Nuevo acuerdo social… ¿entre quiénes?

El 15 de enero rindió su cuarto informe de gobierno Rafael Moreno Valle. Si bien no conozco el documento del informe que el Ejecutivo entregó al Congreso, ya que sigue sin estar disponible en el portal de gobierno, me baso en el discurso y en el video que están disponibles en dicho portal.

En dichos materiales todos son éxitos; en una narrativa llena de generalizaciones, donde la posibilidad de contrastación es prácticamente imposible, se afirma, que los compromisos se han cumplido. Aunque se reconoce que “persiste en nuestra patria el reto de igualar las oportunidades de desarrollo, para todos los mexicanos” y “acortar la distancia, entre gobierno y sociedad. Entre mujeres y hombres. Entre las condiciones de desarrollo de las ciudades, y las que prevalecen en el campo”.

Se afirma que “estos desafíos exigen lo mejor de todos los servidores públicos, una coordinación efectiva entre órdenes de gobierno, así como una renovada relación con la ciudadanía”. En resumen, México demanda un nuevo acuerdo social, que permita la consolidación, de un Estado moderno, y que sea un punto de encuentro, entre las demandas sociales y las respuestas gubernamentales. Un acuerdo, en el que el gobierno y los ciudadanos, cumplan con sus obligaciones y todos los mexicanos puedan ejercer sus derechos. Un acuerdo en el que se transformen las inquietudes sociales, en respuestas públicas, por cauces institucionales”.


Contrasta esta narrativa con lo que en el último año de gobierno de Rafael Moreno Valle ha sido la práctica política en la entidad, donde la disidencia sobre proyectos impulsados desde el gobierno ha sido violentamente reprimida. Tal es así que un día previo al informe, en un hecho sin precedentes en los últimos años, como lo señala Yadira Llaven en la edición de La Jornada de Oriente del 15 de enero, 10 mil poblanos marcharon el 14 de enero a la Ciudad de México, en donde se instalaron en un plantón indefinido frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La exigencia fue que las autoridades federales intervengan y pongan un alto a la represión que viven de manos del gobernador Rafael Moreno Valle. El pliego petitorio de las organizaciones agrupadas en el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla considera la liberación absoluta de los presos políticos, la cancelación de órdenes de aprehensión contra dirigentes sociales, la derogación de reformas a leyes como la #LeyBala, que aprobó el uso de armas para dispersas protestas y que se estrenó en San Bernardino Chalchihuapan, donde policías dieron muerte al niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

A la par de reformas legales, la confrontación se ha dado por proyectos específicos que afectan a distintos grupos de la población, que han tenido que usar la manifestación social como una forma de expresar sus discrepancias frente a la cerrazón de las autoridades gubernamentales frente a sus cuestionamientos.

En aras de la modernidad se justifica cualquier proyecto que finalmente redunda en despojo para los habitantes de comunidades mientras se constituyen en ámbitos de grandes negocios para un núcleo reducido de empresarios y funcionarios de gobierno, que trabajan finalmente para los grupos de poder económico y que se benefician de ello.

En Puebla, en el último año, los conflictos combinan la imposición de proyectos para la expansión y transformación de zonas agrícola, la concentración de servicios, lo que implica la concentración de poder en la capital, al mismo tiempo que el encarecimiento de los mismos. No se ha visto una actitud gubernamental que propicie una renovada relación con la ciudadanía ni un nuevo acuerdo social, que permita la búsqueda de consensos y no sólo la imposición y represión para aquellos que se atreven a disentir y defender su patrimonio y formas de vida.