En los años recientes, los intentos serios por establecer el andamiaje legal de una verdadera democracia en México, han impulsado la transparencia, el acceso a los datos que deben ser público y la protección de datos personales, en aras de lograr una rendición de cuentas efectiva de parte de los servidores públicos en los tres niveles de gobierno y los tres poderes.
Este año en particular tomó auge la llamada Ley 3de3, que fue promovida, principalmente por las cúpulas empresariales, universidades privadas y grupos de la sociedad civil especializada en los temas comentados.
La norma tiene básicamente el espíritu de extender los alcances de conocimiento para la sociedad de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, especialmente de quienes ostentan los cargos más altos, como el presidente de la República, los gobernadores y legisladores, amén de secretarios y otros.
Sobra decir que el propósito es que, en un país donde la corrupción tiene carta de naturalización, quienes ejercen un cargo con responsabilidad sobre el erario, acrediten su honradez, pues vergonzosamente en México el servicio público se ha convertido en una verdadera mina de oro para cientos o miles que se enriquecen robando el producto de los impuestos.
Pues bien, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, que aspira a ser presidente de la República, no ha presentado su 3de3, y eso no es extraño, dado que la opacidad ha sido uno de los sellos característicos de su gestión, pero debe ser considerado por los mexicanos que no viven en Puebla a la hora en que reflexionen su apoyo o no a sus ambiciones.