Si imponen a MEAH como gobernadora no pagaremos impuestos, advierten empresarios

FOTO: esimagen / Tania Olmedo

Un grupo de empresas de seguridad privada, encabezados por el capitán militar retirado Jorge Martínez Ovando, reconoció como gobernador electo a Luis Miguel Barbosa Huerta, aspirante por la coalición Juntos Haremos Historia, a quien dio su respaldo y dijo que de imponerse a la panista Martha Érika Alonso Hidalgo, como mandataria estatal, dará pie a una desobediencia civil pacífica, a través de la suspensión del pago de impuestos.

Además denunció que empresas de seguridad privada del hijo del gobernador José Antonio Gali Fayad, son beneficiadas con adjudicaciones directas para ofrecer el servicio en la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y otras dependencias.

En una entrevista concedida a una estación de radio por internet, informó que a Barbosa  Huerta presentaron un proyecto en la materia y pidieron la inclusión de la seguridad privada, como coadyuvante de la prevención del delito común.


“Lo reconocemos como gobernador electo de Puebla, pero si Moreno Valle nos quiere imponer a su esposa Martha Érika Alonso, muchos empresarios estamos dispuestos a no pagar impuestos y llevarlo directamente a la población”, advirtió.

Martínez Ovando explicó que las empresas de seguridad privada laboran con un permiso estatal; sin embargo, dijo que si las instituciones electorales convalidan el “fraude” en Puebla “no vamos a pagar impuestos y lo haremos directamente a la Federación”.

En ese sentido, el fundador de la organización Puebla en Lucha informó que se reunieron con el senador con licencia Luis Miguel Barbosa, a quien le plantearon “nos tomen en cuenta porque somos un eslabón importante en la seguridad pública”, sin percibir los mismos beneficios.

Jorge Ovando informó que la inseguridad ha ido en aumento en la ciudad de Puebla no sólo en la comisión de delitos, sino también existe un repunte en la creación de empresas de seguridad privada.

Lo anterior, aseveró, porque la ciudadanía dejó de creer en las instituciones, ante posibles nexos con la delincuencia organizada.

En cuanto a los exámenes de control de confianza, el experto en la materia opinó que no está en contra de que se apliquen a los policías privados, pero señaló que el gobierno debe poner el ejemplo, iniciando a evaluar a su personal y altos mandos.

Al respecto, comentó que las autoridades debieron iniciar por aplicar los exámenes a los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, como en su momento debió ser a Facundo Rosas Rojas, Jesús Morales y Manuel Alonso.

Con el gobierno de Antonio Gali Fayad reveló que se les impuso un pago de 4 mil 800 pesos por elemento, para tener derecho a examen de control y confianza; además manifestó que de no acreditar la mayoría de los uniformados la empresa sería dada de baja.

Actualmente, informó que en Puebla laboran 189 empresas de seguridad, de las cuales 59 se ampararon para evitar el pago del examen de control y confianza, por lo oneroso que representa; aunque admitió que el fallo difícilmente podrá salir a su favor, pues “muchos juzgados están amañados”.

Por otro lado, Jorge Ovando acusó que el gobernador de Puebla no aplicó estas mismas medidas a las empresas de seguridad privada de su hijo.

Señaló que tras una revisión a la plataforma 3 de 3, sobre la declaración patrimonial de Gali Fayad, el mandatario “no manifiesta el conflicto de intereses con los negocios” de su primogénito.

 

En ese sentido, sostuvo, “resulta que las empresas de Gali no hicieron ninguna licitación para la Ruta, cuando les conviene son del gobierno y cuando no, es privado”.

Ovando acusó que dos empresas del hijo del mandatario laboran para varias entidades de gobierno, donde fueron asignadas sin participar.

Ante lo expuesto, concluyó que las licitaciones para las empresas de seguridad son un fraude y una forma de extorsionar a las compañías. “Meten a 600 guardias con un salario bajo, en asignación directa, y aparentemente les pagan 13 mil pesos por cada elemento, pero no es así”.

Incluso, refirió que algunos policías auxiliares laboran con uniformes de la Secretaría de Seguridad del estado, porque suplen a los servidores públicos sin el mismo pago de por medio ni las garantías.

Estas acusaciones –admitió- le han valido varias amenazas por denunciar los actos de corrupción que se ejercen desde la policía auxiliar, a la que le compran patrullas, pagan nómina, “pero no sirven a la sociedad sino a la gente que paga sus servicios”.

Por esta competencia inequitativa, impulsada por el propio gobernador, se reunieron con el senador Luis Miguel Barbosa, a quien le presentaron un proyecto en la materia.

Falta de garantías y jornadas inhumanas, enfrentan policías en Puebla

En otro tema, el capitán Jorge Martínez Ovando pidió que se respeten los horarios laborales, pues la mayoría de los uniformados en Puebla trabajan jornadas extenuantes de 24 x 24 horas continuas y hasta más, cuando biológicamente el cuerpo no resiste.

“La jornada más pesada e inhumana es la de 12 horas. En lo que el compañero llega a su casa, por las noches, ya no ven a sus hijos, no conviven con sus familias, y los días francos a veces tienen que doblar turnos”, denunció.

En el caso de los salarios, opinó que los bien pagados cobran un promedio de 6 mil pesos quincenales, cifra a la que calificó de  “ridículo”; mientras que las empresas de seguridad sólo retribuyen 3 mil pesos como salario.

Argumentó que esto se debe a que los empresarios del ramo tienen que pagar en promedio 4 mil pesos en puro impuesto por cada elemento contratado, es decir, 2 mil por derechos y 2 mil más en seguridad social.

“Para el gobierno, la seguridad privada sólo es un medio para recaudar impuestos”

Al final, el capitán retirado del Ejército Mexicano dijo que a pesar del trabajo importante que realizan los corporativos privados para frenar el robo a transeúntes, negocios y casa-habitación, así como secuestro exprés, para el gobierno estas empresas no son más que un medio para recaudar impuestos.

“Las autoridades estatales nos excluyen de los programas de la prevención del delito,  cuando somos la base para enfrentar la delincuencia de manera directa”, enfatizó.

Jorge Martínez Ovando aseguró que si las autoridades reconocieran la labor de estas empresas se mejoraría sustancialmente la seguridad en ciudades como Puebla capital.

Por esta razón, comentó que solicitó a Barbosa Huerta que los corporativos privados trabajen de manera directa con la Secretaría de Seguridad Pública de estado, así como en los programas de delito común.

“Si hay coordinación con la Secretaría de Seguridad se podrían evitar muchos delitos menores en Puebla”, concluyó.