El presidente de la mesa directiva del Congreso local, José Juan Espinosa Torres, denunció que el gobierno de Puebla amenaza a 100 de los 217 municipios con retirarles los operativos de seguridad pública del estado, de no entregarle un porcentaje de los recursos federales que manejan.
Acompañado por la presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, estimó que pretende retirarles al menos 300 millones de pesos del ramo 28 de participaciones y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).
Calificó los hechos como un acto de irresponsabilidad, pues el incremento de los delitos y la violencia en la entidad federativa exigen la colaboración de todos los órdenes de gobierno para enfrentarlos.
En conferencia de medios en el palacio legislativo, Espinosa dijo que las presiones las están ejerciendo funcionarios de la Secretaría General de Gobierno (SGG) a los presidentes municipales, por lo que exigió al titular de la dependencia, Diódoro Carrasco Altamirano, una explicación.
“Les dicen que no actuará la policía estatal en sus demarcaciones si no firman convenios de colaboración con el gobierno del estado y estos convenios de coordinación significa quitarles recursos a los cabildos.
“Les quitan un porcentaje del Fortamun, un porcentaje de participaciones, además de que los obligan a implementar los programas sociales con el DIF estatal, es decir, a que compren al DIF los alimentos y despensas de los programas sociales”, explicó.
Señaló que las amenazas ya se hicieron realidad en algunos municipios como Ciudad Serdán, Tlacotepec y Amozoc, donde el estado retiró a un total de 40 uniformados, situación que denunció el diputado de Morena Héctor Alonso Granados en la sesión del lunes pasado.
Agregó que el gobierno del estado está condicionando los operativos del “Escudo Zaragoza”, que involucran a los tres niveles de gobierno, así como los programas de mantenimiento de la red estatal de Ceresos.
Precisó que el Congreso tuvo conocimiento de las presiones debido a que se han acercado presidentes municipales, así como grupos de regidores del PRI, Morena y el PRD para solicitar la intervención de los diputados.
El lunes pasado, Héctor Alonso responsabilizó al gobierno de Antonio Gali Fayad del incremento de la delincuencia y los hechos de violencia, tras denunciar en tribuna el retiro de policías y armamento de los municipios.
“¿Cuál es el objetivo?, ¿dejar crecer la inseguridad ante la incertidumbre política? No lo creo, no que creo que haya tanta perversión. Perdón, pero no podemos dejar en estado de indefensión a los ciudadanos de nuestros estado”, manifestó.
Ayer, Espinosa reconoció que no será fácil salir de la crisis de inseguridad que azota al estado, de ahí la urgencia de trabajar de manera coordinada desde el orden federal, estatal y municipal, a fin de regresarle a los ayuntamientos todo aquello que requieren para garantizar la paz y tranquilidad de sus habitantes.