Las violaciones al derecho humano al agua y al saneamiento generadas por la proliferación de las industrias extractivas en México

Por: Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR)

 

  • Las obligaciones que el Estado mexicano no cumple en materia de derecho humano al agua y al saneamiento.

La Constitución mexicana en su Artículo 1 amplió el catálogo de derechos humanos, incluyendo aquellos incorporados en “los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”. Asimismo, estableció las obligaciones de “todas las autoridades” de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” y, en consecuencia, de “prevenir, investigar, sancionar y reparar” las violaciones a los mismos. Asimismo, señala en su artículo 4 que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible” y que el Estado “garantizará este derecho”. Sin embargo, este derecho aún no se ha reglamentado y sigue vigente la Ley de Aguas Nacionales de 1992, la cual carece de perspectiva de derechos.


Para el Estado mexicano son vinculantes, conforme a su propia Constitución, todos aquellos instrumentos relacionados con el derecho humano al agua, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[1] y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[2]. Particularmente, la Observación general n°15 del Comité del PIDESC establece el contenido de este derecho y las obligaciones específicas que corresponden a los Estados para hacerlo efectivo.

  • Reformas al marco normativo que amenazan el derecho al agua y al saneamiento.

Ley Minera

En 1992[3] se aprobó una nueva Ley Minera que da preferencia a esta actividad por encima de cualquier otro uso u aprovechamiento del terreno[4], además de otorgar a los concesionarios mineros múltiples prerrogativas para acceder a la riqueza mineral del subsuelo sin erigir, como contrapeso, un cuerpo de restricciones, obligaciones y sanciones equiparable. Entre estas prerrogativas quedó asentado el derecho a obtener preferentemente concesiones para el uso y aprovechamiento del agua en las zonas amparadas por una concesión minera.[5] Más del 14 por ciento del territorio mexicano se encuentra concesionado a actividades mineras[6] por un periodo de 100 años[7].

Reforma energética

La Reforma Energética de 2013 y la creación posterior de un paquete de leyes secundarias buscó permitir la participación del sector privado en diversos ámbitos del sector energético, como la explotación de hidrocarburos. Estas normas priorizan la operación de proyectos extractivos en menoscabo de los derechos humanos.[8]

La Reforma afecta el derecho humano al agua previsto en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, entre otras razones, porque promueve la explotación de hidrocarburos por métodos no convencionales como la fractura hidráulica (fracking). Este método hace un uso intensivo de agua, puede contaminar de forma permanentemente aguas subterráneas y superficiales, además de afectar la calidad de suelos y la salud de habitantes en la superficie.

La Reforma y sus leyes secundarias fueron aprobadas sin previa consulta a las comunidades indígenas y sin garantizar el derecho a la participación de la ciudadanía, a través del mecanismo de “consulta popular”[9] que establece la constitución para temas de trascendencia nacional.[10]. La Ley de Hidrocarburos[11] determina que esta industria es de utilidad pública y la exploración y extracción de estos recursos son de interés social y orden público, otorgando “preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo”.

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Iniciativa de ley privatizadora del agua

Los poderes Ejecutivo y Legislativo pretendieron aprobar una Ley General de Aguas[12] contraria, según nuestras organizaciones, a los estándares de la Observación general No. 15. Actores de la sociedad civil se pronunciaron públicamente contra esta Iniciativa, señalando que se trata de una propuesta contraria al artículo 4 constitucional, privatizadora del derecho al agua[13], que afectará los derechos de las comunidades al territorio ya que declara de utilidad pública[14] actividades como son la explotación de acuíferos, el trasvase de cuencas o construcción de embalses y proyectos hidroeléctricos. Gracias a la presión ciudadana se logró suspender el debate parlamentario “por el tiempo que fuese necesario”[15]. Sigue latente la intención de impulsar esta reforma.

  • Casos de proyectos de desarrollo que afectan el derecho al agua de comunidades en México.

–          Se han documentado más de cien conflictos sociales vinculados a actividades mineras en México a raíz de violaciones a derechos[16], entre los cuales destacan los conflictos en Carrizalillo, Guerrero, Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Zautla, Ixtacamaxtitlán y Tetela en la Sierra Norte de Puebla.

–           Existen más de 490 pozos de fracking activos en el oriente del país.[17] Adicionalmente, se encuentran amenazados por esta técnica territorios en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo Puebla y Tabasco.[18]

Sólo en el estado de Veracruz existen 112 proyectos hidroeléctricos en puerta que han generado conflictos.[19] Asimismo, se han identificado conflictos socioambientales por los trasvases de cuencas en el Río Verde, la cuenca del Pánuco y el Río Yaqui.

La mayoría de estos proyectos se han llevado a cabo violando el derecho a la consulta y al consentimiento libre e informado de las comunidades indígenas y campesinas. A pesar de que se han obtenido resoluciones judiciales favorables a las comunidades, no se logra una justicia efectiva porque el gobierno mexicano no acata las sentencias de forma sistemática.

  • Situación de criminalización contra defensores del agua, el territorio y el ambiente.

Un patrón recurrente en México son las diversas formas de violencia y criminalización contra los defensores del territorio, las cuales se ejercen por parte de actores de gobierno y por las empresas. Según un estudio reciente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental[20], en el periodo de enero de 2013 a abril de 2014 se registraron 82 ataques contra defensores en México.

Peticiones al Estado mexicano

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto solicitamos al/la:

Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento

Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas

Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente

Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos

Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y Otras Empresas

Que puedan exhortar al Estado mexicano, de conformidad con los tratados internacionales que ha suscrito en materia de derechos humanos y a sus propia Constitución a:

  • Que las medidas legislativas y políticas en materia de actividades extractivas, que afectan el derecho al agua se modifiquen y garanticen el derecho a la información, a la participación y a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables.
  • Que no se otorguen y asignen proyectos en materia de hidrocarburos, electricidad, minería y recursos hídricos sin garantizar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas y equiparables, con pleno respeto a su derecho a la autodeterminación.
  • Que cesen los ataques contra defensores de derechos humanos y se sancione a los actores responsables, asimismo que garantice la actuación pronta y efectiva del mecanismo de defensores ante situaciones de riesgo y desarrolle acciones preventivas para salvaguardar la actividad de defensores y su integridad personal.
  • Que  garantice el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales encaminadas a proteger a las comunidades contra las afectaciones que generan las actividades extractivas.
  • Que se prohíban legalmente actividades consideradas de alta gravedad en términos de afectaciones al ambiente y a los derechos de las poblaciones, como es el caso de la fractura hidráulica.


[1]              .Artículo 6

[2]                      Artículo 11

[3]                      En el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

[4]                      Ley Minera, artículo 6, última reforma: 11 de noviembre de 2014.

[5]                      Ley Minera, artículo 19, fracción VI, última reforma: 11 de noviembre de 2014.

[6]                      Cálculo propio con base en datos del Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Economía, 2014.

[7]                      Las concesiones mineras tienen una vigencia de cincuenta años, con una prórroga automática de otros cincuenta años.

[8]                      El pasado 20 de marzo de 2015 organizaciones de la sociedad civil mexicana denunciaron estas violaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia temática que les fue concedida y que contó también con representante del Gobierno mexicano.

[9]                      Artículo 35, fracción VIII de la Constitución mexicana.

[10]                    La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó esta solicitud ciudadana aludiendo a que se trataba sólo de un tema de ingresos. Actualmente organizaciones sociales impugnan esta resolución ante la CIDH.

[11]                    Artículo 96

[12]                    http://www.cmdrs.gob.mx/comisiones/COTLEG/Documents/2015/3a_ordinaria/20150305-II%28ley-agua%29.pdf

[13]                    Véase por ejemplo Artículo 116, 129.

[14]                    Artículo 8.

[15]                    http://mexico.cnn.com/nacional/2015/03/10/beltrones-de-lento-aprendizaje-quienes-rechazan-la-ley-de-aguas

[16]                    Sol Pérez, Territorialidades contenciosas en México: El caso de la mega-minería a cielo abierto, 2014.

[17]                    Solicitudes de información hechas a Pemex por parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

[18]                    Advanced Resources International, World Shale Gas and Shale Oil Resource Assessment, 2013.

[19]           Otros casos documentados son el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, en comunidades indígenas Coras de Nayarit o los proyectos de represas en La Parota en Guerrero, Paso de la Reina en Oaxaca, Ixtantún en Chiapas o Olintla y Ahuacatlán en Puebla.

[20]                    Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Informe sobre ataques a personas defensoras ambientales, 2014, www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/CEMDA_Informes_Ataques_V2.pdf.