La fiebre del dinero siempre ha existido, pero nunca antes en la historia había alcanzado el nivel de locura al que ha llegado en tu época y la mía.
Mark Twain.
Existe una situación vergonzante en el manejo de los asuntos públicos que nos impide avanzar como sociedad y construirnos como parte de una nación; es esa necedad facciosa de ocultar la verdad del acontecer cotidiano que nos agobia socialmente, acompañada con la decisión autoritaria de su reemplazo por una declaración oficial que, maquillando la realidad de los hechos u ocultando una parte de ellos, se considera de conveniente exposición al público en consonancia con el interés de un grupo político decreciente que ocupa aún algunos cargos públicos. En el manejo de los asuntos relativos al Estado la moda es hablar de “transparencia” que, siendo accesibilidad a la información en áreas que conciernen a la opinión pública, suele confundirse fácil o intencionalmente con la honestidad de la información que se proporciona. Detrás de la presunta transparencia hay siempre una conveniencia. Los poblanos fuimos tratados como menores de edad o con algún grado de incapacidad intelectual, pues no tuvimos siquiera la posibilidad de la transparencia en importantes asuntos públicos que están afectando nuestra vida social; no conocemos a cabalidad el monto de la deuda estatal, los términos en que se otorgó la concesión del agua, ni los pactados para la realización de las obras hechas por el morenovallismo; no sabemos a ciencia cierta que pasó en la elección por la gubernatura del 1 de julio de 2018; tampoco del excesivo gasto en obras mal hechas por José Antonio Gali. Como si tal desinformación fuese insuficiente, se suma ahora el desaseado manejo de la información relativa al suceso fatal en que ocurriera la muerte del matrimonio Moreno Valle–Alonso. Un deceso lamentable sobre el que, a falta de datos ciertos y confiables sobre cómo y por qué ocurrió, los opinantes profesionales y la población de a pie han elaborado un amplio abanico de especulación y creencia.
Si bien desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se ha hecho el anuncio de que en dos meses se conocerá el resultado de la investigación acerca de los motivos de la caída del helicóptero el 24 de diciembre; en Puebla, contra lo que podría suponerse, los órganos locales que intervienen en la investigación sobre los motivos de la muerte de los ocupantes del aparato aéreo han tomado la determinación de mantener fuera de conocimiento público el resultado de sus específicas indagaciones. Cabe recordar que desde el 23 de enero pasado, el Comité de Transparencia del Poder Judicial del estado determinó clasificar como reservada la versión pública de los expedientes del Servicio Médico Forense relacionados con el hecho. Luego, la Fiscalía decidió no dar a conocer los videos del despegue del helicóptero; y aunque el panismo nacional y local ha venido sugiriendo insistentemente la hipótesis del atentado mirando hacia el morenismo, el 29 de marzo se hizo pública la comparecencia en el Senado de la República del Fiscal Gilberto Higuera descartando la posibilidad del atentado político.
Recientemente, periodistas poblanos han extendido la versión de que la gobernadora Alonso habría hecho saber a su círculo de allegados que temía por su vida. De haber existido esa confesión, habría una discrepancia grave sobre la naturaleza del hecho funesto que solo podría ser resuelta mediante la decisión del Fiscal de sostenerse en su dicho o, en su defecto, investigar quién o quiénes generaban ese temor en la gobernadora; si los ajenos o los propios. El descarte del atentado ¿es la verdad del hecho o la versión oficial? Ese descarte, ¿implica en automático que se trató de un accidente? El acceso a la verdad se obstruyó con la difusión del video en el que supuestamente el matrimonio Moreno Valle–Alonso habría llegado al domicilio de José Chedraui, constando en una grabación cuyo cronómetro mostraría un desfase con la supuesta hora en que ocurrió el desplome, dando apariencia que la camioneta que trasladaba a la pareja llegó al sitio con posterioridad al acto.
El corolario de estas imprecisiones lo proporcionan, la última decisión del Fiscal del estado de mantener en reserva hasta el año 2024 el resultado de la investigación practicada en la carpeta de investigación sobre el hecho; así como su escaramuza interna con la Agente del Ministerio Público, Emilia Marrufo quien, en resolución jurídica de una denuncia, desestimó que hubiese delito en la apresurada cremación mediante el argumento de que a los denunciantes no les constaba que los cuerpos hubiesen sido cremados. Por razones más que obvias, en efecto, a los denunciantes pudo no constarles directamente el hecho de la cremación; tampoco habrían podido ver a los occisos y, menos, comprobar que las cenizas correspondiesen a sus cuerpos. El argumento ministerial es francamente un absurdo técnico legal, y resultó políticamente impresentable pues en el acto más público, un declarado funeral de Estado, el 25 de diciembre a las 16 horas, en Plaza la Victoria, fueron presentados a toda la población los cofres que, se dijo, contenían las cenizas de los cinco ocupantes de la nave siniestrada.
El Fiscal ha salido a declarar que: a) se cumplió con todos los requisitos que establece la ley para incinerar los cuerpos antes de 24 horas; b) los cadáveres fueron debidamente identificados; c) se les practicó la necropsia de rigor; d) se entregaron los cuerpos a los familiares quienes los cremaron el 25 de diciembre. Surge aquí la científica duda: si quedó fuera de investigación ministerial la línea del atentado, y si la identificación de cadáveres, necropsia y cremación se hicieron en términos de ley y con debida observancia de los protocolos del caso, ¿cuál es la poderosa razón por la que, de consuno, el Poder judicial y la Fiscalía decidieron reservar toda la información relativa por cinco años? Dos datos sobresalientes acompañan esta decisión: uno, quienes la tomaron son personajes que ocupan la titularidad de esos órganos por su cercanía con el grupo político formado por el extinto matrimonio; dos, la temporalidad de la reserva decretada coincide con la siguiente elección de presidente y gobernador. ¿Hay algún mensaje subliminal en ello?, ¿ocultar esta información deriva, realmente, de un cálculo político mirando a las elecciones de ese año? Parecería ilógico. ¿Cuál es el verdadero fin de mantener en ascuas a los poblanos, sin saber íntegramente qué sucedió ese infausto 24 de diciembre? En desagravio por ese indebido ocultamiento de la información relevante, por lo menos, Fiscalía y Judicatura deberían investigar y decirnos, ¿por qué razón ese 24 de diciembre se usó una videocámara con el cronómetro descompuesto para filmar en casa de los Chedraui? Esto que parece ilógico, alguna lógica debe tener puesto que así lo manejan.