Labriegos del “Popo” bloquean oficinas de Protección Civil; rechazan gasoducto

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Una veintena de labriegos mantuvieron la protesta en las afueras de la SGG con mantas y carteles en rechazo al gasoducto ■ Foto Yadira Llaven

Comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios de las comunidades que habitan las faldas del volcán Popocatépetl bloquearon por una hora la calle 9 Sur y 3 Poniente de la capital, donde se encuentran las oficinas de Protección Civil del estado para exigir la cancelación del proyecto Gasoducto Morelos y que se haga público el dictamen de riesgo de la obra.

En respuesta a la protesta, el titular de la dependencia, Jesús Morales, salió de su oficina y en tono agresivo y altanero exigió a los pobladores que desistieran del bloqueo o de lo contrario no serían atendidos y habría represalias legales.

Los pobladores de San Lucas Atzala, Santa María Zacatepec, Domingo Arenas, San Andrés Calpan y San Jerónimo Tecuanipan arguyeron que no les quedó más que bloquear el ingreso a la dependencia estatal, luego que su directivo ha evadido dialogar con los campesinos que se verán afectados por este “proyecto de muerte”.


Luego de la manifestación, una comisión de 15 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua ingresó a las oficinas de Protección Civil para dialogar con Jesús Morales, a quien exigieron que deba hacer público el riesgo que correrían por lo menos 30 mil habitantes de la zona del Popocatépetl.

En la reunión también estuvieron funcionarios de la Secretaría General de Gobierno (SGG) del estado.

Mientras esto ocurría al interior de la dependencia, una veintena de labriegos mantuvieron la protesta en las afueras del edificio, con mantas y carteles en rechazo al gasoducto.

Al término del diálogo con las autoridades, Juan Carlos Flores responsabilizó al gobierno morenovallista de las muertes por negligencia que podría provocar la instalación del Gasoducto Morelos en la zona de riesgo volcánico si el Popocatépetl llega a hacer erupción.

“Exigimos que subsanen esa desinformación en los pueblos, dejando en claro que no el gobierno no ha autorizado la construcción de la obra, o de lo contrario serían responsables directos de la muerte por negligencia si el ducto llegara explotar por la actividad volcánica”, advirtió.

Informó que solicitaron a Protección Civil que pida al Cenapred que emita un dictamen sobre la zona de riesgo del volcán y la viabilidad e inviabilidad de la construcción del Gasoducto Morelos en el lugar.

Agregó que se emitirá un comunicado a las autoridades municipales y auxiliares informando que se está gestionando este dictamen; además dijo se le entregue a estas mismas autoridades el dictamen del Cenapred donde rechaza el trazo del ducto anterior.

Informó que la SGG  admitió que tiene conocimiento del proyecto pero no del trazo nuevo, y que entonces lo van a solicitar a Comisión Federal de Electricidad (CFE), para su análisis.

“Lo que pedimos es que se informe a las comunidades, que no hay una seguridad en el trazo del gasoducto, mucho menos análisis, por lo tanto es recomendable que previo a la adquisición del derecho de vía se dé a conocer el dictamen”.

Sin embargo, denunció que la SGG ni Protección Civil se negó a realizar esta gestión, y tampoco quisieron hablar del derecho de vía, bajo el argumento que cada campesino es libre de vender o no su parcela para la instalación del gasoducto.

Flores criticó que mientras el gobierno morenovallista está impulsando el proyecto, guarda hermetismo sobre el tema a los pobladores de las comunidades.

Al último, denunció que Protección Civil tiene una política de simulación que de prevención. “Hay 175 días de contingencia volcánica al año, y en todo este tiempo no se ha dado mantenimiento a las rutas de evacuación; el Cupreder hizo una análisis que son ocho comunidades las que están en riesgo y no se ha hecho nada”.

El pasado 31 de mayo, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas se reunió, en plena contingencia volcánica, con funcionarios de alto nivel de la CFE, y declara que hay que impulsar el gasoducto porque generará 432 empleos, sin analizar el riesgo.