Luego de casi un año inició la averiguación previa por una niña prostituida en Puebla

Este 2016 ha sido un fatídico año para la familia Romero Tezmol, desde el 13 de enero su hija de 11 años desapareció de su domicilio en San Pablo del Monte, Tlaxcala, y la única pista que tuvieron fue una llamada de que fue vista en un hotel del Centro Histórico de Puebla.

Durante todo el año la familia peleó para que los estados de Puebla y Tlaxcala, y después la Federación, buscará a la niña que desapareció cuando iba camino a su escuela.

Fue hasta finales de este año cuando el Tribunal Judicial de la Federación amparó a la familia para que su caso no fuera archivado y dejado en el olvido, luego de que el Ministerio Público de Tlaxcala se negó a iniciar una averiguación previa.


Hasta noviembre pasado para la Procuraduría General del Estado de Tlaxcala la desaparición de una niña de 11 años ameritó solo el levantamiento de una Acta Circunstanciada, y nunca se procedió a una investigación a fondo de los hechos hasta que lo obligó el Tribunal.

Desde la primera vez que los padres de la menor interpusieron la denuncia la Procuraduría de Tlaxcala catalogó el hecho como “ausencia de la menor”, sosteniendo la hipótesis de que Karla se “fugó con el novio”, incluso que había huido de casa por problemas familiares, situación que agravó más la salud emocional de su madre.

Estas suposiciones de la Procuraduría ignoraron el mayor temor de la familia: que Karla fuera víctima de la trata de personas. Esto a pesar de que el municipio San Pablo del Monte forma parte del conocido “corredor de la trata”.

Por si esto fuera poco, el estado de Tlaxcala tardó 21 días en emitir la alerta Amber, además de cometer otras irregularidades como la destrucción de evidencias.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) asegura que no existen garantías de que hoy en día se busque a los menores desaparecidos. Por ello desarrolló un reporte de niños desaparecidos durante el periodo 2006–2014, basándose en información procesada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y que se obtuvo del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, a partir de esto se determinó que en el país se ha registrado la desaparición de 6 mil 725 menores de edad.

En el reporte se detalla que Puebla forma parte de uno de los tres corredores del país por donde se trafican niños que fueron reportados como desaparecidos, esto se refuerza con la estadística que ubica al estado en el sexto lugar por el número de víctimas y a la capital el séptimo municipio de todo México con el mayor número de víctimas, 169 menores en ocho años.

Pistas de Karla en Puebla

Al igual que en Tlaxcala, en Puebla tampoco hubo mucho apoyo de parte de las autoridades judiciales, pues a pesar de que en una llamada anónima que la familia recibió se les dijo que había sido vista en uno de los hoteles de la 14 Poniente, en Puebla tardaron en atender a la familia.

Estas circunstancias obligaron a los padres y familiares a realizar acciones de búsqueda e investigación por su cuenta. Lo primero fue imprimir hojas con su fotografía y rasgos generales, así como un número telefónico para que se pudieran comunicar quien tuviera información sobre el paradero de su hija. Recibieron llamadas de todo tipo: bromas, amenazas, consuelo, apoyo moral y, entre ellas, una pista que ubicaba a Karla en el estado de Puebla.

Uno de los tíos de Karla que se decidió a buscar por su cuenta en los hoteles de Puebla, luego de una llamada recibida, se enteró de que las trabajadoras sexuales de la 14 Poniente en el centro de Puebla son informadas con anticipación de los operativos que se realizan supuestamente contra la trata de personas, por lo que alertan a sus clientes de no poder atenderlos en ciertos hoteles. Por este motivo la familia decidió no informar en primera instancia a la autoridad y permanecieron la madrugada del 3 de febrero afuera del Hotel Río, en donde presuntamente estaría la menor, sin tener éxito en su velada.

De regreso en Tlaxcala, los policías a cargo de la investigación ya los esperaban afuera de su casa para cuestionarlos sobre su presencia a fuera de los hoteles del centro de Puebla y todavía les dijeron “ya los tienen ubicados, hasta fotos de ustedes”, según narró la familia.

Desde entonces los padres de Karla no han tenido mayor información, a pesar de que tanto la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala como la Fiscalía General del Estado de Puebla trabajan en la búsqueda de la menor.

 La familia permanece incompleta

La casa de Karla en San Pablo del Monte se ha paralizado, su padre Iván dejó su trabajo de albañilería y su madre Olga no ha abierto la estética que lleva el nombre de su hija, Karla.

La familia tiene dos hijos más, una de ellas es un bebé y el otro hijo de nueve años todavía no se recupera de la incertidumbre de saber en dónde está su hermana. Él fue el primero en tener la noticia de que su hermana no había llegado a la escuela el miércoles 13 de enero cuando fue a la primaria a llevarle su torta a Karla a la hora del recreo, debido a que ese día él no había tenido clases.

De acuerdo con su madre, su hijo era tímido y le daba miedo quedarse solo en la casa, y a partir de ese día esa situación se ha acentuado.

Esa mañana del 13 de enero Olga la recuerda bien; llovía y su hijo recién nacido estaba agripado, por eso no pudo llevarla a la escuela, su hijo de nueve años tampoco fue.

Karla le dijo a su mamá que se iría sola a la escuela caminando, Olga lo pensó dos veces y le dio su celular para que le avisará cuando llegara, pero nunca llamó.

Aunque se quedó con la preocupación su madre tampoco llamó al teléfono móvil para no interrumpirla en sus clases y a la hora del recreo mandó a su hijo a que le llevará un almuerzo a su hermana. Fue entonces que se enteraron que Karla no había llegado a la escuela.

Ante todos estos hechos, Miriam Pascual, abogada de la familia, asegura que el caso de Karla Romero Tezmol no es un hecho aislado, representa el peregrinar institucional de las familias de desaparecidas, la impunidad, las deficiencias en las investigaciones y la falta de capacidad de servidores públicos para desempeñar sus cargos con apego a los derechos humanos, la debida diligencia y constitucionalidad.