechos nos hablan?”, en el que sus participantes señalaron que prefieren la vida y la dignidad humana, pero no más violencia, persecuciones políticas en Puebla ni en México.
A nivel nacional y local, las organizaciones de la sierra poblana denunciaron que hay una violación sistemática de los derechos humanos, tras advertir que esta situación continuará con el “reinado” de Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa de Moreno Valle.
Alertaron que “es muy probable que en Puebla se recrudezcan algunas formas muy sutiles de represión en contra de los defensores sociales”.
El presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez López, argumentó que hay un saqueo de los recursos naturales en aras de mejorar servicios, pero esto violenta la base fundamental de la Constitución.
En ese sentido, señaló que la concesión de estos recursos vulnera las garantías individuales.
El activista expuso que los llamados “proyectos de muerte” causan afectaciones al ambiente y las personas, lo cual es motivo de alarma, así como la persecución política, las ejecuciones extrajudiciales y romper la “base ancestral del tianguis”, beneficiando a grandes supermercados que compran a bajo costo y pagan poco a sus empleados.