La Organización Nacional Anticorrupción (Onea) México reprobó al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, por criminalizar a Nefertiti y Grecia Camacho Martínez, las adolescentes poblanas que habrían sido ejecutadas de manera extra judicial por policías de esa entidad.
En una rueda de medios, Yunes informó que “fueron abatidos tres presuntos delincuentes y uno más fue detenido en Río Blanco, integrantes de la banda de ‘El Cachorro’; anteriormente, habían sido ya abatidos en esta zona 11 sujetos, incluyendo al jefe de la célula, apodado ‘El May”.
El fiscal veracruzano, Jorge Winckler, aseguró que ambas chicas y el hombre que las acompañaba y también fue ultimado, pertenecían a la banda de Roberto de los Santos de Jesús, alias “El Bukanas”, considerado el más peligroso líder de las bandas dedicadas al robo de hidrocarburo en México.
En un comunicado, la Onea manifestó: “El 10 de marzo pasado, tres personas –entre ellas dos menores de edad– fueron abatidas en el municipio de Río Blanco, Veracruz, por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Unas horas después, autoridades estatales, encabezadas por el gobernador, Miguel Ángel Yunes, aseguraron que se trató de tres presuntos delincuentes con participación en una organización delictiva, “perfectamente acreditados”, que se enfrentaron con los elementos policiacos.
“Sin embargo, publicaciones periodísticas en medios nacionales y locales divulgaron versiones distintas y fotografías en las que presumiblemente se evidencia que una de las menores fue arrestada con vida y ejecutada extrajudicialmente.
“La sola sospecha de estos hechos debería obligar una investigación que permita dilucidarlos y deslindar responsabilidades, de cara a la sociedad que reclama labores policiales con altos estándares en la protección del derecho a la vida.
“Es por ello que, desde la sociedad civil organizada, en Onea México reclamamos que la Procuraduría General de la República atraiga la investigación, ante la ausencia de autonomía de la Fiscalía General de Veracruz que de forma grotesca y notoria continúa bajo un esquema de subordinación hacia el gobernador.
“Asimismo, enfatizamos en que es preocupante la costumbre del Ejecutivo de calificar como ‘delincuentes’, ipso facto, a todas las personas que pierden la vida en incidentes de violencia. Llamamos a frenar esta conducta de subsumir funciones que corresponden al Ministerio Público y al Poder Judicial, y decidir quién es delincuente o no, sin previo juicio, sin respeto al debido proceso y sin que se observen los derechos humanos”.