Muerte anunciada

Rubén Espinosa Becerril  y Nadia Vera Pérez, dos de los cinco asesinados en la colonia Narvarte del DF, denunciaron  que habían sido reprimidos por las mal llamadas fuerzas del orden de Javier Duarte, y que por ello habían salido de la entidad.

Al periodista lo apalearon en varias ocasiones (una el 14 de febrero de 2014, la cual denunció ante la CDFDH) y dijo que no quería ser “la próxima víctima”, según comenta su amigo y compañero de tareas, Noé Zavaleta, a Yuli García en El Universal Televisión (4 de agosto). Eso lo tenían muy claro varios  compañeros de oficio que lo apoyaban de diferentes maneras, incluso monitoreando sus pasos (Alejandro Meléndez, dixit).

Nadia, por su parte- hija de una poeta chiapaneca-, era  activista social y  participante del grupo #Yosoy132, fue agredida en Veracruz en 2012 y 2013, al participar en movilizaciones a favor de causas sociales. Tuvo relación con varios informadores, entre ellos Pedro Canché, a quien Roberto Borge encarceló nueve meses en Quintana Roo y es hora que el gobernador no se disculpa con Pedro no obstante una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).  Organización a la  que repetidamente  los mandatarios no le hacen caso.


Ahora sabemos que las otras víctimas son la señora Alejandra, que fue a asear la casa, una colombiana de nombre Nicole  y la estilista Yesenia Quiroz Alfaro.

La Procuraduría del DF ha tenido graves tropiezos. Primero dijo que la masacre se debió a un robo, algo que le pareció incorrecto a Joaquín López Dóriga (Milenio, 4 de agosto) porque no se mata con tal saña por un hurto. También señaló la dependencia capitalina  que no se podía hablar de persecución a un fotógrafo porque Rubén estaba desempleado, no obstante que colaboraba en  la revista Proceso y estaba por firma un contrato con la agencia Cuartoscuro, de Pedro Valtierra. Y  las imágenes de tres sujetos que abordaron un automóvil  Mustang, el cual dejaron en Coyoacán, dice que son borrosas y será difícil la investigación, aunque después se expresó que el dueño de un automóvil era Sergio Cervantes Conde. Al inicio no se planteó investigar al mandatario Duarte que presumía; “en Veracruz únicamente se roban frutsis y pingüinos” (sic endulzado)

Frente a esta nueva matanza, han protestado diversas organizaciones, entre ellas la CNDH, la CDFDH, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la SIP, Freedom House  y el asunto ha sido abordado con mucha atención por los diarios más importantes del orbe. Así pues, es una papa caliente que no será fácil de apagar.

Más aún, Miguel Ángel Mancera, jefe capitalino, no tiene ni debe cargar con los asuntos de Javier Duarte, que con el caso de Rubén suma 15 asesinatos impunes de periodistas y 37 que están exiliados. Y en el asunto de Nadia ya van una decena de activistas sociales ultimadas.

Uno de ellos que se encuentra en chilangolandía, Rafael Pineda, mejor conocido por Rapé, ha dicho que la cosa está tan grave que está pensando emigrar del país (La Calle, 4 de agosto). El monero es de los mejores y publica en el periódico Milenio.

Curiosamente, el 30 de junio, en un supuesto acto por la libertad de expresión, Duarte señaló que muchos periodistas estaban coludidos con el narcotráfico; que todos conocían a los involucrados y los llamó a portarse bien, ya que si ocurría algo grave a él lo iban a culpar y sacrificar. Rara intervención, ya que antes en dicho encuentros con tecleadores  rifaba hasta carros para los que lo adulaban. Señala bien Denise Meaker (El Universal, 4 de agosto), si algo sabía el funcionario su deber era castigar a los responsables y no hacerles advertencias.

Extrañamente, un columnista (El Universal, 3 de agosto), señala que según fuentes confiables el asunto de la masacre puede ser por líos de narcotráfico, debido a que entre las víctimas está una colombiana. Aunque sus informantes le dijeron mal el nombre de esa persona, a quien llamó Yesenia (sic), en lugar de Nicole.

A este tipo de periodismo lo considera, acertadamente, Julio Hernández López como “canalla” (La Jornada, 4 de agosto). Y es que aparte de matarlos ahora a Rubén y a Nadia, se les revictimiza, dudando de las causas que defendieron  y señalándolos como narcos.

Ello es sumamente preocupante.  Ambos, Espinosa y Vera,  señalaron  como desde la administración de Fidel Herrera Beltrán y ahora con Duarte Los Zetas se han adueñado del estado. Recordemos: los hijos de Enrique Peña Nieto fueron a Veracruz y sus escoltas se tuvieron que enfrentar con ese cártel que cobra derecho de piso  y continúa en el trasiego de las drogas.

Por eso actualmente los jarochos tienen dos peligros: los narcotraficantes y un gobierno ineficaz y hasta coludido con los malosos.

Carlos Puig (Milenio, 3 de agosto) dice que se han creado diversas oficinas para protección a informadores con nulos resultados. Y Jesús Silva Herzog (Reforma, ídem) señala que “la inseguridad del periodista es la inseguridad de todos”.

En México han asesinado del año 2000 a la fecha a 100 periodistas, más que en la guerra de Vietnam o las batallas en el Oriente  (Luis Prados, El País, 5 de agosto). Nadie de los funcionarios se hace responsable indagar mínimamente.

Tiene mucha razón Sergio Aguayo (Reforma, 5 de agosto): Es necesario un diagnóstico preciso de la situación de los periodistas en Veracruz, algo que deben realizar la CNDH y la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, hoy a cargo de Ricardo Nájera.

Esperemos que no pasen los días sin resultados claros, algo que sabemos ha ocurrido desde el asesinato de Manuel Buendía.

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