Jueves, marzo 28, 2024

Marcha en el DF exige esclarecer y dar cárcel a responsables del asesinato de niño en Chalchihuapan

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Una delegación de poblanos del Movimiento por la Alternativa Social (MAS), El Barzón, la Central Campesina Cardenista (CCC), la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre” y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) marcharon en la Ciudad de México para exigir al gobierno federal su intervención en el esclarecimiento del asesinato del niño de Chalchihuapan, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.

La megamovilización fue convocada por organizaciones sociales y campesinas, con presencia de casi todos los estados del país, que tuvo como demanda central la reactivación de los recursos para el campo y la defensa de la soberanía alimentaria.

En entrevista con La Jornada de Oriente, Ricardo Jiménez Ávila, uno de los dirigentes del MAS en Puebla, informó que también solicitaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) se frene la brutal represión del gobierno de Rafael Moreno Valle, que ya cobró la primera de sus víctimas, bajo el amparo de la llamada #LeyBala.

Denunció que esta represión desmedida se ha generalizado en el estado, desde rincones de la Sierra Norte, con los opositores a las minas, hidroeléctricas y proyectos eólicos, hasta el área metropolitana y la zona de los volcanes, con operativos feroces contra el decomiso de mototaxis y la construcción forzada del gasoducto Morelos.

“La barbarie de la administración morenovallista no mide consecuencias; ya mató al niño de Chalchihuapan y mantiene en la cárcel a 31 pobladores y luchadores sociales por manifestar sus ideas en su contra, violentando con ello sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y manifestación”, reclamó el dirigente.

Como parte del pliego petitorio que entregaron las organizaciones campesinas, informó que se exigió a la Segob la liberación inmediata de estos 31 presos políticos recluidos en diferentes penales de la entidad, quienes purgan condenas de hasta medio siglo, por delitos “fabricados”.

La marcha partió de la Estela de Luz, en la avenida Reforma de la capital del país, y avanzó a las oficinas de la Segob, en Bucareli, donde se concluyó la concentración masiva.

Otras de las demandas que abordaron en la movilización fueron la reforma del campo, los derechos humanos y las leyes reglamentarias de la reforma energética.

Opinó que el campo es un asunto de seguridad nacional y un tema incluso más importante que la reforma energética “porque hablamos de los alimentos, que son la energía del ser humano y un derecho constitucional”.

Sobre la reforma energética, Ricardo Jiménez manifestó que además de exigir una verdadera reforma al campo, que acote el monopolio de empresas como Bachoco, La Costeña y Monsanto, también se denunció la técnica para la explotación de gas en varios estados del país, incluido Puebla.

“El gasoducto Morelos va a provocar un grave agotamiento de los mantos acuíferos, derivado de la ocupación indefinida de empresas transnacionales en tierras de cultivo hasta que se extraiga la riqueza del subsuelo en su totalidad”, reprobó vía telefónica.

Relató que alrededor de las 15 horas, ingresaron un centenar de dirigentes de diferentes estados a la Secretaría de Gobernación para dialogar con las autoridades, mesa de negociación que encabezó el líder nacional de la CCC, Max Correa.

Adelantó que como parte de este primer encuentro se logró que el próximo martes se defina la comisión de dirigentes que entrará a dialogar con el presidente Enrique Peña Nieto, el día 8 de agosto, donde se hable del tema del niño de Chalchihuapan, la violación a los derechos humanos en Puebla, la libertad de sus presos políticos, y las afectaciones de los megaproyectos al campo poblano, donde estará incluido el caso del gasoducto Morelos.

Entre las demandas, adelantó, se encuentra que se tome en cuenta el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que los propietarios de las tierras sean consultados sobre la utilización de sus terrenos para la extracción de hidrocarburos, con el fin de que campesinos e indígenas sean favorecidos y existan salvaguardias ambientales.

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