A 10 años de la represión de Mario Marín, en Azumiatla le piden a Barbosa haga justicia

A 10 años de su detención, campesinos de la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, que fueron encarcelados por oponerse al despojo de sus tierras ejidales que ahora colindan con el residencial Lomas de Angelópolis, solicitaron al gobernador electo Luis Miguel Barbosa Huerta se revise su situación legal y se haga justicia.  

En entrevista, Emigdio Santamaría Orta, uno de los agraviados, informó que dos de los ejidatarios fallecieron en la cárcel porque la autoridad les negó la libertad.

Por esta razón, dijo que buscaron la asesoría del abogado Luis Soriano Peregrina, a fin que el caso no quede impune con la llegada de un gobierno de izquierda al estado de Puebla.


Santamaría Orta informó que después de una década de los hechos violentos continúan yendo a firmar al penal de San Pedro Cholula.

“Estamos firmando y firmando y no nos dicen para cuándo quedaremos libres; una persona de nombre Martín Tomé Villalba nos quitó nuestras tierras, es un empresario dedicado a sacar piedra”, denunció.

El campesino dijo que están analizando no sólo recuperar las 520 hectáreas de las que fueron despojados, sino exigir una indemnización por estos 10 años que dejaron de cultivar maíz, así como castigo a los responsables.

 

Emigdio Santamaría recordó que en el sexenio del priista Mario Marín Torres fueron detenidos de manera violenta y arbitraria, incluido un menor de edad y una embarazada, que se opusieron a entregar sus predios.

En respuesta, informó que interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH), pero esta nunca procedió.

Por el contrario, acusó que en ese entonces en la CDH les pidieron que entregaran los documentos de propiedad de las tierras, para después engañarlos.

“En Derechos Humanos nos pidieron los papeles y nos dijeron que éramos los verdaderos dueños, pero nos engañaron”, señaló.

Aclaró que en las tierras que eran propiedad de varios campesinos, inicialmente se iba a construir una carretera. Después, refirió pasó a manos del empresario Martín Tomé, dueño de la empresa Triturados Basálticos.

La madrugada del 25 de abril de 2009, medio millar de policías ingresó de manera violenta a la comunidad de San Andrés Azumiatla, perteneciente a la ciudad de Puebla, y se enfrentó contra los pobladores para rescatar a cuatro topógrafos retenidos, quienes eran amenazados con ser linchados.

Lo anterior, debido a la oposición de los campesinos a la construcción de una carretera que nunca se les consultó, de acuerdo con la averiguación previa número 301/2009 de la Dirección Metropolitana Sur.

Aunque agentes y pobladores intercambiaron disparos de armas de fuego no hubo heridos de bala; sin embargo, dos camionetas de la SCT fueron quemadas por jóvenes y decenas de lugareños fueron golpeados y heridos con macanas; algunos quedaron bañados, literalmente, en sangre.

Un jefe de grupo de la Policía Judicial, Rubén Ramírez Hernández, sufrió un infarto tras el enfrentamiento el cual terminó por causarle la muerte.

Esa ocasión, la entonces alcalde Blanca Alcalá Ruiz repuso que la carretera “es un proyecto estatal y por ello corresponde al gobierno de Mario Marín resolver los conflictos que ocasiona”.

Igualmente, Alcalá Ruiz negó la detención del presidente de la junta auxiliar de Azumiatla, Sabás Escalona Morales, y aseguró que éste sólo rindió declaración ante el Ministerio Público. 

El viernes 24 de abril, dos trabajadores de las empresas Gerlus y Proicot realizaron algunas mediciones como parte de las obras de ampliación de la Avenida 11 Sur a la comunidad de Santa Clara Ocoyucan; llegaron hasta un predio y fueron retenidos por los integrantes del Comité de Vigilancia ejidal de San Andrés Azumiatla que realizaba rondines para evitar nuevas invasiones.

Por la tarde, pobladores exigieron que los retenidos fueran sacados de la presidencia auxiliar y rociados con gasolina en la plaza pública de este lugar. Fue entonces que a la 1 de la madrugada del sábado 25 de abril ingresó la policía estatal y municipal para rescatar a los topógrafos, en un enfrentamiento contra los ejidatarios que por fortuna no dejó resultados funestos.