Martínez Veloz: podría haber confrontación social, política y jurídica en Tetela con la mina

Uribe Peña advirtió que la población de Tetela “no se quedará cruzada de brazos” a pesar de que la autorización de la Semarnat a la minera “fue una mala noticia”  -  Foto José Castañares
Uribe Peña advirtió que la población de Tetela “no se quedará cruzada de brazos” a pesar de que la autorización de la Semarnat a la minera “fue una mala noticia” – Foto José Castañares

 

El comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, adivirtió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que de no suspender el permiso que entregó a la minera Espejeras, que pretende buscar oro en municipio de Tetela de Ocampo, habrá “confrontación social, política y jurídica”.

Martínez Veloz recomendó por escrito lo anterior al titular de la Semarnat, Juan José Guerra Aboud, luego de que el pasado jueves la dependencia federal difundió la autorización del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) a la minera Espejeras, filial de Frisco, ambas del multimillonario Carlos Slim.


En el documento, del cual este diario tiene una copia, el comisionado de la Secretaría de Gobernación federal subrayó que la autorización a la minera viola el derecho de de la población indígena de Tetela a ser consultados sobre este proyecto.

Además, el Estado mexicano podría ser demandado ante cortes internacionales por la violación de las garantías que tienen los pueblos originarios del país, mismos que están consagrados en la Constitución y en tratados internacionales.

Martínez Veloz advirtió en la misiva enviada a Guerra Aboud que la búsqueda de oro y plata en este municipio de la Sierra Norte de Puebla, “se trata de un proyecto elaborado a espaldas de la población” y que de no echarse abajo traerá consigo “una confrontación social, política y jurídica, ante las reiteradas muestras de rechazo por parte de Tetela”.

La Gaceta Ecológica, órgano de difusión de la Semarnat, publicó el pasado jueves la autorización del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), con carácter “particular” bajo la clave 21PU2012MD070, por lo que desde el 1 de octubre pasado Espejeras puede ingresar a este municipio para localizar el metal.

Espejeras pretende realizar 27 perforaciones con barreno y barreno con diamante, en un área de menor a 2 hectáreas en Tetela, y por ello necesitaba el permiso de la Semarnat. En caso de que los resultados sean positivos, ahí se abriría una mina en un radio de 2 mil hectáreas.

Sin embargo, la respuesta que ofreció por escrito Martínez Veloz el viernes pasado a la Semarnat fue contundente, y subrayó que la autorización que esa dependencia federal aplicó a favor de la minera de Slim no cumple con las disposiciones legales, pues perjudica directamente a la población indígena de Tetela.

Al secretario Guerra Aboud le señaló que las garantías de los pueblos indígenas y campesinos están basada en las jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “que a raíz de la resolución de la tesis 293/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen un carácter vinculante y son de observancia obligatoria para los órganos públicos de nuestro país”.

Martínez Veloz subrayó que cuando la Semarnat autorizó el permiso a la minera Espejeras no se garantizó el derecho que tienen los habitantes del territorio indígena a la consulta sobre los efectos del proyecto, así como y a la identidad cultural de los pueblos, en los términos del artículo 21 de la Convención Americana, ya que la dependencia federal consintió permitir la exploración y explotación minera en su territorio, sin haberle consultado previamente.

“Por lo anterior, y atendiendo a que nuestro país forma parte del Sistema Interamericano de Justicia, el Estado mexicano puede enfrentar demandas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, y quedar obligado a pagar la reparación de los daños”, subrayó.

En su misiva, el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas del gobierno federal aseguró que la recomendación de suspender ese permiso tiene como propósito dar cumplimiento al Convenio General de colaboración en materia de Derechos Humanos, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación federal firmaron el 6 de junio pasado.

Le recordó a Guerra Aboud que en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno federal se señala en el capítulo “México Incluyente” que una política adecuada para la acción indígena debe ser concebida desde la interculturalidad y el diálogo entre todos los pueblos originarios.

Asimismo, destaca que este capítulo aborda que la diversidad de los pueblos indígenas debe ser “motivo de armonía, respeto, igualdad y justicia en la que se escuchen las necesidades de este sector de la población. De lo contrario, se corre el riesgo de implementar políticas de tutelaje y asistencialismo que poco ayuden al desarrollo integral de los pueblos indígenas”.

En ese sentido, expuso que el en la estrategia 2.2.3 de ese plan nacional se plantea fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos