Gobiernos municipales violan la ley al cobrar por agua y alumbrado público: Lagunes

Los Ayuntamientos están incurriendo en una inconstitucionalidad al cobrar el servicio de alumbrado público,  y de agua potable –a través de concesionarias, como en Puebla capital–,  por lo que a lo largo del presente año deben exentar de este pago a los ciudadanos.

Con base en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 105 local, la Ley Orgánica Municipal y tratados internacionales, los gobiernos municipales están obligados a prestar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y alumbrado público, pero no se  establece que tengan atribuciones para  realizar cargas impositivas.

Así lo sostuvo Violeta Lagunes, ex diputada federal, quien acotó que los cobros son competencia de la federación, pero que en el caso de Puebla capital a los ciudadanos se les pide cubrir lo correspondiente a alumbrado público incluso en función del consumo de luz en los hogares.


De igual forma, dijo que es violatorio de la ley cobrar por este concepto y trasladar el recurso a la concesionaria Citelum, encargada del mantenimiento de las luminarias y de mantener alumbrada la ciudad.

“Tan es así, que los Ayuntamientos cada año hacen un proyecto de Ley de Ingresos para ese ejercicio fiscal y la Cámara de Diputados local es la que aprueba o no ese proyecto que aprueban los cabildos. Pero en el caso específico de agua potable, drenaje y alcantarillado, y alumbrado público, no corresponde a la Cámara de Diputados decretar las bases, tasas, cuotas y tarifas, y menos aún imponer créditos fiscales por estos impuestos porque es facultad de la federación, de acuerdo con el artículo 73, en su fracción vigésimo novena”.

Por tanto, Agua de Puebla para Todos tampoco tendría porqué suspender el servicio a los usuarios o proceder a embargos cuando hay adeudos por el servicio, ni tampoco cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Violeta Lagunes agregó que hay al menos dos jurisprudencias que delimitan los alcances de los ayuntamientos, tanto en alumbrado público como en agua, pero debido a que los amparos interpuestos no han progresado, los gobiernos municipales continúan realizando cobros fuera de la ley.