El matrimonio de los menores de edad. Su permisibilidad en casos especiales

Para la Magistrada Margarita Palomino Ovando.

Con cariño y reconocimiento

a su imborrable trayectoria


en el poder judicial.

 

El pasado 26 de septiembre, sobre el tema que hoy retomamos por el debate que ha generado el hecho de que los códigos civiles en el país proscriban los matrimonios de los menores hasta que cumplan 18 años, en acatamiento a lo previsto por el artículo 45 de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, publicada en el DOF del 4 de diciembre de 2014, que en su artículo segundo transitorio previene que las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, realizará las modificaciones legislativas para cumplir con aquél imperativo dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, expresé, cito textual: “…Las leyes secundarias en todo el país relacionadas con el matrimonio son congruentes en cuanto al hecho de homologar la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio, lo que no es óbice para que demos por sentado que el límite de edad para contraer nupcias sea insuperable y definitivo. Pensemos en el caso de dos jóvenes de 17 años de edad emancipados de facto en atención a que desempeñan un trabajo remuneratorio que les permite libremente administrarlo para sí y en beneficio de sus necesidades personales; que mantienen una relación sexual y afectiva, y que la menor de edad, producto de esta relación se encuentra embarazada ¿habrá que aplicar la ley a raja tabla?, y por ende, ¿al no contar con 18 años no podrán contraer matrimonio?, más aún, no formar una familia, y peor aún, ¿ser incapaces de registrar como hijo nacido dentro del seno familiar (matrimonio) al menor concebido pero no nacido? Bajo esa premisa, dónde quedan los derechos fundamentales emanados ya no del concepto legalidad (proceso legislativo), sino del concepto juridicidad (derecho externo), que tutela el derecho a la familia, el vivir en un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, y por lo que respecta al producto de aquella relación el derecho a vivir con un padre y madre casados, obligados a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas, entonces, el principio de ponderación es imperioso en cuanto a su observancia; por tanto, afirmar categóricamente que: nunca podrán contraer matrimonio los menores de 18 años representa un aserto que contraviene de manera ineludible lo previsto por el artículo 1, 4, 17 y 133 de la CPEUM, así como los protocolos relacionados con los derechos de los menores y las improntas emanadas de la jurisprudencia de la SCJN y de la CoIDH, así como lo dispuesto por el artículo 2 de la Convención sobre el Consentimiento para el matrimonio, en efecto la edad mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios, que previene: “…Los estados parte en la presente Convención adoptarán las medidas legislativas necesarias para determinar la edad mínima para contraer matrimonio. No podrán contraer legalmente matrimonio las personas que no hayan cumplido esa edad, salvo que la autoridad competente, por causas justificadas y en interés de los contrayentes, dispense el requisito de la edad…”.

Nos referimos a lo previsto por el párrafo octavo del artículo 4° de la CPEUM, en cuanto al derecho a la identidad y al derecho que los menores de edad tienen a ser registrados de manera inmediata a su nacimiento; hablamos del interés superior del menor, la no discriminación prevista en el artículo 1° de nuestro máximo ordenamiento legal, y afirmamos que aquella impronta posibilita el derecho (en casos especiales) de que menores de 18 años puedan contraer nupcias y con ello evitar una violación a derechos humanos y fundamentales que trasciendan en violación a garantías individuales, para concluir con la necesidad de ponderar los casos especiales en los cuales la dispensa de edad debe darse en casos especiales y la necesidad de velar por los derechos fundamentales y humanos de los menores atendiendo al principio de interpretación conforme y universalidad, los principios de convencionalidad, el difuso de la constitucionalidad, o continuamos aplicando a rajatabla disposiciones que si bien no pugnan con la constitución tampoco proscriben de manera total derechos a los menores de edad para contraer matrimonio en casos especiales.

Pues bien, el pasado mes de septiembre, el titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en Nayarit, Rogelio Alberto Montoya Rodríguez, otorgó un amparo a dos jóvenes menores de edad para que puedan contraer matrimonio y, derivado de ello, estén en condiciones de registrar a su hijo recién nacido ante el registro civil de aquella entidad.

“…Al resolver el juicio de amparo 1284/ 2016, sostuvo que en casos como este donde no existen indicios de que sea un matrimonio forzado, la aplicación de los artículos 144 y 354 del Código Civil de Nayarit, donde se exige la mayoría de edad para poder casarse, son inconstitucionales, en virtud de que vulneran los derechos de los quejosos a la igualdad, al desarrollo de la personalidad, a la identidad, y de acceso a la seguridad social.

En su sentencia, Montoya Rodríguez señaló que el acceso al matrimonio es en realidad “un derecho a otros derechos” que aumenta considerablemente la calidad de vida de las personas como son los de carácter económico y no económico.

Indicó que a partir del matrimonio civil se obtienen beneficios fiscales; de solidaridad; por causa de muerte de uno de los cónyuges; de propiedad; en la toma subrogada de decisiones médicas; y beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros.

En este sentido, dijo, negarle a las parejas menores de edad, que hacen vida en común libremente y que tienen un hijo, los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas mayores de edad a través del matrimonio, implica tratar a los primeros como si fueran “ciudadanos de segunda clase”.

El juez advirtió que la exclusión de los menores de edad del régimen matrimonial se traduce en una doble discriminación, ya que no solo se les priva de los beneficios mencionados; sino que también afecta en sus derechos a los hijos que han procreado colocándolos en un plano de desventaja respecto a los hijos cuyos padres son mayores de edad.

El juzgador sostiene en su sentencia que la aplicación de los artículos 144 y 354 del Código Civil para el Estado de Nayarit son inconstitucionales en virtud de que vulneran los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad y de acceso a la seguridad social.

El juzgador considera que exigir la mayoría de edad como única forma para lograr la celebración del contrato matrimonial, en casos como el presente, en donde no existe el menor indicio de que se trate de un matrimonio forzoso ni tampoco existe riesgo a su integridad física, psicológica o sexual, constituye una violación al libre desarrollo de la personalidad humana estando íntimamente relacionado con la libre modificación del estado civil de las personas.

Añade que el ejercicio del derecho humano a contraer matrimonio de manera libre y voluntaria no puede, por ningún motivo, conllevar la privación o restricción de otro, consistente en ser menor de edad.

En la sentencia se subraya que la libre decisión de los quejosos de vivir en matrimonio no puede estar supeditada al interés social de evitar matrimonios forzosos o que comprometan la integridad de los menores, cuando ellos han hecho vida en común de forma voluntaria y tienen un hijo recién nacido a pesar de su minoría de edad. “Impedírselos constituiría un innegable riesgo de lesión de la dignidad humana…” se lee en la sentencia.

“Negarles a las parejas menores de edad, que hacen vida en común libremente y que tienen un hijo, los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas mayores de edad a través del matrimonio, implica tratar a los primeros como si fueran ‘ciudadanos de segunda clase’”, dice la sentencia.

Más aún, si de hecho cumplen con las finalidades del matrimonio civil previstos en el artículo 135 del Código Civil de la entidad: vida en común, procurando entre ambos respeto, igualdad y ayuda mutua, por lo que el contraer matrimonio es el reconocimiento del Estado de una situación que de hecho existe…” (Fuente: diario La Jornada).

Como podemos ver, las afirmaciones hechas por mi parte son coincidentes con los considerandos rectores en que sustenta su resolución el juez nayarita, lo que no quiere decir que su punto de vista y el mío sean la biblia o el Corán, lo cierto es que la aporía surgida entre algunos abogados postulantes respecto de la imposibilidad taxativa e inmutable para que los menores de edad pudieran contraer nupcias es inexacta.




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