La candidata a la gubernatura de la coalición Por Puebla Al Frente, Martha Érika Alonso Hidalgo, exigió que el gobierno de la República que preside Andrés Manuel López Obrador, permita a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidir libremente sobre la nulidad de la elección de gobernador.
En una conferencia de medios que ofreció este mediodía acompañado de la dirigencia nacional del Partido Movimiento Ciudadano, la abanderada de la coalición Por Puebla Al Frente, consideró sospechoso que el magistrado ponente, José Luis Vargas Valdez, quien ha propuesto al pleno del TEPJF que se anule la elección de titular del Poder Ejecutivo en Puebla, se haya reunido antes de dar a conocer su proyecto de sentencia de nulidad, con la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
“Exhorto al gobierno federal a que se les permita ejercer con libertad su función jurisdiccional”, señaló la panista, acotando que fue el propio Vargas Valdez quien reveló el cónclave con la responsable de la política interior del país.
Por otra parte, Ócar Pérez Córdoba Amador, representante de la coalición “Por Puebla al Frente” y a su vez del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla, presentó un escrito en alcance a la solicitud de impedimento y recusación ante la presidencia de la Sala Superior del TEPJF, cuyo propósito es el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del magistrado José Luis Vargas Valdez, en virtud de que su conducta ilegal, no solo consistió en hacer del conocimiento público un asunto antes de discutirlo o resolverlo, sino que, el 3 de diciembre del año en curso, en Cancún, Quintana Roo, dicho magistrado participó en el evento inaugural de la Segunda Asamblea de la Red Mundial de Justicia Electoral, en el cual aprovechó los micrófonos y reflectores del foro, para abordar diversos temas del proyecto ilegalmente publicado que corresponden a la confidencialidad del expediente.
Vargas Valdez mantuvo en el centro de la discusión lo sucedido con el proyecto publicado en su cuenta de Twitter, lo que ha generado un auténtico juicio paralelo en la ciudadanía y en medios de comunicación, en torno a cómo deben resolverse los medios de impugnación multicitados, introduciendo a la agenda pública una visión subjetiva, sesgada, parcial y errónea del asunto.
Cabe destacar que el magistrado ha sostenido criterios sobre la manera en que deben ser valoradas las publicaciones de funcionarios públicos en redes sociales, y que podrían constituir o no responsabilidad para sus emisores; sin embargo, su actuar ha sido total y completamente contrario a sus declaraciones.
Tan es así, que el 30 de septiembre al resolver el asunto en el que Vargas fue ponente sobre la validez de la elección del ayuntamiento de Querétaro (SUP–REC–1452/ 2018 Y SU ACUMULADO), expuso lo siguiente:
“En ese sentido, lo que el proyecto estima es que la libertad de expresión, en el caso de los funcionarios públicos implica un deber y también un poder para comunicar a la ciudadanía cuestiones de interés público, lo que conlleva a que los servidores pueden emitir opiniones en contextos electorales, siempre que atiendan a los principios de imparcialidad, neutralidad en el uso de los recursos públicos, a efecto de que prevalezcan las condiciones de equidad entre los participantes en una elección.”