Las verdades históricas que inventan desde el poder

Hace decenas de años venimos escuchando “verdades históricas” inventadas desde el poder. Periodistas, altos dirigentes de las corporaciones policiales y militares hablando, por ejemplo, que el genocidio del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas era el resultado “de un enfrentamiento entre diversos grupos estudiantiles que iban armados, los cuales dispararon contra soldados los cuales se vieron obligados a defenderse”, o, el caso de la “verdad” que exhibe el Procurador Murillo Karam, que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa habían sido asesinados por grupos de narcotraficantes y quemados sus cuerpos, queriendo exculpar a elementos del Ejército, CISEN y otros responsables. La resistencia del pueblo ha impedido que se dé “carpetazo” a esos hechos. Ante a impunidad y la represión, el pueblo responde con la movilización, la resistencia, negando la posición oficial y desarrollando una investigación autónoma al Estado.

Así se ha logrado descubrir, aunque el Estado insista en negarlo, que los sucesos del 2 de octubre son resultado de la participación del grupo para militar “Batallón Olimpia”, bajo las órdenes del Estado Mayor Presidencial, los que abrieron fuego sobre los estudiantes reunidos creando confusión. Los informes logrados gracias al tesonero esfuerzo de los padres de familia y de las diversas comisiones logran echar atrás la “verdad” de la Procuraduría General de la República, ampliamente difundida en la radio y la televisión

La experiencia en la defensa de derechos humanos en el mundo reafirma que la verdad histórica solamente se puede lograr con la participación amplia de las víctimas y de otros ciudadanos a fin de diseñar y ejecutar programas de lucha contra la impunidad. Ante la impunidad del Estado se han creado las “comisiones de la verdad”, un tipo particular de comisión de investigación, como un mecanismo para que las victimas ejerzan su derecho a saber.


familiares
Defensa de los derechos humanos

Se apoyan en la necesidad de consultar los archivos de los organismos y agentes de servidores públicos involucrados en la violación de derechos humanos de lesa humanidad (como es la desaparición forzada); los archivos contienen “documentos” que comprenden una amplia gama de formatos como el papel (incluidos mapas, dibujos y carteles), registros electrónicos (como el correo electrónico y los registros y bases de datos para el procesamiento de textos), fotografías, películas y cintas de video y audio, abarcando incluso los reunidos por gobiernos extranjeros, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, universidades y organizaciones internacionales los cuales desempeñan un papel importante en la capacidad de las sociedades para ejercer su derecho a conocer la verdad acerca de la violación de los derechos humano y del derecho humanitario. El Estado mexicano, debe respetar y proteger el derecho de las organizaciones no estatales y de las personas a reunir, preservar y suministrar documentos pertinentes relacionados con esas violaciones. No hacerlo lo condena como violador de derechos humanos y criminal que deja impune los perpetradores. Es obligación del Estado reparar los perjuicios sufridos, el derecho a saber y, en términos generales, la forma de evitar la repetición de dichas violaciones.

La participación de las víctimas y de otros ciudadanos es relevante para las deliberaciones sobre la dimensión colectiva del derecho a saber. El principio de que los Estados deben preservar los archivos que permitan a las sociedades ejercer su derecho a saber la verdad sobre la represión sufrida en el pasado es un asunto de importancia universal.

Para que las víctimas recuperen su dignidad es necesario reconocer la parte de verdad que hasta entonces el Estado ha negado constantemente. Que se reconozcan aspectos de la realidad que los opresores han calificado de mentira, a fin de desacreditar a las víctimas y sus familiares y amigos o a grupos de defensores de derechos humanos.

Las comisiones están sujetas a la rendición pública de cuentas, garantizando su independencia e imparcialidad. No deben de imponérsele ningún límite a su capacidad para solicitar la cooperación de la fuerza pública (por ejemplo, medidas legales para obligar que la policía y el ejército entreguen información o archivo solicitado). Como resultado no jurídico, han logrado la identificación de posibles perpetradores por su nombre e historial.

impunidad
Impunidad

En México la impunidad es tal que los mecanismos de búsqueda de la verdad han fracasado. Van algunos ejemplos:

 1) a pesar de que se deja al descubierto a los funcionarios comprometidos en prácticas represivas y violatorias de derechos humanos, no se les ha destituido, al contrario, en muchos casos se les premia con ascenso en la administración pública;

2) los análisis realizados sobre las deficiencias de los sectores de seguridad y judicial, así como la formulación de recomendaciones para su reforma han caído en letra muerta ante un Estado “sordo” a los reclamos populares;

 3) la eficacia del sistema judicial es muy pobre y la accesibilidad de los tribunales prácticamente nula, ante un sistema en donde el pobre es condenado por no ser influyente, recibiendo condenas injustificadas a discreción de jueces de quienes la ciudadanía duda de su ética y sentido de “justicia” y respeto al “estado de derecho existente”; mientras que el rico, influyente y con dinero, puede comprar las voluntades suficientes, para no hablar de abogados, comprometidos con el pago que obtienen de su “defensa”, la absolución de sus clientes;

4) no se realizan reformas para aumentar la independencia del poder judicial. La justicia se ejerce en dependencia del ejecutivo, promoviendo la impunidad de los victimarios y la indefensión de las víctimas;

5) el Estado no permite la visibilidad a las víctimas y facilita su participación;

6) no existen reformas constitucionales destinadas a garantizar la no repetición de violaciones masivas de derechos humanos (2 de octubre de 1968, Aguas Blancas, El Charco, Acteal, etc.);

 7) mucho menos reconocen la necesidad de reparar los perjuicios a las víctimas;

8) y no les interesa fortalecer el estado de derecho y la justicia, son impunes y crean espacios de poder ilegales.

Textos consultados: ONU, “Promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, Asamblea General, 13 de septiembre de 2012. ONU, Promoción y protección de los derechos humanos”, Consejo Económico y Social, 18 de febrero de 2005.

Libertad a Simitrio y a los presos políticos de la 28 de octubre

No sabemos por ahora si la decisión gubernamental de poner a Simitrio en prisión domiciliaria es una genuina muestra de la “reconciliación social” anunciada por el señor Moreno Gali; u obedezca, en realidad, a que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y la Coordinadora de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, le andan pisando los talones al Estado mexicano y a los jueces y magistrados federales que han intervenido en forma anómala en el conflicto político de la 28 de Octubre solapando, en la judicialización de los asuntos, las desmedidas arbitrariedades del gobierno poblano.

Puebla ,pue. 05-03-2014 Se realizó la asamble de la 28 de Octubre, para elegir nuevos integrantes de las mesas directivas, encabezado por Rubén Sarabia Sánchez " Simitrio " Líder de la 28 de Octubre. Foto:Tania Olmedo/Esimagen.com.mx!!
Simitrio

Las autoridades apretaron tanto y con modos absurdos ausentes de legalidad, que los procesos armados contra el líder de los ambulantes para llevarlo a prisión sin motivo alguno terminaron por llegar a oídos y conocimiento de tales organismos para su intervención en la –para ellos aún presunta- detención arbitraria que viene sufriendo Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio. Ahora, dentro del expediente de amparo 69/2015, del Juzgado Quinto de Amparo en Materia Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales se han recibido diversos oficios pidiendo informes sobre el caso, con base en los cuales <<la Secretaría de Relaciones Exteriores en su carácter de autoridad coordinadora del Estado mexicano, deberá conformar, a partir de la información remitida por las diferentes instituciones involucradas o mencionadas en dicha comunicación, la postura del Gobierno de México y presentar argumentos sobre el asunto>>.

Fragmento del artículo  de Samuel Porras: Simitrio, el derecho al revés/LXI. La Jornada de Oriente, Puebla.

 

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