La revolución social que viene: consumidores del mundo, uníos / II

En rigor no tomamos decisiones,

son las decisiones las

que nos toman a nosotros”


José Saramago

 

 

La transformación de los ciudadanos: trabajadores, estudiantes, amas de casa, empleados, profesionistas, profesores, etc., que se convirtieron en consumidores ante el Estado, para que las instituciones estatales los vean efectivamente como consumidores de los servicios que prestan –de los pocos servicios que aún quedan por concesionar. Entonces, observamos que existen consumidores de servicios de salud en los hospitales y clínicas del estado; con estos, el propio Estado justifica su existencia, a pesar de que los servicios sean de poca calidad o de que solo exista la infraestructura y no se cuente con los servicios básicos; en otros casos, a pesar de que simplemente se dediquen a dotar de vacunas no comprobadas científicamente pero sí consumidas a los laboratorios extranjeros o vacunas que para esa región no se requieren pero ya se compraron y hay que consumirlas, y de paso para aprovechar aquí en América latina para aplicar esterilizaciones forzadas en las mujeres indígenas –como fue en el caso en Perú con Alberto Fujimori, que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso Maria Mamérita Mestanza Chávez vs. Perú–, con la finalidad de evitar el nacimiento de ciudadanos molestos o posibles no–consumidores.

Desde luego existen más ciudadanos–consumidores como los estudiantes, que justifican a las instituciones educativas, y éstas, para demostrar la calidad en la educación, no los reprueban, pues reprobar a un alumno es reprobarse ellos mismos; además, son considerados consumidores de esos servicios –principalmente en las instituciones privadas–, y el trato no debe ser rígido, pues para ello están las comisiones de derechos humanos, comités de vigilancia a los profesores, etcétera, que los protegen. Lo mismo sucede con los centros de investigación –como la investigación jurídica de nuestras naciones de América Latina–, donde los investigadores son en realidad los consumidores de estas instituciones, por ello es que requieren de producir por lo menos al año un numero determinado de textos, aunque no digan nada ni desarrollen teoría alguna, menos que cuenten con utilidad práctica, lo importante es justificar la existencia de esas instituciones. Así nos seguimos con otras instituciones del Estado, como las que tienen que ver con las elecciones, que observan a los ciudadanos como consumidores de votos, que al final no hay distinciones en los partidos políticos por su ausencia de objetivos y filosofías (Revelli, Marco, Posizquierda: ¿Qué queda de la política en el mundo globalizado?, Trotta, Madrid, 2015); o bien, las instituciones que proveen de despensas, asistencia social, etcétera, que “afortunadamente” cuentan en la puerta de entrada de todos los lunes en las madrugadas con filas de consumidores, aquí llamados pensionados, viudas y viudos, beneficiados, tercer edad, etcétera, que justifican la existencia de esos organismos del Estado.

En el caso del ámbito jurisdiccional, los justiciables son los consumidores en los tribunales y juzgados, que están prestos para justificar su existencia dictando sentencias para efectos, remitiendo los expedientes a otros tribunales y reponiendo los procedimientos (Nieto, Alejandro, El desgobierno judicial, Trotta, Madrid, 2005) pero sin resolver de fondo los asuntos que tocan las arterias del sistema. Los demás casos se resuelven a la mayor brevedad posible justificando la justicia pronta, pasándose por encima de la justicia eficaz; por ello, hay que modificar todos los procedimientos jurisdiccionales –como está sucediendo en México en esta administración–, pues la mayor brevedad de los asuntos se llama juicios orales, y hay que resolverlos lo mas pronto posible, ya que representan un costo para los tribunales el contar con estos expedientes abiertos durante largo tiempo. Además, la mejor forma de justificar la eficiencia de los jueces y magistrados es con la “producción” de sentencias al mes, esto demuestra el cumplimiento de sus metas, como si la administración de justicia y la función de los jueces se pudiera comparar con la de un comisionista o un vendedor de casas, coches, ropa, seguros de vida, viajes, etc.

En la materia penal sucede algo más radical aún. Se debe criminalizar la pobreza, ya que estos justifican el sistema y, a decir de la legislación de los EUA, (Simon, Jonathan, Gobernar a través del delito, Gedisa, México, 2011), fomentan la actividad económica, ya que el contar con prisioneros, representa que se deban tener penitenciarias –concesionadas por el Estado–, jueces, policías, trabajadores sociales, psicólogos, médicos, etcétera, que permiten todo un movimiento económico impulsado por aquellos prisioneros que son provenientes de los estratos mas bajos de la sociedad, que por su falta de capacitación y serios problemas de salud –drogadictos, alcohólicos– nunca serán productivos –indígenas y sobre todo los migrantes, que son el “daño colateral” del sistema económico actual–, por lo que la mejor forma de hacerlos productivos es criminalizándolos.