Ley antilavado: función semipolicial

“En cuanto al ciudadano detecta mayores ventajas si actúa fuera

de las leyes, la sociedad

empieza a desmoronarse”


Fernando Savater

 

A partir del 31 de octubre de 2013 ha entrado propiamente para los particulares en vigor la ley federal para la prevención e identificación con operaciones de procedencia ilícita, una vez que el reglamento en sus disposiciones transitorias así lo determinó, encontramos diversas actividades vulnerables que tendrán en primer término que, inscribirse quienes realizan estas actividades, –artículo 12 del reglamento– luego, reportar a sus clientes o consumidores, –artículo 17 de la ley– y adicionalmente, algunas operaciones que no se permite realizar en efectivo, –artículo 32 de la ley– por ende, contamos con una más de las regulaciones administrativas dirigida a los gobernados, con sanciones excesivamente altas, al grado de resultar absurdas para los que no presenten avisos, o bien, realicen operaciones en efectivo en los casos que estén prohibidas.

Esta adicional carga y obligación administrativa a los gobernados, que bien podríamos denominar proveedores, ya sea de servicios o de bienes, realizarán una función denominada “semipolicial”, pues informan de sus clientes o consumidores su domicilio, teléfonos, identificación, nacionalidad, fecha de nacimiento, montos de operaciones, etcétera. Sostiene, respecto de estas medidas John Lea; “bancos, firmas de contabilidad, escuelas, redes de computo, penetraron dentro de un aparato de vigilancia semipolicial” (LEA, John, Delito y modernidad, Ediciones Coyoacan, México, 2009) así, de esta información corresponde a la administración pública procesar la información para determinar en que casos existen indicios de lavado dinero, por su parte, determinará también las sanciones administrativas, sin embargo, con toda esta carga por parte de las instituciones administrativas, nos encontramos con el riesgo del denominado derecho sancionador simbólico, como lo explica Gabriel Torres, “proporciona a la sociedad una sensación de solución o reducción del problema, sin erradicarlo o disminuirlo efectivamente” (Torres, Gabriel, y otros La emergencia del miedo, Ediar, Buenos Aires, 2012) ese derecho administrativo sancionador “simbólico” se presenta actualmente al determinar castigos excesivamente altos en esta ley, y que es inminente que no cumpla con la efectividad suficiente para abatir el lavado de dinero, en primer término, porque no todas las actividades señaladas en la ley, son actividades vulnerables, además que no están todas las actividades que bien pudieran tener el criterio de vulnerables, –harían falta: quien promueve las campañas políticas, las constructoras de obra pública, quienes celebran contratos de suministro con la administración pública, partidos políticos, sindicatos, etcétera– por otro lado, no se alcanzará a sancionar y seguir a todos los sujetos que han cometido esas infracciones previstas en la ley, pero particularmente los que efectivamente realizan ese ilícito de lavado de dinero, ya que al final del camino servirá para justificar la existencia de esta ley global en México,  –no debe perderse de vista que esta legislación se encuentra en diversos países del mundo– y por otro lado, afectará como siempre sucede en el derecho a los que encuentren mal parados, es decir, a todos aquellos que no están enterados de sus obligaciones, que no cuentan con la infraestructura para cumplir con la ley, etcétera, de estas medidas, sostiene el profesor Zaffaroni, “queda claro para la criminología que el poder punitivo criminaliza a unas pocas personas y las usa para proyectarse como neutralizador de la maldad social” (Zaffaroni, E. R. La cuestión criminal, Planeta, Buenos Aires 2012)

Lo que sí es una realidad es que, afectará en la actividad económica del Estado mexicano, y sobre todo en los derechos de los gobernados, en tanto esta ley tiene su sustento constitucional en el articulo 25 de la Constitución, habrá que ver que tan bien situada se encuentra ante otros derechos de los gobernados, como son: los derechos de libertad, de seguridad jurídica, del trabajo, de proporcionalidad de las penas, de prohibición de multas excesivas, y de prohibición de penas trascendentales, por citar algunos de los derechos constitucionales, pues no debe perderse de vista que: “Equilibrar las pretensiones en juego o con el objeto de ser ecuánimes. En una mayoría de casos, ésta es una solución desafortunada, en la medida que desconocen algo muy importante, y es que, no todos los derechos tienen la misma jerarquía.” (Gargarella, Roberto, El derecho a la protesta, Ad Hoc, Buenos Aires, 2007) Entonces los derechos que se establecen en el artículo 25 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, –económicos– desde luego, no cuentan con la misma jerarquía que los derechos anteriormente mencionados.