Con el respaldo del diputado federal Rodrigo Abdala Dartigues, el movimiento de Reconstrucción Social de Ajalpan va por la liberación de los 12 pobladores que se encuentran encarcelados por supuestamente haber linchado a dos encuestadores en octubre pasado, aunque dentro del desaseado proceso legal que el gobierno utilizó para poner en marcha el mando único en el estado, no existen pruebas que los inculpen (http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/10/20/linchanenajalpana2presuntosladronesdeninossuscuerposardieronenelzocalo/).
Así lo dio a conocer Liborio Juárez Temaxte, integrante de la agrupación, quien además demandó a la Fiscalía General del estado investigar la posible participación en el acto de Antorcha Campesina.
A medio año de los hechos y con un proceso legal estancando para frenar su liberación, dijo, se encuentran los 12 lugareños que fueron utilizados como “chivos expiatorios”.
El declarante relató a La Jornada de Oriente que el día de los hechos estaba encarcelado en la presidencia de Ajalpan, el líder regional de Antorcha Campesina (@antorchaoficial), a quien apodan “El Rojo”, quien habría operado el linchamiento.
Mientras, agregó que la empresa Marketing Estratégico, en la que laboraban los hermanos Rey David y José Abraham Copado Molina, es representante legal Jorge Morales Celis, familiar del dirigente antorchista en Puebla Juan Manuel Celis.
Argumentó que esta información es del dominio público, así como de los mismos trabajadores del ayuntamiento que estuvieron en las oficinas de la presidencia municipal, el día del linchamiento; además sostuvo que en esta semana, al cumplirse seis meses de que llegó a Ajalpan la Policía Estatal para tomar el control de la seguridad pública del municipio, se corrió el rumor del presunto secuestro de un menor (http://www.lajornadadeoriente. com.mx/2015/10/27/utilizagobiernocasoajalpanparaimponermandounicopolicialpueblalibre/).
Argumentó que esta versión es para que la Policía Estatal se quede más tiempo en la localidad, a pesar que su presencia no ha frenado la delincuencia.
Enumeró que después de la llegada de los agentes estatales a Ajalpan continúan los robos con violencia y asesinatos.
Como ocurrió, señaló, con un maestro que mataron, violaron y destazaron dentro de su vivienda, mientras otro vecino fue asesinado a balazos para robarle mil 200 borregos.
La semana pasada esta casa editorial dio a conocer que el presidente municipal Gustavo Lara Torres solicitó al gobierno del estado la permanencia de esa corporación en Ajalpan.
La solicitud la hizo debido a que cuando se envió a los policías estatales se indicó que iban a estar en el municipio solo durante medio año, pero ante la proximidad de las elecciones el alcalde consideró necesario que su estancia se prolongue otros meses.
El 19 de octubre de 2015 el gobierno de Puebla envió a más de 50 agentes de la Policía Estatal a Ajalpan, debido a la tensión que se vivía por el linchamiento de dos jóvenes encuestadores a quienes una turba enardecida confundió con secuestradores y decidió privarlos de la vida.
Irregularidades en la defensa legal de los 12 detenidos
En el tema legal, Liborio Juárez expuso que por órdenes del juez de Tehuacán no fue reconocida la defensa legal de los 12 pobladores de Ajalpan en prisión, acusados de ser los responsables de linchar a los hermanos Copado.
Dijo que esto obligó a que a los lugareños fueran defendidos por un abogado de oficio, lo cual sostuvo fue tomado por los agraviados como una estrategia del gobierno estatal para evitar que logren su libertad.
Expuso que los señalamientos contra los inculpados lo hicieron policías municipales y Esmeralda Temaxtle, directora de Comunicación Social del Ayuntamiento, tomando como prueba un video ilegible, sin una investigación de por medio; además, acusó que entre los pobladores que acusan de participar en el linchamiento está un joven con discapacidad motriz y mental, así como dos jóvenes que fueron detenidos a pesar que fueron confundidos por otras personas, que ni físicamente se parecen.
Este es el caso, agregó, de Juan Carlos Paredes de Aquino a quien confunden con Juan Pedro González, así como Alejandro Temaxtle Bravo con Alejandro Temaxtle Barbosa.
Al último, comentó que buscarán que el tema salga del ámbito estatal y nacional, pues el próximo 4 de mayo sostendrán un encuentro con el relator de la Organización de las Naciones Unidades (ONU), Michel Forst, a fin de que se documente el caso y se evidencie la intromisión del gobierno morenovallista en la detención de los jóvenes.