La seguridad de la Constitución y la seguridad interior

El revólver en el escritorio”.

José Pablo Feinmann

“Violencia genera más violencia” es un dicho muy común que no es escuchado en los sistemas actuales de gobierno, denominados “tecnocracias”, antítesis de la democracia. La tecnocracia apunta que se gobierna bajo las mejores decisiones técnicas y científicas; por otra parte, la democracia está sustentada en decisiones que provienen de la población, del sentido común de la gente, por lo que dichos como el que nos ocupa son desestimados para las políticas públicas y las iniciativas de ley actuales. Tal es el caso de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, que ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y que está pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, que pretende legitimar lo que está sucediendo en México desde 2006 con la intervención de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública.


La iniciativa de ley de seguridad pública, en su artículo 20, establece que: “Las Fuerzas Armadas sin perjuicio de las misiones que tienen asignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en sus Leyes Orgánicas, solo intervendrán mediante la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior…”. De lo que se desprende que, adicionalmente a lo sostenido en la Constitución, le corresponden a las Fuerzas Armadas las funciones que marca esa ley y que consisten en intervenir en la protección de seguridad interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente los riesgos por seguridad nacional interior.

De las pocas disposiciones de la Constitución que no cuentan con reforma alguna es el numeral 129, que establece las funciones de las Fuerzas Armadas: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”. Así, desde la promulgación de la Constitución, el 5 de febrero de 1917, se ha mantenido el propósito de que el Ejército y las Fuerzas Armadas no tengan función alguna más que la disciplina militar; por ende, se trata de una disposición que establece una prohibición expresa de llevar a cabo acciones adicionales para las fueras armadas. Sin embargo, en caso de que sea aprobada esa ley en las condiciones en que se encuentra, representará una complicada controversia constitucional, pues aunque por un lado se observa una evidente contravención de la ley al numeral 129 de la Constitución, lo cual es suficiente para sostener que es contraria a la Carta Magna, esto no es correcto; de acuerdo con la escuela jurídica actual que rige en México, denominada neo–constitucionalismo (Alexy, Robert, Derecho y razón práctica, Fontamara, México, 1993), los derechos fundamentales se pueden colisionar, es decir, pueden contradecirse. Por ello, es función del Poder Judicial determinar qué derecho constitucional debe contar con mayor protección en cada caso en particular (Atienza, Manuel, El derecho como argumentación, Fontamara, México, 2005). Esa será la tarea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la resolución final del asunto.

De esta forma, la defensa de la Ley de Seguridad Interior por el Estado versará con que esa ley lo que pretende tutelar es la seguridad nacional, como lo establece el artículo 1 en su segundo párrafo; entonces, podría sostenerse en esa defensa a favor de la ley es que tutela derechos de mayor trascendencia e importancia que el propio articulo 129 de la Constitución, pues pretende proteger derechos de seguridad nacional y de soberanía nacional, y éste va a ser el dilema a resolver por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, no será tan sencillo que se sentencie que la ley es inconstitucional, pues bajo esta escuela del neo–constitucionalismo (Prieto Sanchís, Luis, Derechos fundamentales, neoconstitucionalismo y ponderación judicial, Palestra, Lima, 2007) podría sostenerse su constitucionalidad debido a la mayor importancia de los derechos que pretende tutelar esa ley, no debe perderse de vista que el neo–constitucionalismo ha sido implementado en el sistema jurídico mexicano desde la reforma constitucional del 6 de junio de 2010, aunque es objetado por un pequeño número de profesores de la academia de derecho denominada “Garantismo” (Ferrajoli, L., Democracia y garantismo, Trotta, Madrid, 2008). Pareciera que los argumentos con que cuenta esa escuela son muy válidos para esa objeción, pues uno de los grandes problemas de ese dilema constitucional es que al determinar un juez qué derecho es más importante y debe prevalecer no es objetivo, sino que depende de posiciones incluso políticas de los juzgadores, motivo por el cual se trata de una decisión subjetiva con la que pierden certidumbre las decisiones judiciales. Por lo pronto, a lo que se debe apelar en este tema tan delicado es a la seguridad constitucional sobre la seguridad interior.