Comités vecinales, sindicatos, organizaciones sociales, políticas y académicos articularon sus luchas para crear en Puebla el Frente en Defensa del Derecho Humano al Agua y en contra la Privatización, que a partir de la próxima semana anunciará su plan de acción para echar abajo la concesión que por 30 años el gobierno de Rafael Moreno Valle entregó a la empresa Concesiones Integrales SA de CV para administrar el líquido en la capital y el área metropolitana.
Con el nacimiento del Frente también se busca que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP) regrese al control del gobierno del estado, y se inicie desde el ayuntamiento de Puebla el proceso de desprivatización del agua.
En el asta bandera del zócalo de la ciudad, donde instalaron una mesa para recabar firmas para remunicipalizar el servicio, se hicieron presentes los representantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, la Asamblea Social del Agua (ASA), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y la Unión de Trabajadores Despedidos del SOAPAP, así como el académico Miguel Ángel Burgess y el exsecretario del Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor.
También se sumaron los colonos de la Unidad Habitacional La Margarita, los Libreros y Artesanos de Puebla, el Movimiento Nacional por la Esperanza, el Movimiento Antireeleccionistas de Puebla, el Movimiento Nacional Constitucionalista por la Recuperación de Nuestros Bienes Nacionales AC, el Ilustre Colegio Nacional de Abogados Constitucionalistas y el Sindicato del Colegio de Bachilleres, por citar algunos.
Las agrupaciones coincidieron en la necesidad ejercer presión social a las autoridades para que cumplan con su palabra, y pongan freno a la mercantilización del agua que solo beneficia a empresas nacionales y trasnacionales.
“De pronto creen que hay ‘flaca memoria’, cuando sabemos cuáles es el origen de la privatización del agua en Puebla, lo tenemos muy claro y estamos consciente donde nació este problema, pero estamos para revertirlo y lo vamos a lograr”, declaró, en su oportunidad, Jorge Méndez, del Movimiento Nacional por la Esperanza.
En su oportunidad, el abogado Tonatiuh Sarabia Amador informó la UPVA ha pugnado en los últimos años por la remunicipalización del agua, desde que se privatizó en el sexenio morenovallista.
“El agua es un recurso natural que sirve para satisfacer las necesidades de los seres vivos y por ende no debe ser trata como mercancía ni como generación de riqueza para unos cuantos, que también de manera soterrada lleva un control político de la población”, acusó.
Desde gobiernos anteriores, dijo que los comerciantes han luchado junto con la Asamblea Social del Agua contra el incremento desmedido de las tarifas, que se han disparado hasta en un 300 por ciento, y que de igual forma afecta en los mercados populares.
En respaldo a la lucha para que el agua regrese a generar un bienestar social en Puebla, Tonatiuh Sarabia argumentó que los consumidores morosos son en su mayoría gente pobre, a la que le incrementaron la tarifa sin mejorar el servicio.
Afirmó que la Unión Popular de Vendedores Ambulantes seguirá en pie de lucha hasta lograr la remunicipalización del agua.
Escuelas públicas de la capital, sin agua: CNTE
En tanto, el maestro Jorge Cabrera Cantenco denunció que en las colonias de la periferia de la ciudad de Puebla, como es el caso de Balcones del Sur, Castillotla y Guadalupe Hidalgo, no hay agua en las escuelas, o en ocasiones solo suministran una vez por semana.
“Tenemos que andar recolectando dinero con los padres de familia para llenar las cisternas, pero a veces hay hasta 3 mil alumnos y el agua no es suficiente para atender las necesidades básicas”, señaló.
El dirigente de la CNTE en Puebla sostuvo que el ayuntamiento de Puebla es responsable de garantizar el abasto de agua a las escuelas públicas, porque es una obligación del gobierno.
“Los padres de familia de no tienen la necesidad de andar realizando vendimias para sacar dinero y pagar pipas que cuestan hasta mil 200 pesos para que sus hijos”, informó, tras referir que se llegan a consumir hasta tres pipas por semana.
Llaman a la ciudadanía a promover amparos
Por su parte, el abogado Raymundo Reyes hizo un llamado a la ciudadanía a promover acciones jurídicas correspondientes, amparos para solicitar la restitución de servicios a quienes se les ha cortado y hacer denuncias por los delitos cometidos por la persona moral denominada Concesiones Integrales SA de CV.
“El título de concesión fue viciado, con dolo y mala fe con el fin de realizar un negocio, en complicidad con las autoridades que mantienen en secreto el contrato”, acusó de manera directa.
Argumentó que la finalidad de la privatización es convertir el agua en una mercancía, violando en lo particular y general los artículos 4 y 115 de la Constitución Mexicana.
En una operación sencilla, informó que en Puebla existen más de 450 mil familias que pagan en promedio 300 pesos mensuales por el suministro del líquido, lo cual representa 135 millones de pesos mensuales, es decir, mil 600 millones de pesos anuales.
Al respecto, concluyó, si se nulifica el contrato, la empresa alega que se pagarían 3 mil 500 millones de pesos por la rescisión, pero estos ya están más que pagados por el fraude cometido contra la ciudadanía y existen los elementos suficientes para echar abajo la concesión.