“El peso a peso no sirve”, afirmó el presidente municipal de Camocuautla, Manuel García Hernández, quien al final de su administración lamenta no haber recibido el apoyo del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, para sacar del rezago a uno de los municipios más pobres del estado y del país.
Con un presupuesto anual de 4 millones de pesos para atender a una población de 2 mil 476 habitantes totonacos, más de la mitad se destina a pagar la nómina del ayuntamiento, que es la principal fuente de empleo de este municipio de la Sierra Norte de Puebla.
Camocuautla está entre los 14 municipios poblanos incluidos en la Cruzada Contra el Hambre. Con apenas 16 kilómetros cuadrados de extensión –el Centro Histórico de Puebla es 10 por ciento más grande–, está considerado con un muy alto grado de marginación por la Secretaría de Desarrollo Social federal y está incluido dentro del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.
Aquí se consideró un gran avance que hace unos meses comenzara “a llegar” la señal de telefonía celular, pero pocos son los que tienen para adquirir un teléfono de este tipo.
El presidente municipal Manuel Vázquez García es panista, del mismo partido que el mandatario estatal, pero reconoce que eso no fue suficiente para poder recibir más ayuda y atención del gobierno que encabeza Moreno Valle.
“En las reuniones de cada mes nos pide que trabajemos con él, pero yo digo nada más que se nos tome un poquito más en cuenta aquí en nuestro municipio”, comentó.
Por ello recriminó que el programa “Peso a Peso” solo sirve para las grandes ciudades y las “megaobras”, pero no en comunidades marginadas como esta.
Al presidente municipal de Camocuautla no le falta razón. En junio pasado, un grupo de constructores del municipio de Teziutlán rechazó la aplicación del “Peso a Peso” en esta demarcación y otras de la región, pues afirmaron que encarece las obras hasta en 300 por ciento.
La información de la reportera Lizbeth Mondragón, del diario Intolerancia, detalló que los constructores serranos pusieron como ejemplo el techado del internado indígena Juan Francisco Lucas, que en costos normales tenía un precio de 480 mil pesos pero con ese esquema del gobierno del estado el monto se elevó a un millón 800 mil pesos.
Para algunos presidentes municipales del interior del estado que en público no pueden expresar su rechazo al “Peso a Peso”, pero que en corto expresan su repudio a este programa, han confiado a este diario que en este esquema no entran las licitaciones y es el gobierno del estado quien decide qué constructora ejecuta las obras.
Esas empresas constructoras ni si quiera son del estado y mucho menos del municipio donde se llevan a cabo las obras, por lo que tampoco se generan empleos. Además, las obras no se adaptan a las necesidades de las comunidades y menos a su entorno ambiental y social, sino que desde un escritorio se define una obra y se ejecuta como los constructores quieren no como la población lo necesita, indicaron a La Jornada de Oriente.
En su momento, el diputado local del Partido del Trabajo, Zeferino Martínez, subrayó que ese programa no beneficiaba de ninguna forma a los municipios másempobrecidos y con menos recursos, debido al elevado costo de las obras, por lo que propuso la revisión de las reglas de operación de ese programa.
Aunque el legislador hizo un llamado para que la administración estatal permitiera un mayor margen de operación a los ayuntamientos para la realización de sus obras, esto quedó en un simple llamado. El “Peso a Peso” continúa ejecutándose en más de la mitad de los ayuntamientos del estado.
Un trienio más
De regreso en Camocuautla, el edil Manuel Vázquez García se lamenta de que a menos de dos meses de cerrar su administración poco pudo hacer por sus gobernados.
Aquí la Cruzada Contra el Hambre no ha llegado. El edil apenas tiene información de este programa federal y confía en que su sucesor pueda ayudar a la población, con un ayuntamiento con más recursos y apoyo.
Camocuautla, dijo el alcalde, tendrá que esperar un trienio más para poder sacar a la población del grave rezago en alimentación, servicios básicos de vivienda, servicios de salud y empleo.