En el país de la mentira, de la corrupción y la impunidad se ha instalado -de facto- el estado de sitio. La consigna “abatirlos en la oscuridad” ha puesto en evidencia algo que ya se venía presentando desde la “guerra de Calderón”. Bajo la cobertura de “guerra contra el crimen organizado” se ha lanzado una ofensiva generalizada contra cualquier manifestación surgida desde abajo. Todo parece indicar que se trata de controlar y castigar ejemplarmente para desalentar y someter a los que pudieran pasar a una resistencia activa, en una especie de guerra preventiva.
Son demasiadas coincidencias: Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Tlapa, Villa Purificación, Ecuandureo, Calera y Ostula, son lugares en los que el ejército mexicano se ha visto envuelto en masacres que recuerdan los años del Porfiriato, con el “fusílalos en caliente”.
Masacres que los altos mandos justifican como acciones “en defensa propia” como si se tratara de una película del salvaje oeste norteamericano y no de las acciones de un cuerpo supuestamente encargado de la defensa de la Patria, en un ámbito que la publicidad y los medios llaman “estado de derecho”.
Y lo llaman estado de derecho no obstante que muchos de los capos han sido abatidos, al igual que los masacrados, sin derecho a juicio. El ejército ha actuado como fiscal, juez y verdugo abatiendo a los supuestos delincuentes y el mismo ejército -también como delincuente-, ha alterado los escenarios de crímenes y masacres, para eludir o difuminar su responsabilidad, según lo han señalado algunos medios.
El terror inunda ya diversas regiones del país, particularmente las más pobres, el hilo se revienta por lo más delgado, el eslabón más débil de la cadena, zonas donde por su lejanía de los centros de poder se convirtieron en refugio de los narcos que convertidos en señores de horca y cuchillo asolaron las poblaciones y ante la carencia de protección oficial, las comunidades dieron lugar al surgimiento de las autodefensas y policías comunitarias.
Las fuerzas represivas del Estado, lentas e indolentes en el combate al “crimen organizado”, se lanzaron sobre autodefensas y policías comunitarias para defender su monopolio de la violencia, lo que colocó a las comunidades prácticamente entre dos fuegos: por un lado las fuerzas federales y la delincuencia por el otro, generando más terror y zozobra entre la población.
Todo parece indicar que se trata de una guerra preventiva. El Estado se cura en salud. Sabedores de que no se puede engañar a todo el pueblo, todo el tiempo procuran apagar los brotes antes que puedan extenderse, porque la violencia cotidiana que el Capital y el Estado a su servicio ejercen contra el pueblo va siendo más y más insoportable.
Violencia y engaño que se realiza a través de la economía, de la política, de los medios de difusión y de la represión.
Y no es para menos, porque:
La violencia económica se da con el despojo permanente que se realiza día con día. Durante más de treinta años el salario se ha reducido hasta ser uno de los más bajos del mundo, la parte del producto social que les toca a los trabajadores cayó del 46% del producto interno en 1976 al 27 % en 2012.
El 75% de los trabajadores gana menos de 5 salarios mínimos, de los cuales el 40% más bajo gana 2 SM o menos el 56.5% gana 3 SM o menos y la economía informal ocupa el 60% de la fuerza laboral. En cambio, la productividad en la industria manufacturera, entre 1993 y 2008 casi se duplicó, y creció en 83.5%
Una idea del deterioro:
De enero de 2008 a junio de 2015, la canasta básica alimentaria mensual per cápita pasó de $590.53 a $898.78 (rural) y de $842.10 a $1,281.05 para el medio urbano. Es decir, que sólo para comer, una familia rural de 5 requiere de un ingreso 4,493.90 pesos y una urbana de 6,405.25 pesos. Para no pasar hambre, una familia urbana necesita más de tres salarios mínimos y la rural algo menos de tres. Según el IMSS 56.5 % de los inscritos ganan tres o menos minisalarios.
A esto se suma el despojo del territorio legalizado en las reformas, todo a favor del Capital. Y ya se viene otro golpe fuerte: la devaluación del peso pegará fuerte a los pobres, porque más de la mitad de los alimentos que se importan, se pagan en dólares.
¿Y las otras necesidades? ¿Salud, Educación, Habitación y Esparcimiento…? No hay, no hay.
La lista de agravios, de la violencia cotidiana es larga y habrá que tenerla en la memoria para exigir la vigencia de los derechos humanos y la reparación del daño.
Parafraseando a Bolívar: Sólo se puede liberar una Patria de mujeres y hombres libres.
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