La tragicomedia de la judicatura en Puebla

La semana pasada fui entrevistado por Martín Hernández Alcántara, periodista de La Jornada de Oriente, en torno a la conjura presuntamente tramada por los magistrados ujieres del tan anodino como taimado diputado federal, Juan Pablo Piña, acostumbrado a morder la mano de quien le da de comer; sin embargo, lamento mucho que la entrevista de 45 minutos, en la que explayé mi opinión sobre el indocto Roberto Grajales Espina y el trasnochado y corrupto Alberto Miranda Guerra, protagonistas de la tragicomedia que hoy vive la judicatura en Puebla, se matizara y redujera a muy pocos renglones, seguramente más por pena ajena que por otra cosa. Abordo entonces este tema inconcluso, pero de interés general por su trascendencia para la impartición de justicia en nuestro estado.

Con Martín Hernández fui claro al señalar que los magistrados fueran enchufados a instancias de Juan Pablo Piña, en ternas sometidas a la soberanía del Congreso del Estado, en aquellos tiempos en que el diputado panista daba la apariencia de ser “fiel” servidor a la causa de Moreno Valle y sus consejos eran tomados en cuenta en Casa Puebla. Aquellas decisiones mal tomadas impidieron el acceso tanto a juristas de cepa, que le dan las 10 y las malas a los mindundis y chupópteros magistrados piñistas, como a juzgadores con arraigo, conocimientos y verdadera carrera judicial, a la noble tarea de impartir justicia desde la magistratura.

Por lo que hace a mis opiniones publicadas respecto del jurisconsulto Roberto Grajales Espina, quienes lo conocen me buscaron para quejarse diciéndome que me había quedado corto con mis comentarios, los cuales les habían parecido más que generosos al no abundar sobre su pobre trayectoria o su sabida incapacidad como magistrado, misma que hoy le impide conceder cita a cualquier litigante porque de sobra sabe que de derecho no sabe nada, nunca mejor dicho, como varios compañeros suyos me lo confirmaron.


Pero lo cierto es que muchos de mis comentarios sobre el paniaguado Grajales Espina, a quien hoy sus homólogos llaman “el Lloricas” (vaya Usted a saber por qué), no fueron trascendidos, a pesar de que para sustentar mi opinión sobre su bien merecida fama como pésimo abogado, le referí a mi entrevistador varias anécdotas interesantes relacionadas con su desempeño como Diputado de la LV legislatura, entre ellas la haber propuesto junto con alguna compañera despistada una iniciativa de Ley del Amor y la Amistad, aunado a sus observaciones sobre la posibilidad de emitir una ley monetaria para el Estado, ante lo cual propuso sin empacho que las monedas y billetes locales en lugar de los retratos de héroes llevaran impresiones de sitios emblemáticos de nuestra entidad. De ese tamaño, para honra de nuestra judicatura.

Sobre Miranda Guerra, aspirante a Fouché y servil mensajero del diputado federal, otrora juzgador abyecto conocido por su falta de verticalidad y menosprecio a las lides del derecho, recordé que en algún momento, cuando el susodicho fungía como juez penal, privó ilegalmente de su libertad a un abogado litigante en la oficina donde despachaba para extorsionarlo. ¿Testigos? Enrique Ruiz Delgadillo y Guillermo Pacheco Pulido, entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien tuvo que intervenir conminando a este zalagarda para evitar que terminara en chirona. ¿La víctima? Roberto Reyes Aguilar, sujeto pasivo del amago de extorsión y de aquel atropello contra su libertad.

En respuesta al terso reportaje publicado por el periodista Martín Hernández Alcántara (http://www.lajornadadeoriente. com. mx/2017/11/30/conjurarianjuecesma gistradosevitarpermanenciarobertoflo restsj/), sobrevino la respuesta al estilo de Miranda Guerra, quien sotto voce y en tibios comentarios a homólogos suyos les aseguró que: “eso se saca uno por cumplir órdenes de arriba.” ¡Cuánta cobardía!

Lo cierto es que de mi parte, recibí un sinnúmero de llamadas de magistradas y juezas, que ostentan el cargo ganado a pulso y gracias a sus conocimientos, para felicitarme y confirmar mi punto de vista sobre el trapacero de Alberto Miranda, de quien se presume es el líder de un grupúsculo de magistrados y juzgadores de quinta, aparentemente al servicio del despacho de los Piña, de donde también al parecer salió un amparo en contra de la reformada Ley Orgánica del Poder Judicial, que da la posibilidad para que el actual presidente del Tribunal, Roberto Flores Toledano, pueda prolongar su estancia en nuestro Tribunal Superior de Justicia.

Me cuentan mis amigos magistrados, que el tonto útil (sic ¿inútil?) Miranda Guerra, en su tentativa por defenestrar al actual presidente (ojalá aquél supiera de derecho lo que este sabe y forma parte de su acervo jurídico y background como abogado postulante), presentó en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, un reglamento para el nombramiento de su presidente, el cual le fue confeccionado y entregado en el despacho de los Piña, sin contar con el hecho de que su propuesta no estaba en el orden del día.

No cabe duda que la ignorancia es atrevida, pero más lo es la falta de dignidad. Con tantita vergüenza que tuvieran, la panda de magistrados de baja estofa impulsados por Juan Pablo Piña, que como él, no dan un palo al agua ni matan un chango a nalgadas, deberían renunciar a su cargo, en lugar de pretender hacerse del control del máximo Tribunal en nuestro estado, lo cual demanda muchísima sapiencia, capacidad y honra, algo de lo cual carecen. O al menos ponerse a estudiar para tratar de desquitar sus desmesurados sueldos y resolver sus propios asuntos, en lugar de encomendárselos a sus secretarios de estudio y cuenta y auxiliares (quienes trabajan cinco veces más y ganan cinco veces menos), ya que de grilla no saben nada y de política, menos.

Para finalizar reitero lo dicho, no por estima personal, sino porque lo que se ve no se juzga: contamos con un magistrado presidente experimentado, probo, competente y con vastos conocimientos en la ciencia del derecho, de quien sus inquietos compañeros deberían de aprender más que grillar. Y en cuanto a los futuros nombramientos de magistradas y magistradas, confío en que no se vuelva a repetir un procedimiento tan desaseado como el que llevó a estos sinvergüenzas a la magistratura. En Puebla contamos con verdaderos abogados y abogadas, con todos los merecimientos para formar las futuras ternas que habrá de proponer el gobernador del estado al Congreso. De ello depende que en futuro inmediato, la tragicomedia termine.