Los gastos y costos. Y dos casos interesantes

Para Miguel Ángel De Martino Gutiérrez, espléndido maestro del sistema acusatorio, jurista y amigo.

 

“El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando”.


Eduardo J. Couture.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que las violaciones al procedimiento de reformas o adiciones a la Carta Suprema son susceptibles de análisis por el Pleno de la Corte, así como los casos relevantes a saber: Castañeda Gutman; Camacho Solís; los Intelectuales; entre otros, fueron sujetos a exhaustivas argumentaciones de los Ministros para determinar su procedencia, en cuanto a la impugnación al proceso de reforma y al texto de una norma Constitucional.

En el primer caso, la SCJN tomó la decisión razonada de confirmar el sentido de la sentencia del juez de distrito que fue recurrida. Esto significó que el juicio de amparo fue considerado improcedente, lo que determinó su sobreseimiento definitivo. La decisión de la Suprema Corte fue tomada por Castañeda como base para considerar agotados los recursos internos y poder plantear el asunto en el ámbito internacional (Amparo en contra del texto del artículo 41 de la Carta Magna).

Hay que recordar que Jorge Castañeda en su calidad de aspirante ciudadano a la presidencia de la República no obtuvo el registro por aplicación estricta a lo previsto en el artículo 41 de la Constitución General de la República, es decir que para acceder al registro como candidato a la presidencia de la República, lo tenía que hacer por conducto de un partido político nacional.

Ferrer McGregor transcribe los puntos resolutivos tomados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 6 de agosto de 2008, que por unanimidad declara que el Estado mexicano violo, en perjuicio del señor Jorge Castañeda Gutman, el derecho a la protección judicial consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana; que el estado mexicano no violo, en perjuicio del señor Jorge Castañeda Gutman, el derecho político a ser elegido reconocido en el artículo 23.1.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni el derecho a la igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, respecto del derecho de protección judicial consagrada en la Convención Americana, por unanimidad se resuelve que la sentencia per se constituye una forma de reparación y abunda que debe en un plazo razonable considerar la adecuación de su derecho interno a la Convención, de tal forma que ajuste la legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos del ciudadano, amen, de imponer la obligación para que se publique en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional los párrafos 77 a 133 del fallo y condena al estado mexicano a pagar a Jorge Castañeda Gutman, gastos y costas en un plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la sentencia para que en ejercicio de las atribuciones y en cumplimiento de los deberes de la Corte Interamericana y conforme a la Convención Americana dar por concluido el caso, una vez que el estado mexicano haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en los resolutivos citados con el consabido requerimiento para que en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la sentencia se rinda a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. El fallo fue redactado en español y en ingles haciéndose fe del texto en español en San José de Costa Rica.

En el segundo caso el debate fue más allá. Las votaciones fueron contradictorias y arrojaron una conclusión: consideraron procedente revocar la sentencia recurrida que decretó el sobreseimiento en el juicio y, ante la ineficacia de los conceptos de violación, negaron el amparo al quejoso Manuel Camacho Solís respecto de los actos reclamados relacionados con el proceso de reforma constitucional, cuyo decreto promulgatorio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis.

El tiempo y los resultados de los casos aludidos resuelven la aporía de algunos justiciables para tener o no los derechos que preconizan los artículos por el artículo 1° constitucional en relación con el 133, ambos de la CPEUM en materia de un acceso verdadero a la justicia y el derecho a tener siempre un recurso justo en contra de los fallos que pronuncien las autoridades jurisdiccionales.

Por lo que hace al fallo pronunciado en el caso Castañeda Gutman, los gastos y costas a los que fue condenado el estado mexicano representan simplemente una compensación por denegación de justicia y que se refiere a la necesidad que tuvo el ex canciller mexicano para contratar un despacho de alto nivel que contara con abogados postulantes y juristas de gabinete que litigaran el asunto de sus aspiraciones hasta llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como en efecto sucedió.

Es evidente que, aquellos servicios profesionales del o de los despachos contratados por Castañeda Gutman no solo conllevan la erogación de diversos gastos en el sentido estricto de la palabra incluyendo el tiempo que destinó el litigante junto con sus patronos y o asesores jurídicos para la confección de los procedimientos necesarios para alcanzar sus objetivos, y en su caso contender de manera independiente a la presidencia de la República –de cierto, de haberlo logrado, hubiéramos tenido a Jorge Castañeda como presidente de la República y con sus agallas, firmeza, determinación e inteligencia, sin disputa alguna hubieran hecho que este país hubiera tomado un rumbo promisorio y nuestra situación sería otra. Aunque hay tela de sobra para el tema, hasta aquí la dejamos, porque el “hubiera” no existe.

Retomando esta disertación, no solo los gastos debieron ser de azas cuantía, más aún las costas judiciales que, repito, representó la condena al estado mexicano por denegación de justicia. Sobre el concepto de las costas judiciales la CoIDH en el caso Garrido y Baigorria, determinó lo siguiente: “…Las costas constituyen un asunto por considerar dentro del concepto de reparación al que se refiere el artículo 63.1 de la Convención, puesto que derivan naturalmente de la actividad desplegada por la víctima, sus derechohabientes o sus representantes para obtener la resolución jurisdiccional en la que se reconozca la violación cometida y se fijen sus consecuencias jurídicas. Dicho de otra manera, la actividad desplegada por aquéllos para acceder a la justicia que la Convención provee implica o puede implicar erogaciones y compromisos de carácter económico que deben ser compensados a la víctima cuando se dicta sentencia condenatoria…”

Queda claro entonces que para quienes dejan de atender estos conceptos relacionados con los gastos y costas deben desempolvarse un poco y acceder a los nuevos paradigmas constitucionales del derecho moderno.