El lingüista Francisco Peral Rabasa trabajó un proyecto de investigación en Ciencias Sociales en San Pablito Pahuatlán que tuvo que ser cancelado a causa de la legislación sobre la protección de datos personales.
Denominado El sistema antroponímico de San Pablito, su objeto de estudio eran precisamente los nombres y apellidos de los habitantes de esa comunidad del municipio de Pahuatlán de Valle, Puebla, desde la época más remota que se pudiera consignar hasta la actualidad.
El proyecto fue presentado en 2018 durante las Primeras Jornadas de Antroponomástica, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Actualmente el investigador ya no puede levantar información para su investigación, no solo porque ya no tiene acceso al registro civil, sino por la obligación que tiene con los datos ya recabados.
En aquel foro, el lingüista Francisco Peral Rabasa, quien coordina el Seminario Interinstitucional de Onomástica, de la Dirección de Lingüística del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), abrió el debate sobre el tema ante sus colegas estudiosos de la onomástica, y coincidieron en que la problemática para construir datos es generalizada.
San Pablito es una comunidad integrada por alrededor de 4 mil habitantes, artesanos y comerciantes, hablantes de otomí que están en movilidad en todo el país, pues incluso otro porcentaje de población ahora vive como migrante en California, Estados Unidos, lo que complica solicitar a cada uno de ellos autorización personalizada para investigar su nombre y apellido.
La onomástica, explica Peral Rabasa, se encarga del estudio de los nombres. Sobrevive en áreas como la antroponimia, relativo al nombre de las personas, y la toponimia, a los nombres de lugares.
Un nombre, dice el especialista, es muchísimo conocimiento de la sociedad, de los grupos humanos; por ejemplo, permite estudiar la denominación que realizan los diferentes pueblos, lo que revela cosas de su cultura, rituales, etcétera.
Para los legisladores el nombre es aquello que identifica a un individuo y por tanto debe ser protegido a ultranza, y para los antropólogos, lingüistas, sociólogos e historiadores es en unos casos objetos de estudio, y en otros, lo que da sentido a sus demás datos y fuentes de información.
Por tanto, expertos han coincidido que existe un problema y debe ser resuelto. Decidieron entonces tres acciones: crear un grupo académico que analizara y actuara en consecuencia; promover la discusión sobre el tema entre las diversas disciplinas sociales, históricas y antropológicas e incluso legales, y buscar un diálogo con el Poder Legislativo para promover una iniciativa de modificación a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, de 2017, que adicione como caso de excepción los estudios sociales, históricos y antropológicos, como explica Peral Rabasa, lingüista del INAH.
En este marco, especialistas de varias instituciones de investigación antropológica e histórica se reunieron en el Museo Nacional de Antropología, en una jornada de reflexión y análisis sobre el pasado, presente y futuro de estas especialidades y disciplinas en México, frente a legislaciones fundamentales para la salvaguarda de la sociedad en temas tan importantes como la integridad física, moral y económica, pero que, paradójicamente, impiden a las Ciencias Sociales cumplir con su cometido de desarrollar conocimiento.