Dar por sentado que la ley penal tutela o protege genera una falsa seguridad y fomenta la hipocresía legislativa.
Eugenio Raúl Zaffaroni
En la actualidad encontramos que la totalidad de los males del Estado desde la seguridad publica hasta la seguridad social, de la estabilidad económica hasta la extrema pobreza, la credibilidad de sus políticas públicas que se llaman: legitimidad, se resuelven con un gran cargamento de leyes, para cada problema una ley, o una reforma legislativa, las cuales se han enfocado a dos dificultades principalmente, el económico que consiste en la falta de recursos en las arcas de la nación, y en segundo lugar, la seguridad pública. Ambos, se resuelven con la misma medicina: una serie de medidas legislativas del derecho tributario y del derecho penal, como si no hubiera otras ramas del derecho.
El caso de los problemas recaudatorios, observamos las leyes tributarias que cuentan con mayores cargas a los contribuyentes, no simplemente de pago de impuestos, aumento de tasas y cuotas, sino adicionalmente, una serie de obligaciones consistentes en información que deben de proporcionar veraz y oportuna a las autoridades fiscales de sus clientes, proveedores, montos, actividades, fechas, tipos de operaciones, so pena de una sanción de la cual el Estado se las ha arreglado para que fuera de su constitucionalidad, ahora se trate de todo un catalogo de castigos sistemáticos: multas, pérdida de derechos, –como sucede para deducir un gasto– embargos de cuentas bancarias y de las cuentas por cobrar a sus clientes, envío de los datos del contribuyente como deudor moroso en el buró de crédito, cancelación de la autorización para emitir comprobantes fiscales, comunicación masiva en las listas electrónicas de la autoridad fiscal para informar el estatus “negligente” del contribuyente, etcétera, es decir, una legislación tributaria ofensiva que deja al gobernado en estado de inanición, sin solvencia económica alguna, y menos aun moral. Así, a un simple contribuyente que se le imponen ese catálogo de sanciones administrativas, no tiene otra opción que arroparse en la informalidad, es evidente que hace falta en el derecho administrativo sancionador, considerar que las referidas sanciones administrativas no son para ahogar al gobernado, pues en la doctrina resultan de menor gravedad que las sanciones penales, y que el objetivo de las mismas no es inocuizarlos como en el campo penal, sino incentivar a que se comporten en la formalidad, que resulte más fácil, sencillo y barato en lugar de la informalidad, pero hoy las leyes se han encargado de que suceda todo lo contrario.
Por su parte, en el caso de la seguridad publica, se resuelve con el mismo medicamento, con leyes que buscan el incremento de los tipos penales, y las penas, que a decir del profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, “Poco importa para nosotros para que sirve la pena, porque casi no la aplicamos, dado que para penar nos arreglamos con el código procesal… los peligros que nos acechan son las ejecuciones sin proceso, las desapariciones de las personas, los delitos cometidos con amparo de personal del propio Estado… las muertes de transito, la violencia familiar, los abusos del poder fiscal …” (En Prologo de Derecho penal en la sociedad del riesgo Editorial Ibáñez, Bogota, 2009) y estos últimos, en realidad no se solucionan con reformas y abundantes leyes por el Estado, pero justifica su existencia, y por ello ante ambos problemas la respuesta es la misma. En resumen, el mismo método: La legislación belicosa, agresiva, provocadora, que hace del delincuente un verdadero enemigo del Estado y de la sociedad, cita al respecto el español Daniel Innerarity: “Los actores políticos están continuamente apagando fuegos y no consiguen formular objetivos a largo plazo… Las falsas urgencias se multiplican y se extienden la presión de actuar inmediatamente.” (Innerarity, Daniel. El Futuro y sus Enemigos. Ediciones Paidós. España, 2009) y por ello, la forma de resolver más rápido o de hacer pensar que, se han tomado las mejores medidas, para la opinión pública, es la creación de leyes y más leyes como si fuera aquella enfermedad posmoderna denominada: Bulimia.
Es evidente que, si la bulimia es una enfermedad que consiste en el exceso de comida, y no contenerla, esto es, sin un limite sobre ese instinto, el problema del Estado actual es la bulimia tributaria y penal, pues estas ramas del derecho son las herramientas suficientes para resolver cualquier problema, dando la impresión que no existe otra rama del derecho que aplicar, por ello es que, ante toda problemática la respuesta es más control por medio de los impuestos, y la creación de mayores delitos cada día con penas más represivas, por lo cual los males del Estado pos moderno, se llaman: Bulimia Tributaria–Penal, afortunadamente tiene solución, en palabras del jurista español Manuel Atienza, respecto a la importancia del derecho ante el poder del Estado: “El derecho bien entendido tendrá que servir precisamente para poner límites al poder de esas autoridades.” (Atienza, Manuel. Podemos hacer más, otra forma de pensar el derecho, Editorial Pasos Perdidos, España, 2013) Ahora, corresponde lo más complicado, su aplicación.