Integrantes del Comité Ejecutivo Municipal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) repudiaron la presencia de elementos de seguridad pública durante la marcha de trabajadores del 1 de Mayo, al asegurar que se trató de una muestra de intimidación “nunca antes vista” contra la clase laboral en el estado de Puebla.
Eloísa Vivanco Esquivel, secretaria de Organización; Miguel Torres Hernández, secretario de Finanzas, y Jorge Iván Camacho Mendoza, secretario de Jóvenes, afirmaron que la participación de uniformados en acciones de resguardo exhibió una vez más el autoritarismo y represión del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.
En conferencia de medios, vislumbraron la posibilidad de que los hechos intimidatorios del 1 de Mayo sean retomados durante la jornada electoral del 7 de junio, con el propósito de alejar a los ciudadanos de las urnas, principalmente en las comunidades que representan un foco rojo para la administración poblana, como la junta auxiliar de San Miguel Canoa, del municipio de Puebla.
El posicionamiento recibió el respaldo de los cuatro abanderados de Morena en la capital del estado, en voz del aspirante del Distrito XII, Rodrigo Abdala, quien acusó que el gobierno morenovallista no admite ningún tipo de postura contraria a la suya “aunque sea una voz de legítimo reclamo”.
Eloísa Vivanco explicó que el 1 de Mayo los contingentes de trabajadores, organizaciones y ciudadanos que marcharon para conmemorar el Día Internacional del Trabajo se toparon ante un zócalo sitiado en toda su periferia por un numeroso grupo de policías estatales y municipales.
En ese contexto, exhortó a todos los partidos políticos y candidatos “a asumir como su propia lucha la problemática que actualmente padece la sociedad en su conjunto”, como la demanda de libertad a los presos políticos, respeto a ejidatarios, propietarios y vecinos del Proyecto Morelos, así como la revocación de la concesión del servicio de agua potable.
Otra de las demandas que externó fue la derogación de la Ley de Transporte, de la reforma a la Ley de Expropiación que anula el derecho de audiencia previo a la toma del inmueble y de la Ley Bala, así como la devolución del registro civil a las juntas auxiliares, la cancelación de los proyectos de muerte en la Sierra Norte y el respeto de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores rescindidos del gobierno.