ONG y ambientalistas exigen que México sea decretado territorio libre de minería

Con pronunciamientos en contra de las reformas energéticas “que continúan favoreciendo al sector privado en detrimento de las comunidades indígenas y campesinas”, y la propuesta de “decretar en todo el país territorio libre de minería” y “proyectos de muerte, a construir espacios comunes de resistencia y buscar estrategias que representen alternativas dignas de vida” construidas desde la vida comunitaria de los propios pueblos, concluyó ayer el Encuentro de Pueblos en Resistencia ante el modelo extractivo minero que durante tres días convocó a más de 600 personas, indígenas, campesinos, mestizos de ocho estados del país, así como de Honduras, Panamá, El Salvador, Guatemala e Italia.

En la declaración final del encuentro, que concentra las experiencias compartidas y discusión de estrategias colectivamente en siete mesas de trabajo, se exige que “las autoridades dejen de proteger los intereses privados y trabajen para respetar los derechos de los pueblos a vivir sin violencia en un territorio sano y seguro, libres de minería y de proyectos de muerte” y que respeten las decisiones de las comunidades que en este encuentro y en sus asambleas locales y acciones cotidianas han expresado un no rotundo a los proyectos mineros.

Se afirma que los diferentes niveles de gobierno “son partícipes en la promoción y ejecución de proyectos mineros. El gobierno federal ha concesionado más de la tercera parte del territorio de los pueblos indígenas y campesinos. Por otro lado, las empresas dañan el tejido social por medio del poder económico y político construido con los gobiernos, quienes fortalecen al sector privado con estrategias locales como los programas asistencialistas, y con las reformas constitucionales y estructurales. Finalmente, el estado ha hecho uso de las policías estatales y federales para avalar la entrada de las empresas y actúa como guardián de intereses privados, al mismo tiempo que criminaliza y reprime al pueblo y sus luchas”.


En este contexto, se afirma, se ha hecho necesario que las comunidades se informen sobre esta nueva forma de explotación, que es la minería a cielo abierto. “Hemos buscado información y llevado a cabo diferentes acciones, algunas han sido formales y dentro del marco del estado, pero otras son cotidianas y fortalecen nuestra resistencia como pueblos indígenas y campesinos, pues implican la construcción de alternativas desde lo local y comunitario”.

Se destaca que en este proceso las luchas de las mujeres destacan porque su papel ha sido preponderante en defender la tierra, ya que “es nuestra casa, sustento, medicina y dadora de vida. Esta resistencia se la logrado por medio del fortalecimiento de los espacios de decisión como la asamblea, el saber propio, la lengua, la cultura e identidad y va más allá de las alianzas con las que empresas, autoridades y partidos políticos intentan dañar las decisiones colectivas”.

Recuerdan “con rabia a quienes han luchado y han sido asesinados. Retomando su fuerza para continuar en la resistencia y en la lucha, exigimos justicia y nos comprometemos a seguir el ejemplo de Noé Vázquez, de Veracruz; Bernardo Méndez Vázquez y BernardoVelázquez Sánchez, de Oaxaca, Mariano Abarca, de Chiapas:

Denuncian lo ocurrido en la comunidad de Zacualpan, del estado de Colima, que fue desalojada por fuerzas estatales el día jueves 13 de marzo, mientras llevaba a cabo una acción en defensa de sus manantiales en contra de una concesión minera. Durante la agresión fueron golpeadas mujeres, niñas y niños. Así mismo, en el estado de Oaxaca fue desalojada por caciques regionales, apoyados por la Policía Estatal, la comunidad de playa Cacalotillo, municipio de San Pedro Tututepec, el pasado 11 de marzo. Durante este acto fueron detenidos seis habitantes, amenazas de violación sexual a mujeres y niñas y saqueadas y destruídas sus viviendas, se afirma.

Estos hechos violentos, subraya la declaración, no son aislados: “Son una muestra de lo que vivimos cotidianamente quienes estamos defendiendo el agua, la tierra y la vida. En este contexto, los gobiernos criminalizan la protesta social y particularmente a las mujeres, violentando nuestros cuerpos y territorios como estrategia constante de represión”.

 

Solidaridad

centroamericana

Organizaciones centroamericanas que han tenido una exitosa experiencia de resistencia civil contra proyectos mineros establecieron una alianza este fin de semana con comunidades poblanas y del resto del país que se oponen al embate de las trasnacionales que promueven ese tipo de proyectos.

La coordinación de la Defensa de los Recursos Naturales de la Comarca Ngäbe Buglé de Panamá, la coordinación del Movimiento Madre Tierra Honduras, la coordinación de la Asociación Amigos de San Isidro de El Salvador y la organización de Guatemala manifestaron su apoyo al pueblo mexicano y de la entidad poblana en su lucha contra las empresas extranjeras.

Otro de los acuerdos que logró la asamblea consiste en exigir al gobierno federal, estatal, local y a todas las autoridades involucradas para que se nieguen a empresarios permisos de exploración y explotación de cualquier reserva natural. En caso de planear un proyecto minero se debe realizar una consulta popular.

En la explanada de Tlamanca, Esteban González Hernández, representante de Zautla, recordó la movilización con 32 comunidades de este municipio que obligó que la firma China JDC Minerals cancelara el 21 de noviembre de 2012 los trabajos de explotación del cerro La Lupe.

Entre gritos ¡Tetela estamos en tu lucha!, ¡Tetela Vive! y ¡No están solos!; el activista Germán Romero explicó cómo iniciaron los trabajos de exploración en el municipio de Tetela de Ocampo, de Grupo Frisco, empresa que pertenece al hombre más rico de México, Carlos Slim.

El presidente de la organización Tetela Hacia el Futuro comentó que el gobierno federal y el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, practican una “política de despojo” y de “preferencia a empresas destructivas” con el fin de generar riqueza económica; sin embargo, no se cuida la vida ni los recursos naturales, principalmente el agua.

El colectivo ciudadano de Huachinango exigió a la empresa Gasomex que detuviera los trabajos del gasoducto Tuxpan–Atotonilco, ya que aunque han ganado un recurso legal ante el juez Primero de Distrito, éstos no se respetan.

Vecina de Cuacuila, Flor Alí Ocejo Fuentes denunció que en el Cerro de las Espinas –donde se instalará el gasoducto– trabajadores siguen con las labores pese a que hay un acuerdo judicial.

Ante las constantes amenazas y hostigamiento de representantes de Gasomex, para ella y sus compañeros, Ali Ocejo dijo que hace responsable a los directivos de la firma si algo llegara a pasarle a algún activista en las próximas semanas.

Por primera ocasión, un par de pobladores de Huehuetlán El Grande asistieron a un encuentro minero con el fin de asesorarse para emprender una lucha para combatir a Australian Minerals Group, quien pretende extraer de la zona manganeso. También asistieron habitantes de Tlatlauquitepec, quienes tienen conocimiento de ocho proyectos mineros en la región.

Para finalizar el encuentro, los participantes se manifestaron entre consigas de ¡La lucha sigue!, ¡La patria no se vende! y ¡Pueblo Unido jamas será vencido!, luchadores sociales de Honduras, Panamá, El Salvador y Guatemala unificaron una protesta contra empresas trasnacionales, quienes han intentado despojar terrenos a pequeños propietarios, indígenas y campesinos para poder consolidar una minería.