Luego de su criticada frase de que existía acoso de la sociedad a las fuerzas armadas, Enrique Peña Nieto ha dedicado su tiempo a preparar a su posible sucesor, José Antonio Meade, y a reunirse con mandos del ejército, su pilar básico durante su administración. En el último encuentro público con los militares, reiteró que era urgente aprobar la Ley de Seguridad Interior, la cual hace que la policía sea desplazada por los hombres de verde.
Pero además, le da posibilidades al ejecutivo a ordenar el estado de excepción sin mayores tramites, a intervenir en conflictos- las elecciones de 2018 serán, indudablemente, sumamente problemáticas- y a investigar a millones a su antojo- el caso Pegasus, no ha sido averiguado luego de varios meses.
Que desprotege los derechos humanos, lo muestra la preocupación de Luis Raúl González Pérez de la CNDH. Que no se hizo sin una consulta seria y a fondo, lo señala el Alto Comisionado de la ONU, Jan Jarab. Que no se le tomó en cuenta a los ciudadanos y a las organizaciones especializadas en temas de violencia y represión, lo puntualizan el CIDE, el INACIPE y el IIJ de la UNAM, entre otros.
Por ello el colectivo #SeguridadSinViolencia, que reúne a 264 organizaciones, anuncia una controversia constitucional para frenar dicha ley, que seguramente se aprobara por los votos del PRI, sus satélites y los amigos de Meade, los panistas Ernesto Cordero, Javier Lozano y otros, que de “rebeldes” tienen sólo el nombre y en realidad son borregos prianistas.
Curiosamente, Meade declaró ante priistas acerca de la controvertida propuesta: debemos hacer “nuestras las preocupaciones de las fuerzas armadas, y en unos minutos muchos de ustedes habrá de darle apoyo a esa nueva institucionalidad que requerimos con la Ley de Seguridad Interior”.
El “candidato ciudadano” (sic prinosaurio) ya dio color: se opone a la sociedad civil y a sus organizaciones.
@jamelendez44