Lunes, marzo 18, 2024

Merecemos recuperar la tranquilidad

Cartas a Gracia


Platicábamos por teléfono, Gracia, cuestiones de la vida diaria que provocan miedo en maestras y maestros en servicio. Como colofón a la carta que te enviara la semana pasada, consignaré algunas de ellas más adelante. Empero, antes de abordar el tema, no podría menos que desear un buen retorno a casa tras tu estancia de dos días en Baja California. Más tarde y con una tasa de café de por medio, me contarás las experiencias y las impresiones que te dejan maestras y maestros de esos lares, tras charlar con ellos. Y aunque no estuve presente, podría adivinar que en la sobremesa de la comida que compartiste con ellas y con ellos, cambiaron impresiones sobre la evaluación de permanencia y otros temas, vinculados con la reforma educativa. Lamento que te pierdas el primer debate que los suspirantes a la presidencia de la república, sostendrán hoy por la noche; pero, te enviaré comentarios para mantenerte informada. Gracias por esa postal de la bahía que me compartes; de ella resaltan la iglesia, el mar y las siglas de un candidato a la presidencia de la República.

Te confieso que me impacta recordar la conversación que sostuviera con la maestra Nelly, en octubre de 2017. Al margen de la experiencia violenta que sufriera a manos de un alumno del CAM en el que labora y que me compartiera, evoco que me habría advertido sobre los riesgos que implicaba –para maestras y maestros–, realizar las sesiones de los consejos técnicos y de capacitación a contra turno. El temor que externaba se vinculaba con la posibilidad de ser asaltada o agredida al salir de las diferentes sesiones; como ya sucediera con muchas de sus compañeras y compañeros. Tal pareciera que tendría como segundo oficio, el de ser una pitonisa, una adivina, cuestión que se ejemplificaría con la premonición del asalto, “tortura, violación y asesinato” –consignado en medios– que se cebara en una maestra de un bachillerato oficial que vivía y laboraba en la zona de Zacapoaxtla, Puebla. El penoso incidente que le privara de la vida acaecería en noviembre de 2017, al regresar a su casa al filo de las 10 de la noche; tras asistir a un curso obligatorio de dos días, conminado por las autoridades educativas. Curso que excedía con creces al nombramiento de 10 horas semana mes consignado en su nombramiento y por el que no le pagarían horas extras y mucho menos, viáticos. Tras el crimen, de los convocantes al curso ni sus luces, Gracia. No solo ignoraron la obligación moral de asistir a los deudos de su compañera de profesión. Tampoco externaron por medio de una esquela, un pesar que jamás tuvieron y mucho menos, demandaron el esclarecimiento del homicidio. Como sí lo hicieran quienes fueran familiares, vecinos, amigas, amigos y compañeras y compañeros de trabajo.

No es el único caso, Gracia. Medios de información consignan homicidios en contra de maestras –recientemente– en lugares tan distantes como Veracruz, Reynosa, Ciudad de México, Culiacán, Torreón, Minatitlán, entre otros, vinculados –en algunos casos–, al ejercicio docente. La violencia aqueja a maestras, maestros y a miembros de la sociedad civil en su propia casa, en la escuela, en el barrio o en la ciudad. Las escuelas han dejado de ser un “lugar seguro” para las y los estudiantes; un espacio en el que madres y padres de familia confiaban. El Instituto Nacional para la Evaluación dela Educación consigna que 6 de cada 10 estudiantes padecen violencia escolar (bullying) a manos de sus compañeros o compañeras y de ello dan testimonio en las redes sociales. 40 por ciento de las y los estudiantes entrevistados por la organización ChildFund Alliance, no se “siente seguro en la escuela”. La intimidación ha llegado al asesinato, en algunos casos. Los porcentajes de las alumnas y de los alumnos afectados, no disminuye con programas como Construye t (Educación socioemocional) que se imparte en muchos de los bachilleratos oficiales. En numerosas instituciones, la violencia llega de fuera y lo que sucede en la calle y en la casa se refleja en la escuela y en contra de ello, el personal docente se encuentra inerme, lo mismo que las niñas, los niños y los adolescentes afectados. En otros casos la violencia, ha sentado sus reales en planteles escolares.

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Así sucede en las zonas de influencia del huachicol en varias entidades de la República. Algunas niñas y algunos niños aspiran a convertirse en distribuidores de gasolina sustraída ilegalmente de los ductos de Pemex, sin importar el riesgo de lo que pudiera sucederles. Aspiran a ser huachicoleros como antes “ansiaban” ser narcos. Muchas y muchos “aspirantes” asisten todavía a las secundarias y a los bachilleratos; empero, el número de quienes han desertado crece constantemente al obtener un empleo remunerado como halconcitas o como halconcitos. Algunos docentes cuentan sus experiencias con los adolescentes que reproducen –en el salón de clase– una estructura de mando ajena a su condición de estudiantes. Señalan que las y los estudiantes que se encuentran al margen sufren consecuencias, como la marginación de sus grupos sociales. Maestras y maestros externan públicamente, Gracia, que en esas zonas –como en otras tantas del país– se les cobra “derecho de piso” por ejercer su profesión magisterial y piden la intervención de las autoridades. Se quejan por la forma cargada de metáforas sexuales en la que las y los adolescentes se expresan y de la que –señalan–, se relegan muchas y muchos de los menores que no quieren involucrarse. Mención por separado, merece la exigencia para que a estas y a estos jovencitos les otorguen “mejores calificaciones”, sin importar el bajo rendimiento escolar que les es característico. La pretensión la comparten madres y padres de familia; quienes de no contar con una respuesta favorable, amenazan con sacar a sus hijas e hijos de la escuela para que ésta tenga que cerrar.

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