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El empeño que han puesto los legisladores locales y el gobierno del estado en dar un fuerte impulso a la creación de políticas públicas y de hacer modificaciones jurídicas para frenar en Puebla la violencia de género, no tendrán credibilidad y una afectividad real mientras no se despida a Víctor Carrancá Bourget, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien ha sido una pieza clave para que prive la impunidad en torno a la mayoría de las docenas de feminicidios ocurridos en los últimos siete años.
Se sabe que en 2013, cuando ya estaba en marcha un importante crecimiento del número de asesinatos de mujeres, el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas aceptó que el Congreso local tipificara el delito de feminicidio, pero a cambio habría ordenado a los miembros de su gabinete y diputados locales del PAN que el problema de violencia de género se buscara minimizar, ningunear, soslayar, para que no fuera un factor que afectara su imagen pública.
Es decir, se creyó de manera arbitraria que sacando el tema de los feminicidios de la atención de la opinión pública se resolvía la ola de crímenes de odio contra mujeres.
Quien siguió al pie de la letra esa instrucción fue Víctor Carrancá, quien estando al frente de la extinta Procuraduría General de Justicia y ahora de la FGE, ha puesto un especial empeño de evitar que la mayor parte de los asesinatos de mujeres sean considerados como feminicidios –en los que se tiene el componente de odio hacia la victima por ser fémina–, como si en algo eso ayudara a los procesos de castigar a los homicidas.
Por esa razón mientras el conteo que llevan organizaciones de la sociedad civil –que han realizado registros puntuales– y medios de comunicación señala que, entre el año 2013 y hasta la fecha, se han cometido en Puebla más de 330 feminicidios, el conteo de la FGE solamente reconoce 153 casos.
El asunto de fondo no es solamente el uso de categorías o de lenguaje, sino el problema principal es que la mayoría de los homicidios de mujeres están sin ser esclarecidos. El grueso de los asesinos de mujeres están en las calles y seguramente ejerciendo a diario la violencia de género.
O en muchos casos en que supuestamente se ha detenido a los homicidas, se duda que realmente se haga justicia. Se tiene la percepción que en un número grande de asuntos se fabricaron culpables y se metió a la cárcel a personas inocentes.
Un caso emblemático de lo anterior es lo ocurrido con la desaparición de la joven Paulina Camargo, a quien se le dejó de ver el 25 de agosto de 2015, y desde ese año José María Sosa, el entonces novio de esta mujer, se encuentra encarcelado por el delito de homicidio calificado, pero con el pequeño detalle de que nunca ha aparecido el cuerpo de la muchacha que demuestra la pérdida de la vida.
Contra José María Sosa se presentó la prueba de un video, en el que se le ve con la joven desaparecida, pero los abogados de la defensa han acreditado que la grabación es de un día antes de que ocurriera la desaparición de Paulina Camargo.
En la medida en que pasan los días crece la sospecha de que José María Sosa podría estar diciendo la verdad, quien ha denunciado que policías ministeriales lo habrían privado de su libertad para torturarlo y obligarlo a echarse la culpa de la muerte de su novia.
Otros datos que muestran la negligencia de los morenovallistas en la atención de la violencia de género son los siguientes:
Trascendió que en el último año de la gestión de Rafael Moreno Valle Rosas, como gobernador de Puebla, no se ejerció una partida de 5.8 millones de pesos que estaba destinada a la capacitación de servidores públicos para detectar violencia de género.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha exhibido que nunca se incrementó el presupuesto de la FGE para que tuviera un mejor desempeño en la investigación de los feminicidios.
Queda claro que Rafael Moreno Valle Rosas como parte de sus sueños de ser candidato presidencial buscó esconder el tema de la violencia contra mujeres, para que no se afectara su imagen pública y sus proyectos políticos. Tal situación lo coloca como responsable del notable crecimiento de homicidios y agresiones físicas contra la población femenina.
Pero quien tiene la principal responsabilidad jurídica de esta situación es Víctor Carrancá, quien más allá de los proyectos personales de su jefe, tenía que velar por esclarecer y meter a la cárcel al grueso de los asesinos y agresores de mujeres. Ese siempre ha sido su trabajo. Sus resultados rayan en la mediocridad y la negligencia.
Víctor Carrancá es el principal responsable de la impunidad que campea en Puebla, no solamente en el tema de los feminicidios.
Por tanto, si el gobernador Antonio Gali Fayad quiere que la sociedad le crea en su compromiso de combatir los feminicidios, tiene que correr a Víctor Carrancá de la FGE.
Si Gali quiere dejar las bases jurídicas, institucionales y sociales de combate a la violencia de género, tiene que echar a Víctor Carranca.
Y si no le interesa que cuando se vaya del cargo lo señalen de haber sido indolente frente a la ola de homicidios de mujeres, entonces debe dejar en su cargo a Víctor Carrancá.