Marín cumplió “insatisfactoriamente” la recomendación por el caso Cacho: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró que el priista Mario Marín Torres, en su momento gobernador de Puebla, no dio cumplimiento satisfactorio a la recomendación que el organismo le emitió por las violaciones a las garantías universales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

Luego de que la semana pasada el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) determinó que el Estado Mexicano vejó la autora de Los Demonios del Edén, el poder que protege la pornografía infantil, la CNDH emitió un comunicado en el que recalcó:

“Cabe señalar que este organismo nacional conoció de los hechos descritos y, en su momento, emitió la recomendación 16/2009 a los entonces gobernadores de Puebla y Quintana Roo, al advertir una serie de violaciones a los derechos humanos de la periodista, quienes tuvieron un insatisfactorio cumplimiento en su atención. Es necesario destacar que la CNDH se ha pronunciado en distintos momentos por la despenalización de los delitos contra el honor, (difamación, calumnias e injurias), o aquellos que puedan ser utilizados en contra de quien ejerce la libertad de expresión.


“A pesar de ello, en Campeche, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Yucatán y Zacatecas aún existen tipos penales que pueden ser utilizados en contra de periodistas o defensores de derechos humanos que en ejercicio de su libertad de expresión señalan la mala actuación de los servidores públicos o particulares”.

Y agrega: “La CNDH saluda la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU al constituir un precedente importante sobre distintos derechos y al establecer criterios claros sobre la no utilización del derecho penal para castigar a defensores y periodistas por hacer uso de la libertad de expresión”.

Destaca también “la acción decidida de organizaciones de la sociedad civil como Article 19, que plantean casos o realizan litigio estratégico ante los organismos y tribunales internacionales, así como las resoluciones que determinan la responsabilidad del Estado por parte de estos últimos, deben constituir parte de la normalidad democrática de México y ser vistas como herramientas para mejorar el servicio público y evitar la repetición de las violaciones a derechos humanos como las aquí descritas”.

Destaca que, al analizar los hechos relacionados con el caso y los alegatos presentados por el Estado Mexicano, el Comité advirtió distintas irregularidades cometidas por autoridades mexicanas y determinó que el trato al que fue sometida la periodista durante su traslado de Quintana Roo a Puebla constituyó una violación al artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

También determinó que los tratos que sufrió Lydia Cacho tuvieron un objetivo discriminatorio por razón de sexo, a la luz de los comentarios sexuales vertidos y del trato y la violencia de género infligida, lo que constituyó una violación del artículo 3 del Pacto que ordena a los Estados garantizar la igualdad en el goce de derechos a hombres y mujeres.

Con relación a la detención de la periodista por los delitos de difamación y calumnias a partir de la publicación del libro Los Demonios del Edén, en el que señaló la participación de autoridades públicas y empresarios de alto nivel en calidad de responsables o encubridores de una red de pornografía infantil, el Comité indicó que la difamación nunca debería conllevar una pena de privación de libertad como castigo, por lo que toda detención con base en cargos de difamación nunca puede considerarse una medida necesaria ni proporcional, lo que vulneró su derecho a la libertad de expresión contenido en el artículo 19 del pacto.