Ofrecen halconcitos sobornos de hasta 2 mil pesos a maestros en el “triángulo rojo”

Sobornos de hasta 2 mil pesos a docentes ofrecen estudiantes del llamado “tríangulo rojo” en secundarias y planteles de nivel medio superior para aprobar sus cursos. Se trata de los llamados halconcitos, los vigías que son empleados por las bandas que roban combustible a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Maestros que laboran en la región contaron lo anterior, con la condición de que su nombre fuera reservado en este texto, pues, por razones obvias, revelarlo podría comprometer su integridad física y la de sus familias.

En ese tenor, las víctimas aseguraron que cuando un mentor ha osado rechazar los ofrecimientos de los vigilantes –todos, menores de edad– estos o sus padres de familia han procedido a amenazarlos de muerte, amago que hasta ahora no se ha cumplido porque los profesores ceden o simplemente abandonan sus escuelas para irse a prestar sus servicios en otros sitios.


Las fuentes dijeron que desde hace un año la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal ofreció a los maestros que se sentían en riesgo, cambiar de adscripción, garantía que se encuentra establecida en los reglamentos de la institución.

En promedio, un docente en el “triángulo rojo” gana 10 mil pesos al mes y la mayoría no se va, porque son oriundos de ahí y también sus parientes están involucrados con las bandas de huachicoleros.

“Un salón de clases por lo general tiene una matrícula de 45 alumnos y mínimo son tres grupos para tres años en bachillerato”, expresó una de las fuentes.

Desde mediados de 2016 la Secretaría de Gobernación federal consignó que Palmar de Bravo, Tepeaca, Acatzingo, Quecholac y Acajete eran los municipios donde hay más enganchamiento de niños a las bandas dedicadas al robo de hidrocarburos en ductos de Petróleos Mexicanos.

El documento, al cual tuvo acceso esta casa editorial, advierte que en la llamada “franja del huachicol”, sucede el mismo fenómeno que acontece en territorios donde el crimen organizado ha sentados sus reales, como Veracruz, Michoacán y Tamaulipas, donde los menores de edad son reclutados para realizar desde labores de alerta a los delincuentes, vigilando el ingreso a sus zonas de actividad –los llamados “halconcitos” (sic)–, sirviendo como transportistas de mercancía ilegal como droga –conocidos como “burritos” (sic)–, también como choferes y hasta como sicarios.

En el caso poblano, apunta el informe, los niños y adolescentes son contratados para hacer las veces de halconcitos y aunque no se tiene un estimado claro del número de ellos que forman ya parte de las redes de huachicoleros, principalmente en las localidades mencionadas.

No obstante, el documento oficial también menciona con precisión los 26 municipios en donde operan los ladrones de combustible: Acajete, Acatzingo, Ahuazotepec, Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Esperanza, Huauchinango, Huejotzingo, Juan C Bonilla, Palmar de Bravo, Puebla, Quecholac, Quimixtlán, Los Reyes de Juárez, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, San Miguel Xoxtla, San Salvador El Verde, San Salvador Huixcolotla, Tecamachalco, Tepeaca, Santa Rita Tlahuapan, Tlaltenango y Venustiano Carranza.

El informe de la Segob, deja claro que su elaboración fue realizado a partir de entrevistas con autoridades, actores sociales, directivos de corporaciones policiacas y escuelas, maestros, amén de periodistas de la región, así como haciendo una revisión de los reportes en medios.

De hecho, resalta que fue el alcalde de Santa Matías Tlalancaleca, Óscar Anguiano, el primero en dar a conocer públicamente el problema del enganchamiento de menores por parte de huachicoleros, el año pasado.

Recomienda establecer un mecanismo de prevención a la leva que hacen los criminales, mediante políticas públicas que inicien en los planteles escolares y se lleven a cabo acciones coordinadas de los tres órdenes de gobierno, llevando a la Secretaría de Educación Pública como cabeza de los proyectos, con el concurso de dependencias como la Segob, los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Salud y las organizaciones de la sociedad civil abocadas al cuidado y desarrollo de la niñez.

A finales de febrero de 2017, el gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, calificó al robo de combustible como el principal delito a combatir en Puebla, y luego narró el encuentro que tuvo con un “halconcito”, un niño de apenas 11 años:

“Llegué a Palmar de Bravo y una de las señoras me dijo: ‘Oiga Tony, quiero que entre a mi casa, quiero que platique con mi hijo’. Es real, así como esto que estamos transmitiendo en vivo”, expresó el mandatario en su discurso, durante la instalación de botones de pánico a unidades de la RUTA.

“Entré a la casa de la señora, platiqué con el chavito, y le dije: ‘¿Qué quieres ser de grande, que estás haciendo?’, un chavo de 11 años –prosiguió el mandatario. ‘Ya no estoy estudiando, yo ya gano dinero, yo ya traigo dinero a la casa y traigo más lana que lo que aporta mi papá, mi papá gana 3 mil pesos al mes, yo gano 12 mil pesos al mes’ (habría respondido el menor al mandatario).

“¿Y a qué te dedicas?’ (le preguntó Gali), ‘soy halconcito’. ‘¿Y qué es eso? (insistió el mandatario). ‘Pues echo aguas para que se puedan volar el combustible de las tomas”, culminó el relato del titular del Poder Ejecutivo.

El pasado 21 de marzo, esta casa editorial dio conocer que, víctimas de la delincuencia y la inseguridad, decenas de maestros que laboran en la región conocida como “triángulo rojo” protestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la ciudad Puebla, donde bloquearon los accesos a la dependencia estatal.

Además acusaron que grupos delictivos que exigen el pago de derecho de piso a cambio de que maestros y alumnos no sean molestados. Aproximadamente unos 200 docentes reclamaron mayores recursos para esta región que presenta el mayor índice delictivo en la entidad, por ser ruta y trasiego de combustible robado.