A petición de la Secretaría General de Gobierno (SGG), el Congreso del estado clasificó como reservada o “confidencial” la información sobre el proceso que guardan las 13 controversias constitucionales presentadas por el mismo número de gobiernos municipales contra el decreto que reforma la Fracción 6 del Artículo 12 Constitucional, la cual abre la posibilidad a la privatización del agua en la entidad.
Por desgracia se siguen repitiendo vicios del anterior sexenio, en el cual primó la opacidad y el respeto nulo al derecho de máxima publicidad y transparencia que ordena la Constitución General de la República y también la Carta Magna local.
En el caso que nos ocupa, la negación de información sobre las controversias constitucionales tramitadas por autoridades municipales para evitar la privatización del agua, hace que el Poder Legislativa contribuya a la desconfianza que hay entre los grupos sociales y las Comunas que han visto en las enmiendas al Artículo 12 una amenaza a al autonomía municipal, pero, sobre todo, un claro indicio de que el líquido sería entregado a la iniciativa privada.
En ese sentido es necesario volver a hacer un llamado a que la discusión sobre el destino que debe tener el agua sea abierta, transparente, incluyente, pero sobre todo basadas en verdades y certezas.