Los candidatos deben pronunciarse por el 123 constitucional

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”. Sin embargo, este objetivo ha sido relegado por el gobierno federal y han predominado políticas que favorecen al gran capital.

Las políticas macroeconómicas de estabilidad predominantes –donde destaca la disciplina (austeridad) fiscal y la alta tasa de interés–, junto con el libre comercio y la libre movilidad de capitales han atentado sobre la generación de empleo y el derecho al trabajo establecido en la Constitución.

¿Cómo la política fiscal, monetaria y del libre comercio atentan sobre el derecho al trabajo? La política de austeridad fiscal margina el derecho al trabajo porque se ha sustentado en la fuerte disminución del gasto e inversión pública; lo que contrae demanda, ventas, producción y empleo.


La política monetaria de incremento de la tasa de interés relega el derecho al trabajo por dos razones. Por un lado, encarece el costo del crédito, lo que contrae inversión y consumo, y por lo tanto la producción y la generación de empleo. Por otro lado, promueve entrada de capitales, lo que abarata el precio del dólar y de las importaciones, las cuales desplazan a la producción y al empleo nacional.

La entrada de importaciones es facilitada por la política de libre comercio, para propiciar un proceso de competencia frente a la producción nacional para bajar la inflación, lo que actúa en detrimento de la producción manufacturera y agrícola, y el derecho al trabajo de los mexicanos.

En consecuencia, la disciplina fiscal, las altas tasas de interés y el libre comercio, atentan sobre el derecho al trabajo y aumentan el desempleo. El desempleo y subempleo es aprovechado por los empresarios y el gobierno para bajar salarios, y transgreden otro precepto del artículo 123 constitucional que señala que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

El gobierno federal se congratula por haber alcanzado superávit primario de las finanzas públicas en 2017 –que refleja que el gasto realizado, exceptuando el pago del servicio de la deuda es menor a los ingresos–, lo cual está dirigido a cubrir el pago de la deuda. Ello lo hace a costa de desatender el gasto necesario para reducir el desempleo y garantizar el derecho al trabajo que establece la Constitución. El gobierno federal, al igual que los candidatos presidenciales, defienden el déficit fiscal cero, para ser bien vistos por las calificadoras internacionales y el gran capital. La austeridad fiscal disminuye el gasto público, contrae la actividad económica, aumenta el desempleo, no cumpliendo con el derecho humano al trabajo de la mayoría de los nacionales. El déficit fiscal cero ha llevado a reducir el tamaño del Estado en la economía, con la consecuente mayor privatización y extranjerización de la economía. Ello violenta también el artículo 27 constitucional referente a la rectoría del Estado, ya que reduce la participación del Estado en la economía y termina subordinándose a los intereses del gran capital, por lo que menos capacidad tiene para garantizar el crecimiento económico y el derecho al trabajo para todo aquel que lo busca y no lo encuentra. Al no cumplirse el derecho al trabajo, quedan excluidos los desempleados de la obtención de ingresos seguros, así como de las prestaciones de seguro social, de vacaciones, de obtención de vivienda, de mejor educación y capacitación para ellos y sus familias. Tal problema conlleva a la creciente desigualdad del ingreso en el país, como a la creciente pobreza, que se traduce en la violencia que vive el país.

La desigualdad del ingreso se ha acentuado también porque otro postulado del artículo 123 constitucional tampoco se cumple, y es el referente a que “los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas”, el cual está dirigido a reducir las diferencias entre los dueños de las empresas y los trabajadores. Sin embargo, si los ricos son cada vez más ricos, y los pobres son cada vez más pobres, es porque no se ha cumplido con lo establecido por el artículo 123 de la Constitución. Los salarios no se ajustan al crecimiento de la productividad y de los precios, ni hay reparto de utilidades, lo que lleva a que la riqueza generada se la apropien los dueños del dinero y de los medios de producción, y no sea repartida a los trabajadores que la generan.

Hay que eliminar el desempleo, como los bajos salarios y cumplir con el artículo 123 de la Constitución que establece el derecho al trabajo, los salarios remuneradores y el reparto de ganancias, que son un derecho humano. Los salarios deben permitir que un trabajador y su familia, tengan una vida digna, que posibilite su reproducción, así como vivienda, educación, salud y recreación. Aquellos que nos quieren gobernar y dicen hacer cumplir la Constitución, deben decir que políticas instrumentarían para dar cumplimiento a lo establecido en el 123 constitucional.