Enrique José Flota Ocampo es un personaje oscuro del morenovallismo, ya que jugó un papel relevante para garantizar impunidad en el caso de la represión al pueblo de Chalchihuapan, por lo que resulta paradójico que este personaje sea catedrático de la Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero), que imparta la materia de Teoría de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho y que esta casa de estudios diera su aval para que se convierta en el nuevo fiscal anticorrupción del estado. Parecería que dicha designación es una concesión a la Ibero para que frene su comportamiento crítico frente a los abusos del grupo político del ex gobernador Rafael Moreno Valle.
Curiosamente esta posible concesión a la Ibero se da luego de que esta casa de estudios, junto con otras cinco universidades privadas, suscribieran un manifiesto en el cual calificaban como una persecución política el proceso de inhabilitación que el Congreso del estado aprobó contra el ex alcalde de la ciudad de Puebla Eduardo Rivera Pérez.
Y es que al gobierno de José Antonio Gali Fayad y al grupo morenovallista les han caído como un balde de agua fría los cuestionamientos surgidos por la persecución política desatada contra Rivera, contra un grupo de militantes que van a ser expulsados del PAN y una larga lista de líderes albiazules que tienen órdenes de aprehensión en su contra, todo por ser críticos de Rafael Moreno Valle.
La idea que ha prevalecido es que ni en los peores gobiernos del PRI hubo tanta represión contra los principales líderes del panismo tradicional, tal como ahora en que se supone que el PAN tiene el control del Poder Ejecutivo.
Particularmente fue de mucho impacto el desplegado suscrito por la Ibero, la UPAEP, la UDLA, la Universidad Madero y el Tec de Monterrey, entre otras instituciones, en el que apuntan como un grave abuso los procesos administrativos –sin sustento jurídico– que el Congreso inició contra Eduardo Rivera. Ante tal cuestionamiento, el gobierno del estado tuvo que recurrir a paleros para revertir esa mala imagen.
Por eso echó mano de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior para que pagara desplegados en la cual sostiene que es correcta la persecución política contra el ex alcalde de la capital.
Como parte de ese intento de acallar voces críticas se percibe el nombramiento de Enrique José Flota Ocampo, abogado vinculado a la Ibero y en particular a la Compañía de Jesús, la orden religiosa que tutela a esta casa de estudios y a la que pertenece el papa Francisco.
En los próximos meses habrá que revisar si la Ibero conserva su espíritu crítico frente a los abusos cometidos por el morenovallismo.
Porque si la Ibero cambia su sentido crítico, sería de graves consecuencias para las libertades civiles en Puebla, ya que esta es la única institución de educación superior en el estado que tiene un programa de defensa de los derechos humanos y no se ha callado frente a las injusticias sociales y los abusos del poder político.
Aunque al mismo tiempo genera mucho desencanto que se sepa que la Ibero solapó y guardó silencio acerca de la presencia en sus aulas de Enrique José Flota Ocampo, quien como funcionario de la Fiscalía General del Estado y encargado del área de Derechos Humanos de la misma dependencia, avaló la política represiva del morenovallismo y jugó un papel importante en el encarcelamiento de los presos políticos.
Es un absurdo que por un lado este personaje ha estado enseñando Teoría de los Derechos Humanos en las aulas de la Ibero, y por otro lado, cuando sale de esa universidad y se va sus oficinas de la Fiscalía General del Estado, se ha dedicado a dar sustento al encarcelamiento de los presos políticos del morenovallismo, entre ellos muchos activistas de la tercera edad y de origen indígena.
En su momento Elía Tamayo fue clara y precisa: Enrique José Flota Ocampo como funcionario público fue el encargado de amenazarla con que si no aceptaba las disculpas públicas del gobierno del estado por el asesinato en manos de la policía estatal de su hijo de 13 años, como parte de la represión al pueblo de Chalchihuapan ocurrida el 9 de julio de 2014, habría cárcel para pobladores de esa comunidad.
Desde que surgió esa acusación, la Ibero tendría que haber actuado con congruencia y sacar de su Facultad de Derecho a quien obliga a una madre a darle buena cara a los asesinos de su hijo. Queda claro que esta universidad guardó silencio y solapó a un represor.
Vale la pena preguntarse:
¿Nunca se dio cuenta de esta incongruencia el jesuita Fernando Fernández Font, rector de la Ibero?
¿Es congruente que el rector de la Ibero hacia fuera de la institución denuncie la violación a los derechos humanos y en las aulas de la universidad dé clases un funcionario que cree en la represión?
Así con este antecedente, no sería raro que un día la Ibero invite de maestro a Nicolás Aguilar Rivera, el cura pederasta de la región de Tehuacán que se encuentra a salto de mata con la protección del poder político.
O que los ex gobernadores Mario Marín Torres y Rafael Moreno Valle Rosas sean invitados a dar cátedras sobre defensa de los derechos humanos.