La defensa de la tierra y el agua por parte del pueblo indígena de Nealtican, contra la instalación del Gasoducto Morelos, es referencia a nivel nacional como una experiencia organizativa tras la aprobación de la Reforma Energética promovida por Enrique Peña Nieto.
Así lo consideró la maestra Leticia Aparicio Soriano, miembro de la Red Multidisciplinaria de Investigadores Indígenas.
“Nealtican es una experiencia a retomar en el país en la defensa de los recursos naturales, por parte de pueblos indígenas contra los megaproyectos de infraestructura”, destacó durante su intervención.
Aparicio Soriano estuvo en la localidad, a propósito de la inauguración del Centro Comunitario de Atención Ciudadana.
Originaria de Tehuacán, la investigadora dijo que la Red estará aprendiendo de la experiencia de este pueblo asentado en las faldas del volcán Popocatépetl, y seguirá respaldando a la comunidad en la parte legal.
“Como indígena, a nosotros nos toca y nos duele ver cómo la autoridad da las condiciones para que empresas se adueñen de nuestro territorio y sus comunidades”, expuso.
Estos consorcios –dijo– trasgreden el territorio y se toman atribuciones sin consultar a los pueblos originarios. A raíz del Tratado de Libre Comercio, expuso que regiones como Tehuacán en el estado de Puebla fueron afectadas por la contaminación del agua con la instalación de un corredor de fábricas textiles dedicadas a la maquila de mezclilla.
“Desde los años 90, estas empresas utilizan miles de litros de agua para el lavado de pantalones, que impacta en el suelo de uso agrícola de las comunidades”, refirió.
Señaló que en el caso de Tehuacán como Nealtican, la empresa violentó el territorio y no tomó en cuenta la palabra de los pobladores, como si no tuviera ningún valor.
“Estas acciones tienen que ver con la discriminación y actitudes racistas que representan instituciones, pero también el gobierno, como principal transgresor”, aseveró.
Por último, explicó que Nealtican históricamente ha pertenecido a una zona con bagaje histórico y un sistema normativo propio, y “cuando tenemos la entrada de las empresas y la toma de decisión unilateral del gobierno hay un fuerte impacto ambiental y sociocultural”.
Lo primero –dijo– relacionado al desequilibrio de la ecología y sistemas de recursos naturales. Mientras que lo segundo refirió tiene que ver con el derecho a la consulta indígena que se efectúa en varios países de América Latina.
No obstante, la académica aclaró que si el pueblo se opone a la consulta y decide que la construcción del gasoducto debe parar, también debe ser respetado.
La Red es un órgano integrado por miembros de distintas comunidades originarias de nuestro país que hicieron estudios de posgrado en diferentes partes del mundo en instituciones reconocidas y con prestigio.
El fin es buscar alternativas para que el conocimiento de los pueblos y los aprendidos en la academia sean ahora patrimonio de las comunidades, y sea aprovechado y puesto al servicio de la población.