Para el presidente en Puebla de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Antonio Quintana Gómez, quedan dudas sobre por qué el Congreso estatal aprobó hasta el final la armonización de la Constitución Política de Puebla con la de los Estados Unidos Mexicanos, que le permitirá a Martha Erika Alonso Hidalgo rendir protesta como gobernadora en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y no ante los diputados locales.
Dijo que si es verdad que tarde o temprano se debería avalar la modificación, no está claro por qué los legisladores actuaron de manera forzada antes de terminar su periodo.
“Sí son algunas dudas y algunas incógnitas que nos quedan. Se siente atropellado el tema que se haga al final, si es que debió haberse hecho ¿por qué no se hizo antes? Yo sí cuestiono esos temas”.
Agregó que el estado atraviesa tiempos incomodos e inciertos, debido a la impugnación de la elección de gobernador, lo que genera incertidumbre que en nada aporta al desarrollo económico y político.
El dirigente dijo que Puebla tiene una realidad y es que a Martha Erika Alonso se le entregó una constancia de mayoría, por lo que debe hacer reuniones para ir conformando su gobierno, en caso de que sea ratificada como ganadora de los comisiones del 1 de julio.
No obstante, dijo que es urgente que se esclarezcan todas las irregularidades del día de la elección; demandó que el gobierno del estado dé una respuesta.
“Exigimos que haya una solución pronta de estos tribunales y también exigimos a la autoridad local, al gobierno del estado que haya alguna solución, algún pronunciamiento. Sí esperamos una respuesta de los sucesos que pasaron ese domingo. ¿Quiénes eran? ¿Por qué lo hacían? ¿Quiénes fueron los que vandalizaron estas urnas? De esto sí estamos esperando una respuesta y sí nos ha quedado a deber creo yo el gobierno estatal al no dar seguimiento o consecuencia de esas investigaciones, desconocemos esas investigaciones, daría más certidumbre el que pudiera conocerse”.
Anuncian iniciativa “Reforma 102”.
La Coparmex Puebla se sumó a la campaña de recolección de firmas con las que pretenden que legisladores federales aprueben el nombramiento de un Fiscal General autónomo, que surja de la sociedad civil.
En todo el país tienen la meta de juntar 1 millón y medio de rubricas, las cuales serán entregadas en septiembre al Congreso de la Unión para que realice la reforma al artículo 102, a fin de que la elección de dicho funcionario no emane de una propuesta del Presidente de la República.
El planteamiento del centro empresarial es que por una última ocasión, el titular del Poder Ejecutivo federal mande una terna para elegir a un fiscal provisional, y después de tres años sea sustituido por uno surgido de los ciudadanos y por un periodo de seis años.