La Suprema Corte de Justicia de la Nación legislando

¿Quién dice lo que dice la Constitución?

Una sentencia de estas características es la sentencia emblemática del 15 de noviembre de 2017, en donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo en revisión del que determinó textualmente que: “Esta Primera Sala concede el amparo para el efecto de que el Congreso de la Unión cumpla con la obligación establecida en el artículo tercero transitorio del decreto de reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 y, en consecuencia proceda a emitir una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones…”. (Amparo en revisión 1359/2015, quejoso: Campaña global por la libertad de expresión A19, A.C. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación)
La pregunta de “¿quién dice lo que dice la Constitución?” es una de las más difíciles de responder actualmente. Sin embargo, pareciera que a partir de diversas reformas constitucionales que se han presentado en México, sobre todo la que corresponde al 6 de junio de 2011, se puede decir que la última palabra la tiene el Poder Judicial, al resolver en particular los juicios de amparo que promueven aquellos particulares que consideran que se les ha violado alguno de los derechos fundamentales y, por ende, el Poder Judicial puede decidir no únicamente si existe una contravención a algún derecho causado por alguna autoridad, sino también ordenar que el Poder Legislativo lleve a cabo leyes o, bien, las modifique. Ahora bien, es evidente que esto no sucedía en la teoría clásica del derecho que proviene del siglo XIX, en donde los jueces solamente interpretaban las leyes, pero no creaban derecho en sus sentencias. Y lo que se esta permitiendo con esta teoría alemana (Alexy, R. El concepto y la naturaleza del derecho. Madrid: Marcial Pons, 2008), importada por el sistema jurídico mexicano a partir de 2008 –con la reforma constitucional del 18 de junio de 2008– junto a la reforma ya citada, es que los jueces en amparo, en particular la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se limiten a interpretar las normas jurídicas o a determinar si son contrarias a la Constitución, sino que, también, les permite determinar en las sentencias qué hace falta una disposición legal o un ordenamiento legal.

Como se puede apreciar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Poder Legislativo no había realizado su tarea de legislar sobre la materia del presupuesto electoral, lo cual es una determinación que se califica de extraordinaria, pues está ordenando que el legislador cumpla con su trabajo. Sin embargo, esta resolución tiene diversas aristas –y por ello es que puede considerarse que es emblemática–. Entonces, en los juicios de amparo se tiene la posibilidad de impugnar la omisión legislativa, es decir, puede entrar al debate si el legislador ha cumplido con la obligación de legislar y, por ende, se puede reglamentar algún derecho constitucional. Ello abre una gran puerta que por muchas décadas estuvo cerrada, esto es, que los quejosos puedan acudir al juicio de amparo a impugnar la pasividad legislativa, pues no puede quedar este caso citado como la excepción. Ahora bien, de no permitirse esto, estaríamos hablando de una justicia selectiva, es decir, solo para algunos o, bien –como se le denominan–, “justicia de verano”. Por ello, es necesario que se dé apertura de esta posibilidad a los quejosos.


Fuera de ese inconveniente, en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, los demás inconvenientes son aún más delicados, porque si el juez es quien conoce de un juicio de amparo que en la sentencia se determina que el legislador debe de llevar a cabo alguna legislación, entonces, se está poniendo sobre el poder legislativo y, por ello, se rompe con el principio de división de poderes (Ferrajoli, Luigi. La Democracia a través de los Derechos. Madrid: Trotta, 2014.)

Otro inconveniente es que el poder judicial, en sus sentencias, no se limita a interpretar el derecho ya dado por el legislador, sino a crear derecho; por ende, está realizando una función que no le corresponde al Poder Judicial, sino al Poder Legislativo, y con ello nuevamente se esta invadiendo la esfera de competencia del poder legislativo. Esto se convierte, desde luego, en el gran problema que tiene el derecho y el control del poder político, pues si es el poder judicial “el que dice lo que dice la Constitución” con la finalidad de revisar y supervisar que el Poder Legislativo lleve a cabo su labor, entonces ¿quién revisa al poder judicial? Nuevamente nos ponemos ante el dilema muy conocido de: ¿Quién custodia a los custodios? (En Vergara Nava, Silvino. Temas jurídicos para tiempos no jurídicos. Guadalajara: Paideia y Escuela Libre de Derecho de Puebla, 2016). Pues bien, lo cierto es que el paso ya lo dio el Poder Judicial, siguiendo esa teoría alemana de las sentencias denominadas “manipulativas”. Y, nuevamente, como es costumbre en nuestros sistemas jurídicos en América Latina, estamos “tropicalizando” las instituciones del pensamiento central europeo. Esperemos que algún día exista la oportunidad en nuestros sistemas jurídicos de promover nuestro propio derecho, nuestras propias teorías: más del pensamiento de la periferia que del pensamiento central.