La impunidad de todas las violencias contra nuestros pueblos es la verdadera provocación a la respuesta popular, libre, consciente y organizada por defendernos.
La violencia (guerra) contra la juventud, las mujeres, los pueblos originarios, la que se aplica en el trabajo, en los barrios, en el transporte, en las fronteras y caminos, no tiene más control que el de un registro incierto del número de muertos, levantados, desaparecidos, desplazados, personas encarceladas sin deberla en comparación con los crímenes de racistas, explotadores, saqueadores, depredadores y narco-paramilitares al servicio de las empresas de capital y de los poderes políticos a todos los niveles.
Está demostrado en México y el mundo que la violencia del Estado y las empresas se convierte en una ola de agresión social planificada contra el pueblo, que hace del terror, del shock o pánico una forma de pacificación y dominio que beneficia al proyecto de ganancias extraordinarias de las empresas y a la destrucción de los territorios y espacios de vida.
Las comunidades y organizaciones que construían una vida cotidiana basada en el trabajo y la cooperación, ven quebrar su tejido social solidario, ven diluirse su cultura de ayuda mutua, ven cómo se impone el individualismo, la corrupción y la violencia entre pares, ese “quítate tú para ponerme yo”.
Pero en esas mismas comunidades, barrios, escuelas, centros de trabajo surgen comunidades de lucha, espacios de otras culturas de convivencia, crece el pensamiento propio y crítico, y se rebelan mujeres y jóvenes como lo hacen los pueblos originarios, con seres libres que resisten y se rebelan, que ya no aguantan las violencias, las mentiras y los controles de la ley y los poderes estatalizados que perpetúan la impunidad de los criminales.
En el México de 2019, un gobierno federal que se dijo dispuesto a controlar “al tigre” (el pueblo humillado) dispuesto a saltar, el “México Bronco” que quiere hacerse justicia por su propia mano, está cumpliendo su plan de pacificación con propuestas que no van a las raíces de la violencia como tanto se declara en discursos desde el Estado, sino que crean una madeja de instituciones para canalizar y controlar el supuesto rencor y el verdadero coraje popular de las víctimas de la violencia y la injusticia. Son instituciones de control en las calles y caminos, a cargo de la guardia nacional militarizada, sin que por ello caigan los miembros de las bandas paramilitares, sin que se detengan las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las fosas clandestinas, los feminicidios, ni la trata y tráfico de personas.
A la vez, se maquilla la acción contra la violencia con campañas mediáticas que alaban los protocolos y la capacitación en derechos humanos y “de género” a las fuerzas policiacas y militares, y se dice que los programas sociales, como los dirigidos a jóvenes sin empleo o con dificultades para seguir sus estudios, son para que esas y esos jóvenes no se violenten y no “caigan en las redes del crimen. En tanto, los grandes grupos de la narco política, los saqueadores mineros, banqueros y transnacionales, no han sido “controlados” por este gobierno. De no ser la obligada campaña contra huachicoleros, urgida por el saqueo de empresas quebradas –como Pemex, CFE, sector salud, etc.- por la privatización y la corrupción capitalistas, las violencias continúan impunes. La militarización y los jueces van contra los de abajo, los programas de limosnas no resuelven la inseguridad que ha creado un miedo ambiente entre nacionales y migrantes.
Cuando se observa la diversa respuesta popular y comunitaria a las violencias -si bien, dispersa y cargada de diferencias, desconfianzas y hasta conflictos-, se encuentra otro camino que abre el pueblo que se organiza para defendernos en colectivo y para perder el miedo personal y común. Ante el despojo con los proyectos del capital en mineras, hidroeléctricas, eólicas, carreteras, aeropuertos, trenes y zonas económicas de beneficio para los grandes capitalistas, crece un constante trabajo comunitario y popular que busca información, la difunde, se auto consulta para tomar decisiones y organiza la protección en su territorio, interponiendo recursos legales, técnica, cultural y socialmente sustentados y actuando con movilizaciones organizadas para que crezca su fuerza, uniéndose en redes, teniendo encuentros para compartir experiencias, estrategias y la solidaridad con comunidades, colectivos, organizaciones o personas amenazadas, presas, desplazadas o asesinadas por resistir y rebelarse.
Las familias de las víctimas de desaparición forzada siguen por su cuenta el ejemplo de madres y padres de los 43 de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado en septiembre de 2014, exigen justicia luchando por ella. Son ejemplares los colectivos que en Veracruz, Chihuahua, Jalisco, Guerrero que buscan a sus hijos e hijas, descubren la mayor parte de las fosas clandestinas y atroces almacenes de cadáveres que los gobiernos ocultaban. Han denunciado las falsedades y burocracia de las fiscalías, ministerios públicos y enfrentan cara a cara a los altos funcionarios. No se re-victimizan, cada dato es compartido, su solidaridad es alivio para el dolor y es coraje frente al miedo. Por igual, los grupos defensores de derechos de periodistas, luchadores, sociales, migrantes, mujeres y de la diversidad sexual y de generaciones construyen una cultura contra la impunidad, el ocultamiento y el engaño y, contra la militarización que sirve para los mega-negocios del capital.
Han sido estas acciones las que han requerido de crear guardias, rondas y policías comunitarias, cada vez en más regiones del país, la mayoría por pueblos originarios y campesinos con ancestral decisión de defenderse por decisión de sus asambleas. Al pueblo organizado no le interesa armarse para violentar, sino para obtener una paz construida por ellos mismos para el bien de los comunes, para la defensa fraterna de lo propio.
En contra corriente hay un intento de imponer formas legales e ilegales de delegar en policías y militares victimarios y ministerios y jueces corruptos, la defensa contra los grupos delincuenciales y paramilitares que el propio poder local o nacional alienta u organiza para desarticular las resistencias a sus proyectos. Vivimos una ofensiva contra las policías comunitarias con leyes para anular su independencia y autonomía del Estado y de los partidos. Quieren convertirlas, como a la CRAC PC en Guerrero, en apéndices de la Guardia Nacional, se crean además falsos grupos de “autodefensa” que los gobernadores o los cárteles infiltran para controlar los territorios. Y se utiliza la provocación para que estallen poblaciones y localidades a “hacerse justicia” bajo formas cruentas como linchamientos o ejecuciones que se difunden de inmediato para escandalizar a las mayorías no organizadas y para exigir el desarme y silencio de las comunidades que permita una militarización sin discusiones.
Los linchamientos, como es el caso de Puebla o del Estado de México, corresponden a decisiones guardadas de manera discreta por las comunidades desde hace años en zonas asoladas por la delincuencia, ante el solapamiento que las autoridades hacen de secuestradores, paramilitares, rateros y violadores. No se sabe en esos casos si hay una formación política que distinga las fuentes reales de la violencia como sí la tienen las comunidades en resistencia: los negocios narco paramilitares de las empresas y de los gobiernos. Pero siguen el mismo ejemplo: “tenemos el derecho de defendernos, pues no lo harán los que dicen cuidarnos”.
En medio de esto, se han expresado cada vez con mayor contundencia las mujeres cansadas de violaciones, secuestros, acosos y feminicidios. Se pasa de las marchas de demandas a las acciones directas de denuncia y confrontación a policías que violan, acosan o maltratan, a jueces que liberan violadores y a las funcionarias y gobernantes que se burlan de sus reclamos o las acusan de provocación a la represión. Son mujeres armadas de la libertad de contradecir: “No nos cuidan, nos violan”, de su libertad de defenderse marcando con brillantina a quienes quieren apaciguar a un pueblo que pierde el miedo y recupera la dignidad.
Publicado en Comunera 44 agosto de 2019
Neodesarrollismo y neoliberalismo frente a la dependencia energética.
José Luis Ríos Vera
Extracto del apartado 4. Los intereses de las fuerzas populares.
Si bien la lucha antiimperialista y por la defensa de la soberanía y autodeterminación de los pueblos es fundamental en nuestras sociedades dependientes, las clases trabajadoras y populares no pueden renunciar al cuestionamiento del gobierno actual para que éste construya nuevos caminos sobre la base de los derechos sociales, colectivos, sustantivamente democráticos y dotados de futuro.
La fuerza que alberga la cuarta transformación reside en el histórico fracaso neoliberal. Si ésta termina edificando sobre estructuras heredadas, extenderá los espacios y capacidades a las clases dominantes aislándose de los pueblos y de los trabajadores. Fue lo que precisamente experimentó el progresismo en Brasil y Argentina, cuando sus gobiernos se debilitaron ante el distanciamiento que tomaron las fuerzas populares respecto de éstos, y ha vuelto a presentarse en Grecia con las traiciones de Tsipras que llevaron a la derrota de Syriza apenas unos días atrás.
Mediante el Plan de Pemex, pretende crearse en el conjunto del sexenio, alrededor de 284 mil 500 empleos. No obstante, Pemex planea evitar el incremento de gastos en “servicios personales”, por lo que tratará de conservar su plantilla laboral que es de 121 mil trabajadores (22 mil de confianza y 99 mil sindicalizados). Para ello, pretende dejar a las empresas privadas contratistas, la responsabilidad de asignar salarios y “prestaciones” a los nuevos trabajadores, lo que sin duda deberá llevar a la organización del mundo del trabajo y a profundizar el debate sobre la lucha contra la precarización e informalidad laboral, que de acuerdo con las propias prácticas empresariales de “racionalización de costos” y de austeridad implementadas en las propias funciones del Estado, a todas luces no es de atención central en el Plan Nacional de Desarrollo.
Para los trabajadores y clases populares en general no puede aceptarse el marco de la hegemonía financiera neoliberal, los “prerrequisitos inamovibles” que ha señalado el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera –ya advirtió de metas fiscales para los próximos años, lo que indica una austeridad permanente– como premisas del “nuevo” modelo económico de desarrollo. ¿Puede haber pacto social sólido con un Estado sin recursos?
El rescate de Pemex y la defensa de la soberanía energética no pueden sustentarse en la política fiscal, monetaria y de austeridad neoliberal que reproducen el dominio y la transferencia de riqueza pública a manos privadas, y que someten a la secretaría de Hacienda a la disciplina financiera del oligopolio calificador y organismos internacionales.
Se hace necesario el impulso de una reforma tributaria progresiva que recaude impuestos a quienes más tienen así como se cuestionen las metas de superávit primario, de proscripción del gasto deficitario, las elevadas tasas de interés, y se impugne el corrupto y antipopular legado neoliberal del endeudamiento interno y externo que a partir de 2019 estará demandando un costo financiero anual de alrededor del 20% del presupuesto público federal, esto es, 1 billón de pesos (50mmd).
Mientras ello no ocurra, los recursos públicos transferidos a Pemex –en un cuadro de desaceleración económica y por ende, de un deterioro de los ingresos– serán sustentados en ajustes, recortes y austeridad del gasto social, que además de profundizar el estancamiento económico, incrementará los despidos de trabajadores al servicio del Estado, así como acentuará el deterioro de los servicios públicos esenciales para la sociedad (agua, vivienda, salud, educación, cultura, ciencia, medio ambiente, deporte, seguridad, etc.).
Ahora bien, en el gobierno de la cuarta transformación –si bien de manera distinta a los gobiernos anteriores– se presentan las mismas tendencias reaccionarias que amenazan los derechos sociales y colectivos de miles de comunidades. El patrimonio territorial es amenazado de subsumirse bajo las relaciones tanáticas conformadas en el eje capital-territorio-
El país experimenta más de 400 conflictos de materia ambiental con decenas de organizaciones sociales y defensores del medio ambiente atropellados por los instrumentos represivos del Estado. Fundamentalmente, la disputa por la defensa del medio ambiente y el territorio de cientos de comunidades reposa en una creciente forma de acumulación del capital basada en la producción destructiva. Esta forma de acumulación centrada en megaproyectos de muerte construidos sobre la base del saqueo de minerales, explotación de hidrocarburos, explotación y privatización del gas, construcción de termoeléctricas, gasoductos, etc., asociada al patrón de reproducción del capitalismo dependiente mexicano (maquilador, superexplotativo, monopolista) pone en entredicho las condiciones de existencia de miles de comunidades y de la sociedad en general.
Los megaproyectos impulsados por el gobierno han estado permanentemente en el centro del interés del gran capital local/extranjero, más no así de las comunidades. Han sido abanderados e impulsados por las oligarquías y gobiernos anteriores (Zonas Económicas Especiales, Corredor Transístmico, parques maquiladores en el sureste, termoeléctricas, gasoductos, proyectos de infraestructura energética con Centroamérica, etc.). A ello se añade el rechazo de AMLO a trastocar uno de los pilares legados por el salinismo, como la Ley Minera de 1992, y su postura es conservadora y enfrentada a la demanda de miles de comunidades de revertir las más de 26 mil concesiones mineras (alrededor de un cuarto del territorio nacional) imperantes en el país.
Para los trabajadores y pueblos no queda claro el papel de representar Pemex en el vital y trascendente proceso de transición energética que demanda el colapso climático, la crisis socio-ambiental de alcance global y su exigencia de reemplazar los combustibles fósiles por energías limpias.
Por igual, nada se dice respecto a cómo superar la apuesta basada en el rentismo extractivista de modo tal que pueda incidirse hacia una nueva política industrial y el establecimiento de complejos procesos de diversificación-
Estos elementos sobre la reestructuración industrial se vuelven nodales, cuando con el T-MEC y el giro histórico de la política migratoria, vemos redoblarse las apuestas en el libre comercio y en la reproducción ampliada de un aparato productivo subordinado a la dependencia exportadora, proyecto de una lumpenburguesía que afirma su existencia a partir de la superexplotación del trabajo, y de una esfera productiva divorciada de las necesidades y demandas de quienes trabajan.
En el marco de las contradicciones que componen a los gobiernos construidos sobre la base de conciliación de clases, las fuerzas populares y de clase deberán estar atentas sobre la estrategia y horizontes de sus luchas en el corto, mediano y largo plazo, es decir, en la necesaria construcción económica y política de proyectos alternativos. (CEDAM)
Notas sobre América*
Por Roberto Fernández Retamar.
Que una vez más avance, así sea en la sombra, lo que Marx llamó el viejo topo de la historia ¿Cuál es el presente político de la humanidad? Al país más poderoso que nunca haya existido, los EEUU, lo desgobierna, junto con un equipo de similar calaña (formado en gran parte por generales guerreristas y por multimillonarios como el propio presidente), un ser racista, xenófobo, sexista, mendaz, profascista, a quien he llamado «Calígula atómico», mientras el politólogo mexicano John Saxe Fernández ha hablado del «nacional trumpismo». Las cosas no son mejores en un número creciente de países europeos, y quien por supuesto es gran admirador de Trump, el también fascista Jair Bolsonaro, no esperó a tomar posesión como presidente de Brasil para recibir instrucciones de nadie menos que John Bolton, a quien puede ocurrírsele cualquier cosa siempre que sea negativa o, mejor aún, espantosa.
Tiempos malos para todos los pueblos, no solo para algunos. Imaginemos lo que habría ocurrido si Hitler hubiera tenido armas atómicas. Pues bien: Trump las tiene. ¿Qué destino es dable esperar, para un mundo sumido de modo creciente en la barbarie, de quienes, mientras consideran inferiores a etnias que no son la suya y como tales las tratan (así habían actuado los nazis), niegan cosas tan obvias y tan peligrosas para todos, incluso desde luego para los EEUU, como el calentamiento global?
Concluyo con esa pregunta, y a pesar de la respuesta que al parecer se impone, volvamos a confiar en la Esperanza, que según Hesíodo fue la única que quedó en el vaso, detenida en los bordes, cuando todas las demás criaturas habían salido de él. En otros tiempos convulsos, tanto Romain Rolland como Antonio Gramsci mencionaron el escepticismo de la inteligencia, al que propusieron oponer el optimismo de la voluntad. Hace años conjeturé añadir a este último la confianza en la imaginación, esa fuerza esencialmente poética: la historia, dijo Marx, tiene más imaginación que nosotros.
La Habana, 21 de diciembre de 2018. Año 60 de la Revolución.
Fragmento de Notas sobre América, en vísperas de los sesenta años de la Revolución Cubana*