No está el que despacha

Creo que fue el miércoles 27 de septiembre cuando la presidente municipal de Atzitzihuacan, Maricela Ramos Jiménez, del PRI, se reunió en una de sus juntas auxiliares, la de San Francisco Xochiteopan, en una asamblea del pueblo, con los organismos sociales y empresariales que se ofrecieron para llevar a cabo la reconstrucción de casas. Estaban siete empresas constructoras y otros tantos organismos civiles de ayuda: Techo AC, Operación Bendición AC, la Tosepan Titataniske, la Ibero Puebla, y organismos de la Universidad Autónoma de Puebla.

Uno de los empresarios propuso que la discusión sobre la hechura de casas se hiciera en una reunión aparte, y la presidente aceptó. Estaba también el presidente auxiliar de la comunidad. Algunas de estas empresas habían llegado desde el 20 o 21 de septiembre ofreciendo hacer gratuitamente algunas casas; 20, ofreció una de ellas. Pero en la reunión mencionada primero, la edil Ramos les dijo, palabras más palabras menos, que ella aseguraría una bolsa de 9 millones de pesos para la edificación de casas, siguiendo el proyecto arquitectónico que las constructoras establecieran. 3 millones del municipio, 3 del estado de Puebla y 3 de la Federación, dijo. Total ellos son los constructores y saben cómo hacerlo, habrá pensado la alcaldesa. Una de las empresas inmobiliarias había presentado su modelo de casa para ese lugar, y seguramente para cualquier otro: 3.50 por 3.50, y un baño. Ahí se deben acomodar los 5, 10 o 15 integrantes de la familia, con sus techos de lámina inservible para el calor, pero sobre todo para el frío, o para las partículas magmáticas que al Popo se le ocurra arrojar. Naturalmente, las instituciones y agrupaciones no empresariales presentes en la reunión se salieron de ella.

¿Con qué criterio hace esto la presidente municipal? ¿Qué la motiva? Quiero creer que es la buena voluntad de pensar en que sus gobernados no tienen dónde pasar la noche y aguantar los aguaceros y los fríos que empiezan ya. No quiero que se me pase por la cabeza que las constructoras le hayan ofrecido un moche, aunque la filantropía de las mismas no correspondió a tal, cuando alguna (¿algunas?) pedía a la gente que les dieran mil 500 pesos para hacerles su “pie de casa”. O que llegaran ofreciendo regalar viviendas y acabaran cobrando por hacerlas.


¿No debería el gobierno de Puebla, el federal a través de la Sedatu o cualquier otra dependencia, establecer los criterios de la reconstrucción de una vez, lo que incluye prohibir a las autoridades correspondientes decidir lo que les viene en gana sobre a un problema tan complejo, sin que medie algún criterio técnico? ¿No sería bueno que se exigieran permisos de construcción a todos los que quieren levantar urgentemente casas definitivas, antes de que restablezcan o empeoren las condiciones de vulnerabilidad física que ocasionaron este tremendo desastre? ¿Por qué tanta prisa? La gente espera años para que Fonden aporte los recursos para reconstruir sus casas, y otro tanto para que compañías constructoras se las edifiquen, a modo de sus intereses y los de los funcionarios que los acompañan. Hay que hacer las cosas bien para que la gente no quede peor. Tan solo en el sexenio de Peña Nieto se han retrasado estas ayudas al menos desde 2013, en Guerrero y los demás estados desastrados.

También están los edificadores de buena voluntad, generosos, que hacen lo que pueden, acompañando a la gente en su desesperación. En el mismo pueblo, que cuenta con unos mil habitantes y dos terceras partes de sus casas están colapsadas, una organización llamada Cadena AC (Cadena Judía, les decían algunos) y otra llamada Operación Bendición –organización cristiana liderada por Scott Christian Hill (“nuestras religiones tratan de administrar la fe como una vacuna, pero a Cristo no se le administra”, dice en su información del Facebook)– llegaron al día siguiente y realizaron un trabajo extraordinario. Organizaron el centro de acopio de esa población; un comedor para todos, y parecía que daban tareas a Protección Civil y a otras dependencias; se coordinaron con el Ejército y operaron con prontitud y eficiencia. Luego, se habló de que construirían albergues temporales y hasta viviendas definitivas, unas 60, con un moderno material –celucreto– traído de Hidalgo. Todo gratuito. Incluso parece que acordaron con las familias las formas arquitectónicas deseadas. Tal vez convinieron también con las autoridades del lugar. Pero, ¿esas casas tienen la resistencia necesaria para un próximo temblor? ¿Las láminas de los techos son adecuadas para las condiciones climáticas y volcánicas? ¿Están asentadas en lugares sin peligros de deslizamiento, como ocurre en esa zona? Tal vez sí, tal vez no. Alguien debería verificarlo, pero ninguna representación social competente aparece para hacerlo. Hay otras iniciativas similares en muchos pueblos y merecen los mismos comentarios.

Celebro la apasionada entrega de la sociedad mexicana para ayudar en estas desgracias de septiembre, pero no celebro que no haya criterios mínimos para llevar a cabo la recuperación. No celebro que no haya gobierno y mucho menos que no haya Estado para conducir este proceso. Hasta los anarquistas, los máximos enemigos del Estado como defensor de la clase privilegiada, se plantean en su utopía contar con una instancia de representación colectiva para casos como estos, al menos.

Nadie cree en México en el gobierno, ni los funcionarios del gobierno. Pero, independientemente de esta condición crónica, plenamente justificada, alguien debería fijar criterios de recuperación frente a este tremendo desastre, y aplicarlos, y algo hay que hacer antes de que se comiencen las reconstrucciones hacia lo peor.