Con el paso de los días, el fenómeno hidro-minero va mostrando con mayor intensidad las intenciones de las grandes compañías por apoderarse de los recursos de la Sierra Norte de Puebla. Con el paso de los días, desde los pueblos de la Sierra Norte de Puebla se van tejiendo las estrategias por la defensa de su territorio, mostrando cada vez más ímpetu, más fuerza y mayor organización, en torno a su autodeterminación por decir no a los proyectos de muerte.
En el caso de las hidroeléctricas, hasta finales del 2014 se habían identificado la intensión de establecer al menos 10 proyectos sobre las cuencas de los ríos Apulco, Zempoala y Ajajalpan, proyectos que desde las instancias de gobierno y desde las empresas que desean imponerlos, son calificados como “minihidroeléctricos” y de “generación de energía limpia”. La cuenca del Río Apulco es la que hasta el momento se ha visto más impactada con la presencia de proyectos hidroeléctricos. En esta cuenca se ubica la Central Hidroeléctrica Atexcaco, (operada por Compañía de Energía Mexicana y controlada por Minera Autlán), el único proyecto que han podido imponer en esta nueva oleada de hidroeléctricas. También se ubica la Presa la Soledad (operada por la Comisión Federal de Electricidad), que desde hace 50 años irrumpió sobre el cauce del Río Apulco para la generación de energía eléctrica.
Pero la ambición por establecer nuevas hidroeléctricas continúa, ahora con proyectos que tienen en la mira el tramo del Río Apulco que comprende entre las comunidades de Tecuilco en el municipio Tetela, hasta Tacopizacta en Cuetzalan. Justo en el tramo más conservado y con mayor caudal del Río Apulco. A lo largo de año y medio, los territorios de las comunidades que se ubican en este tramo han presenciado la incursión de empresas que se han presentado para explorar la zona, en aras de establecer más hidroeléctricas. En Julio del 2013 se ingresó ante la SEMARNAT el proyecto “Hidroeléctrico Gaya” (presentado por la empresa Hidroeléctrica Gaya S.A. de C.V.), que pretendía establecerse en territorios de San Juan Tahitic, comunidad del municipio de Zacapoaxtla. Con una manifestación de impacto ambiental sumamente deficiente en cuanto a la información del proyecto, la SEMARNAT tardó cerca de 8 meses en emitir su resolutivo y en Mayo del 2014 concluyó su evaluación, negando la autorización al proyecto. Además, la presencia de este proyecto generó una importante movilización desde un amplio grupo de habitantes de la comunidad, que se movilizaron en rechazo a la hidroeléctrica. Paralelamente, en el primer semestre del 2014 se tuvo la incursión de personas que se identificaron como empleados de la empresa Grupo Constructor Olcle, quienes realizaban actividades de prospección y acercamiento para la construcción de una hidroeléctrica entre las comunidades de Cuauximaloyan, municipio de Xoxchiapulco y Tecuilco, municipio de Tetela. La simple presencia de estas personas generó rechazo en ambas comunidades, hecho que se manifestó con especial fuerza en la comunidad de Cuauximalayan, quienes encararon directamente al personal enviado por la empresa para expresarles su oposición al proyecto.
El final del 2014 y el inicio del 2015 fueron testigos de la presentación de nuevos proyectos hidroeléctricos, que reeditando los anteriormente presentados, muestran ahora un plan más ambicioso para establecer un complejo de 4 centrales hidroeléctricas. El 25 de Noviembre del 2014 ingresaron ante la SEMARNAT las manifestaciones de impacto ambiental para los proyectos hidroeléctricos Ana, Boca, Conde y Diego. Este hecho significó el sumar a Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) a la lista de las empresas que pretenden el despojo de los bienes en los territorios de la Sierra Norte de Puebla, quien presenta a su filial Controladora de Operaciones de Infraestructura S.A. de C.V., como la promovente de dichos proyectos. ICA es una de las mayores constructoras de obra pública en el país, que entre su repertorio de obras figuran autopistas, líneas de metro, aeropuertos, puertos y varias presas. La incursión de ICA significa la llegada de una compañía acostumbrada a hacer negocios con el gobierno, que además se ha involucrado en la construcción de las hidroeléctricas más polémicas. Pero la incursión de estos proyectos por parte de ICA, ha significado también la movilización de los pueblos que han expresado su rechazo a estas hidroeléctricas, presentando argumentos ante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que la SEMARNAT está realizando.
La información presentada en las manifestaciones de impacto ambiental, muestra que estos proyectos conforman un sistema de centrales hidroeléctricas interconectadas entre sí. Este sistema de centrales hidroeléctricas inicia con el proyecto hidroeléctrico Ana, que pretende represar el río entre las comunidades de Cuauximaloyan y Tecuilco. Posteriormente, pasando la carretera Zacapoaxtla – Cuetzalan, ubican el proyecto Boca. Aguas abajo sobre el territorio de San Juan Tahitic, se pretende el proyecto Conde. Por último, este sistema de centrales hidroeléctricas culmina con el proyecto Diego, que concluye a la altura de la comunidad de Tacopizacta.
Con base en un análisis cartográfico, se calcula que este sistema de centrales hidroeléctricas pretende abarcar un tramo del río que mide cerca de 26.5 km. Esto representa una fuerte amenaza para el río, pues significa la afectación directa de cerca de la cuarta parte del total del de su cauce. Pero además, las manifestaciones de impacto ambiental demuestran que este sistema de centrales hidroeléctricas estaría integrado a un plan más amplio para construir infraestructura de generación de energía eléctrica. Especialmente importante resulta la mención por construir una subestación en Cuetzalan (al lado de la zona urbana de la cabecera municipal), a donde se entregaría la electricidad generada por el sistema de centrales hidroeléctricas, que sería concentrada en la casa de máquinas del proyecto Diego, para posteriormente conducirlo sobre una línea de transmisión de aproximadamente 7 Km. Dicha línea de transmisión se proyecta construir sobre las zonas más conservadas del municipio de Cuetzalan, en donde se encuentran los manantiales que surten de agua a la población.
Por si fuera poco, estos proyectos hidroeléctricos se encuentran en una zona que generaría impactos acumulados con proyectos que se han construido en el pasado o que se podría construir en el futuro. Aguas debajo del área establecida para el proyecto Diego, inicia la presa hidroeléctrica La Soledad, obra que ya altera por completo el cauce del Río Apulco, pero que sumado a la longitud del sistema de centrales hidroeléctricas que se pretenden establecer, incrementaría el impacto afectando de manera directa en un tramo de más de 50 Km, lo que representaría la alteración del 45 % del cauce del Río Apulco. Sumado a lo anterior, este sistema de centrales hidroeléctricas inicia a unos cuantos kilómetros de las concesiones mineras que detentan compañías como Almaden Minerals, Frisco y JDC Minerals y concluye al pie de las concesiones que posee Minera Autlán.
Sin embargo, pese a que es evidente que estos proyectos forman parte de un mismo plan, la filial de ICA presentó una manifestación de impacto ambiental por cada una de las hidroeléctricas, como si se tratasen de proyectos aislados. En un sentido similar, la SEMARNAT publicó de manera desfasada estos proyectos en su Gaceta Ecológica (el 27 de Noviembre del 2014 publicó el proyecto Boca y los tres restantes se publicaron hasta el 8 de Enero del 2015). Desde que se tuvo noticias de estos proyectos, los pueblos hicieron llegar sus voces en el proceso de evaluación de impacto ambiental de la SEMARNAT, para argumentar su rechazo a estos proyectos.
A pocos días de que en la Gaceta Ecológica apareció la primera publicación de estos proyectos, más de 150 ciudadanos de los municipios de Xochiapulco, Zacapoaxtla y Xochitlán enviaron documentos a la SEMARNAT solicitándole información. Conociendo la publicación completa de estos proyectos en la Gaceta Ecológica, más de 2,000 personas de los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonauc, dirigieron a la SEMARNAT un documento para exigirle que no autorizara dichos proyectos, petición que sustentan en su calidad de integrantes de un pueblo indígena, a quienes la Constitución Mexicana y los Acuerdos Internacionales les reconoce su derecho a la autodeterminación en su territorio. Adicionalmente, desde los municipios de Cuetzalan y Tetela de Ocampo se formularon solicitudes para que la SEMARNAT abriera a consulta pública estos proyectos, autorizando la SEMARNAT la consulta para 3 de los 4 proyectos.
En el proceso de consulta pública, participaron más de 15 personas con conocimientos en la materia (entre ellos biólogos, ingenieros, abogados, antropólogos y ambientalistas), que revisaron las manifestaciones de impacto ambiental para analizar los proyectos (que en total contienen más de 2,500 páginas). De estas revisiones, se presentaron a la SEMARNAT documentos de análisis, en los que se presentan los argumentos por los cuales no deberían ser aprobados dichos proyectos. Algunos de estos argumentos señalan que los documentos presentan información deficiente, errónea y sin sustento, además de que desdeñan los lineamientos para los ordenamientos ecológicos y los programas de desarrollo urbano que apliquen (algo que en Cuetzalan está muy bien especificado). Se argumenta también, que este sistema de centrales hidroeléctricas se pretende establecer en una zona de importancia para la conversación de la bioidiversidad, en la cual se encuentran especies de plantas y animales que están en peligro de extinción. Pero sobre todo, el argumento más fuerte refiere a la incompatibilidad de tener más proyectos hidroeléctricos en el Río Apulco, que de establecerse, ocasionarían desequilibrios ecológicos graves.
Hasta el momento, se ha dado el sustento a la SEMARNAT para no aprobar más proyectos hidroeléctricos en el Río Apulco (tanto los que presenta ahora ICA, como cualquier otro que se pretenda en el futuro). En este sentido, vale la pena hacer mención de las lamentables y desafortunadas declaraciones hechas en días pasados por Daniela Migoya Mastretta, Delegada de la SEMARNAT en el Estado de Puebla, según lo dan a conocer diferentes medios poblanos. Al respecto, se ha publicado que la funcionaria declaró que no se han mostrado quejas o denuncias en contra de la instalación de las hidroeléctricas pretendidas por ICA, y que nadie ha dado observaciones técnicas en el proceso de consulta pública de la SEMARNAT. Estas declaraciones son una falta a la verdad, pues a esta institución se le han hecho llegar dichas posturas por escrito (así lo demuestran los acuses de recibido en los documentos entregados a la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental). Quizá la Delegada esté bastante desinformada de estos procesos, lo que evidenciaría su falta de responsabilidad en su función como representante de la SEMARNAT en la entidad. O quizá, la Delegada esté mintiendo intencionalmente. Y de ello quedan las siguientes dudas: ¿qué necesidad tiene Daniela Migoya de emitir estas declaraciones? ¿a qué intenciones responde la Delegada al faltar a la verdad?
Desde los pueblos indígenas se han articulado las acciones necesarias para expresar el rechazo a los proyectos hidroeléctricos de ICA, haciendo uso de los cauces institucionales. La SEMARNAT y todas las instituciones de gobierno, deben cumplir la obligación que el Estado Mexicano tiene en respetar, y hacer respetar, el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación sobre su territorio.
Leonardo Durán Olguín: Asesor de la Unión de Cooperativas Tosepan e integrante.
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