No a la megaminería

En el Proyecto Alternativo de Nación propuesto por Andrés Manuel López Obrador a la ciudadanía, está definitivamente claro que en un contexto marcado por la entrega de los recursos minerales, hecha por los gobiernos neoliberales al capital privado, no solo extranjero, se atienda y reconozca el repudio de los pueblos originarios a la megaminería a cielo abierto, que ha traído, a partir del despojo, precariedad laboral, contaminación de los ríos y destrucción de los ecosistemas. La riqueza extraída, nada ha servido a los pueblos.

La actividad extractiva en manos del capital, es la que mejor ejemplifica la acumulación por despojo y el desplazamiento forzado de la población de sus lugares originarios, la que más encarna la eliminación de la vida comunitaria. El extractivismo, en cambio, solo ha beneficiado a un “selecto grupo de empresarios”, nacionales y extranjeros, que recurrentemente violan las leyes sin consecuencias, esto es, impunemente, violentan a las comunidades opositoras a estos proyectos y llegan a establecer, cada vez con mayor frecuencia, un contubernio con el crimen organizado para implantar el control territorial.

La nefasta ley minera de 1992, que en su artículo sexto otorga carácter preferente a la “exploración y explotación mineras sobre cualquier otro uso de la tierra”, ha traído afectaciones graves a cientos de comunidades, cuyos daños han sido documentados por científicos comprometidos que se han decidido denunciar este tipo de actividades depredadoras, a las que se oponen distintos grupos de la sociedad civil. En cambio, frente a la minería de tajo abierto, los gobiernos neoliberales han mostrado opacidad, omisión y connivencia con los empresarios.


Ya no es posible dar continuidad a este modelo extractivo depredador; ni continuar con la “institucionalización” de los principios rectores empresariales bajo la supuesta posibilidad de una minería “verde/sustentable”, o se continúe con una política basada en la falsa premisa de que “el que contamina paga”. ¿Pagar da derecho a los empresarios de destruir la naturaleza? ¿Cómo le pagan a la naturaleza cuando ya la destruyeron?

Todas las concesiones mineras deben ser canceladas, porque todas sin excepción, amparadas en una legislación que no respeta los derechos de la naturaleza, violan los derechos humanos y han trastocado y vulnerado la participación y la toma de decisiones de los pueblos.

En fin, los proyectos de muerte, incluido el criminal fracking, deben prohibirse para cumplir con el espíritu que anima al Proyecto Alternativo de Nación. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe dejar de ser fiel sostén y coejecutora del modelo extractivo depredador que se apropia de minerales, agua, gas y petróleo. Es deseable que el gobierno electo construya una estrategia integral e integradora para que la nación deje de ser concebida como mero mercado o escenario de la acumulación capitalista y retorne el carácter social del Estado y el gobierno.

Este “nuevo amanecer democrático”, debe también poner un alto al despojo de nuestros recursos y la destrucción del ambiente. Hace falta un ¡ya basta! a los proyectos de muerte.